Pedro Aponte Vázquez

In Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 pp.), Puerto Rican historian Olga Jiménez de Wagenheim not only reminds her readers of the fact that Puerto Rican women were not (and still are not, allow me to add) invisible to our oppressor in the course of our struggle for independence from Yankee imperialism, but also guides us by the hand through a profusely and adequately documented exposition that provides a panoramic view of our most recent political history.

The book pays tribute to sixteen women, fifteen of which were persecuted and incarcerated for having participated or just seeming to the Invader to have participated in the Nationalist Party of Puerto Rico’s 1950s armed struggle, plus one who heroically survived the 1937 Ponce Massacre. Regarding that self-imposed limitation, Jiménez de Wagenheim says she is “aware that other Puerto Rican women have been imprisoned for their political ideals since the 1950s and also merit an in-depth study of their deeds and contributions to the cause of Puerto Rico’s independence” and adds: “Regret not being that scholar.” In addition, she provides a brief and vivid introduction with a much needed account of the objective conditions that led to the 1950 insurrection against U. S. tyranny.

Although the title indicates that it is about Nationalist women, she justifiably includes one who was not: pacifist Ruth M. Reynolds, from The Black Hills of the Lakota natives, who played a very important role in our struggle, but was not a member of the Nationalist Party ―a point Jiménez de Wagenheim does make clear. On the other hand, the book’s subtitle, Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, invites a semantic analysis, for it could be argued that these compañeras were not forgotten by History, insofar as the Peoples, their leaders, and their historians are the ones who forget. Furthermore, most of them seem to have been forgotten, not all of them.

Jiménez de Wagenheim, for long a member of the Puerto Rican diaspora who, although in the monster’s belly, has held fast to her own family surname and even to its graphic accent, is no newcomer to these endeavors, having published books and articles on other aspects of Puerto Rico’s political history, including our rebellion against the Spanish empire. Above all, she has done so with utmost care and respect for historical facts, a methodology some authors and even some critics seem to shun. For this book, she availed herself of primary sources such as public documents, most of them only recently made available, written testimonies, and tape-recorded as well as personal interviews with sources which, contrary to some authors, she duly identifies.

However, although evidently quite fond of details, Jiménez de Wagenheim avoids mentioning meaningful events if only, in this particular case, at least in bibliographical notes. Such is the case of the Rhoads scandal ―very likely one of the reasons the Nationalist party resorted to armed struggle―; Albizu’s claims of exposition to radiation ―which Carmín Pérez and Isabel Rosado mention in their interviews as does Rosa Collazo in her memoirs―; and the insanity diagnosis governor Muñoz Marín ordered specially for the Nationalist leader in order to counter those claims.

On the other hand, this book’s abundance of biographical data is such that, despite my having conversed now and then with nine of the women here portrayed and having interviewed most of them decades ago, there is an array of facts I have come to learn only from reading the meticulous narrative it contains.

Despite its use of the verb “assassinate” in reference to the attempt by freedom fighters to execute President Truman and to assertions regarding Albizu’s state of health while in the U.S. that can be refuted on the basis of the historical record, Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s is a reliable source of knowledge about our plight under U.S. imperialism. Written in English, it not only will tend to strengthen even more the cultural and political ties between Puerto Ricans in our motherland and those in the U. S. and elsewhere, but also will illuminate other readers who are just beginning to learn about our existence as a subjugated Caribbean nation.

Based on experience, one can reasonably expect the Puerto Rican Independentist Party to go out of its way to make sure that it is widely distributed throughout the Island.

En septiembre de 1953, en su afán por socavar y destruir la credibilidad del prócer Pedro Albizu Campos y así desmentir sus denuncias de que era objeto de torturas por radiación atómica, la Administración del gobernador Luis Muñoz Marín decretó que el líder Nacionalista sufría graves trastornos mentales y lo expulsó de Ia cárcel de La Princesa sobre la base de un indulto condicional que el ilustre preso rechazó. Cinco meses después, el propio Gobernador ordenó su arresto y encarcelamiento por medio de una maniobra en la cual el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico servilmente se involucró. (La Justicia y la Historia claman por un estudio jurídico concienzudo de cada uno de los procesos judiciales contra Pedro Albizu Campos).

El decreto de locura, pese a sus obvias deficiencias y a las circunstancias en las cuales surgió, propias del oscurantismo, se arraigó de inmediato en la sociedad puertorriqueña y durante décadas ha permanecido en su memoria colectiva. Estos hechos, por demás irrefutables, permitieron que prevaleciera entre los incautos Ia posición del gobierno de Estados Unidos y de su gobierno títere en Puerto Rico de que Albizu no había sido objeto de torturas de índole alguna que le causaran Ia muerte a largo plazo. Por consiguiente, cuando en agosto de 1984 llevé personalmente las denuncias del prócer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, los medios de información aquí (y, por supuesto, allá) pasaron por alto el hecho. Hube de recurrir entonces a desarrollar, con muy escasa experiencia, una amplia campaña de divulgación que afortunadamente resultó efectiva.

Entre las nuevas generaciones, los que vieron los abusos terroristas del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos del sureste de Asia y contra Libia, así como contra Cuba y otras naciones latinoamericanas; los que dudaron las versiones oficiales sobre el golpe de estado al presidente John F. Kennedy; los que supieron de día a día sobre el escándalo de Watergate y vieron al presidente Nixon mentir con Ia mayor desfachatez; los que vieron las luchas de los negros y los nativos americanos en Estados Unidos por sus derechos civiles y humanos; los que se enteraron del entrampamiento y los asesinatos en Maravilla y el subsiguiente encubrimiento; los que aprendieron a dudar de la palabra de los políticos, esos rechazaron de plano el cuento de la locura o, cuando menos, lo pusieron en duda.

Entre las generaciones anteriores, los que acostumbraban aceptar pasivamente los dictámenes gubernamentales y no dejaban cabida a Ia duda siquiera con el fin de “conducir bien la razón”, a lo Descartes, han tropezado de repente con la admisión pública del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado utilizando a escondidas a mujeres embarazadas, niños y niñas retardados, militares y presidiarios desde la década de 1940 para hacer averiguaciones sobre los efectos dañinos de la radiación atómica en los seres humanos. Aunque la secretaria de energía Hazel O’Leary hizo la admisión al cierre del año de 1993, se sabe que los hechos ya habían comenzado a surgir en los medios noticiosos desde el año de 1971. Por desidia o, con más probabilidad, por razones políticas, la Prensa optó por no profundizar en el asunto y no dedicarle tiempo y espacio para el seguimiento. Peor aún, el New York Times, tan utilizado por los investigadores, se ocupó de restarle importancia a un informe de octubre de 1986 del Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el cual contenía las revelaciones que habrían de repercutir en el año de 1994 cual si se tratara de una noticia “acabada de recibir”. Según informa la Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) en su edición de marzo-abril de 1994, el New York Times soslayó el contenido de más de 90 páginas del informe que aludían a lo antiético de los experimentos y llevó a sus lectores la idea de que las personas objeto de la experimentación atómica se habían sometido a la misma voluntariamente. “Voluntarios en E. U. sometidos a radiación”, fue el título del breve artículo sin firma que el Times de Nueva York publicó tímidamente en su página A-20.

La retrasada admisión del gobierno de Estados Unidos en torno a estos abusos contra sus propios ciudadanos causó, como por arte de magia, que en Puerto Rico hasta los intelectuales de butaca reclinable descartaran la versión oficial sobre las denuncias de tortura de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, en la primera semana de octubre de 2007, la agencia de noticias norteamericana Prensa Asociada dio a conocer que el Departamento de la Guerra de Estados Unidos (denominado de Defensa) recibió autorización para utilizar la radiación con el propósito de asesinar a líderes políticos extranjeros que fuesen desafectos al modo del gobierno de Estados Unidos de resolver determinados problemas políticos.^[1]

Este escrito alude al diagnóstico de locura que se le fabricó a Albizu, a las espantosas deficiencias y contradicciones del mismo, al contexto político del cual surgió y a las decisiones contradictorias que le siguieron, con énfasis en el papel que desempeñaron el gobernador Luis Muñoz Marín y su leal secretario de justicia, José Trías Monge, así como los médicos y médicos siquiatras que de un modo o el otro tuvieron injerencia en el asunto.

Aunque los hallazgos de la investigación objeto de este ensayo han sido ampliamente divulgados aun desde antes de la primera edición de este libro en 1994, un monólogo de título Albizu: todo o nada nos presenta a un Albizu loco de remate, furioso y agresivo que en las postrimerías de su vida, todavía encarcelado, cree haber sido traicionado por los militantes de su partido. Al semanario Claridad no le pareció bien publicar un artículo de refutación que le sometí, por lo que he optado por incluirlo como apéndice en esta edición.

No me es posible mencionar a todas las personas que directa e indirectamente me ayudaron en este esfuerzo. De hecho, algunas quieren que no las mencione. Muchas otras han contribuido sin saberlo: las que han patrocinado mis publicaciones anteriores y las que con evidente entusiasmo me han exhortado a seguir en esta labor.

Agradezco, además, la gentileza de los estudiantes y empleados de Ia Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; de la señorita Hilda Chicón y sus compañeras y compañeros de la Sala de Referencia del Archivo Nacional de Puerto Rico (mal llamado Archivo General); y del joven archivero Julio Quirós Alcalá, de la Biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín. Al fotógrafo independiente José Luis León le agradezco sus servicios profesionales sin costo alguno aun en sus momentos de mayor necesidad. Además, recibí los servicios del Proyecto de Digitilización de Fotos del Periódico El Mundo, adscrito a la Biblioteca Lázaro. Las fotos aquí identificadas con las siglas en paréntesis de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son propiedad de ese Proyecto.

Verá usted que este trabajo de investigación no habría sido posible sin el peritaje que me proveyó, también sin costo alguno, el siquiatra forense Víctor J. Lladó y los servicios que obtuve del licenciado Alejandro Torres Rivera, del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico. El licenciado Torres Rivera me representó en la demanda que incoé en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de la Administración de Corrección para obtener copias de documentos públicos pertinentes a don Pedro Albizu Campos. Por orden del juez superior Arnaldo López Rodríguez esas entidades depositaron conjuntamente una gran cantidad de documentos, pero no todos, en nuestro Archivo Nacional. En la demanda participó, además, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ambas entidades y el licenciado Torres Rivera rindieron sus servicios libre de costo.

Desde que inicié mis tareas de investigación de la vida y Ia muerte de don Pedro Albizu Campos tuve el privilegio de contar con los testimonios y total respaldo de los siguientes discípulos suyos que participaron en los trabajos del Comité pro defensa de don Pedro Albizu Campos: Isabel Rosado Morales, José Rivera Sotomayor, Rosa Collazo, Lydia Collazo, Paulino Castro, Juanita Ojeda, José Antonio “Ñin” Negrón, Antonio Moya Vélez y Ruth M. Reynolds, quien, aunque no era Nacionalista, sufrió cárcel por parecerlo.

El Comité, a su vez, recibió el respaldo de varias y diversas entidades profesionales, sindicales, políticas, masónicas y estudiantiles. Coordinó los trabajos del Comité, con patriótico empeño, mi compañera y esposa Judith Ortiz Roldán. Extrañamente, los descendientes de Albizu por la línea de los Meneses apoyaron mi labor al inicio, pero sus palabras de aliento luego se convirtieron en insultos. De igual modo se condujo el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Como siempre, quedo como único responsable de lo que aquí expongo.

Pedro Aponte Vázquez

^[1]. El semanario Claridad procedió entonces a entrevistarme sobre el asunto para su edición del 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5.

Entrevista a Investigador

Por Cándida Cotto

(Claridad, 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5)

A raíz de la revelación hace una semana por la agencia de noticias Prensa Asociada (PA) de que el Gobierno de Estados Unidos “contempló” el uso de sustancias radioactivas para asesinar a figuras importantes catalogadas como enemigas durante los años de 1948 a 1954, el tema sobre las circunstancias de la muerte de Albizu Campos y su investigación ha vuelto a la conciencia colectiva y al debate público.

Para Pedro Aponte Vázquez, investigador de la muerte del maes­tro Pedro Albizu Campos, está más que confirmado que el máximo líder nacionalista murió como consecuencia de la exposición a la radiación atómica, mientras estuvo encarcelado en la cárcel La Princesa entre 1950 y 1953.

Rhoads “autor intelectual”

Entrevistado sobre si la información divulgada por PA puede abonar al caso de Albizu Campos, Aponte Vázquez hizo una serie de aportaciones aclaratorias. El historiador y educador indicó que, en primer lugar, es necesario establecer la existencia del médico norteamericano Cornelius P. Rhoads y el papel que desempeñó en la muerte de Albizu. “Yo le atribuyo a Cornelius Rhoads el papel de autor intelectual de las torturas con radiación a las cuales Albizu fue sometido de acuerdo con sus testimonios, con otros testimonios de aquella época y con pruebas objetivas. El Dr. Rhoads, quien estudió medicina en la Universidad de Harvard para la misma época en que Albizu estudiaba leyes, vino a Puerto Rico en el 1931 para hacer unos experimentos sobre la anemia, estudios que, dicho sea de paso, nada tenían que ver con radiación. Mientras está aquí es que escribe la carta que ya todos conocemos. Albizu lo denuncia ante el mundo luego de una investigación que hizo el Partido Nacionalista y así Rhoads se convierte en enemigo acérrimo de Albizu”.

La carta a la que se refiere es la que el Dr. Rhoads le escribió en noviembre de 1931a su amigo Fred Waldorf Stewart, alias “Ferdie”, en la cual expresa su menosprecio por los puertorriqueños y confiesa que ha asesinado a ocho personas y les ha trasplantado el cáncer a “varios más”. Los datos de cómo Albizu Campos obtiene la citada carta, las gestiones de Albizu para que se investigara y cómo el gobierno de Puerto Rico amapuchó el caso están detallados en el libro Crónica de un encubrimiento: Albizu Campos y el caso Rhoads (1992) y con muchos más detalles en The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhoads: An Indictment (2004). Los actos de genocidio de Rhoads fueron denunciados de manera enérgica por el Partido Nacionalista tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos y Latinoamérica. En estos libros también se documentan las maniobras que llevaron a cabo el Instituto Rockefeller para Investigaciones Médicas y la Fundación Rockefeller para encubrir los asesinatos que Rhoads confesó haber cometido, ya que fue esa fundación la que lo envió a Puerto Rico a hacer sus experimentos.

A raíz de la denuncia y de haber dejado en evidencia ante el mundo los asesinatos que cometió Rhoads, en opinión de Aponte Vázquez, “no hay que buscar nada más, desde ahí existe una profunda enemistad entre Rhoads y Albizu”.

Del ejército a la Comisión de Energía Atómica

Luego de este episodio, el historiador coloca al Dr. Rhoads en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. “Aquí, aunque Rhoads todavía sigue vinculado con los Rockefeller a través del Memorial Hospital en Nueva York, ingresa en el Cuerpo Médico del Ejército como coronel. Ahí se destaca en el desarrollo de la guerra química y por esas aportaciones al desarrollo de la guerra química recibe la medalla de la Legión del Mérito del Ejército. Al recibir este reconocimiento de prestigio por sus contribuciones a cómo utilizar elementos químicos para matar, entra en la comunidad científica en un nivel de mayor jerarquía como es la Comisión de Energía Atómica de EU (CEA), para la cual actúa como asesor médico.

“En la CEA forma parte de organismos internos que tienen que ver con el uso de la radiación, con otorgar permisos a instituciones educativas de investigación y otras que pueden ser entidades comerciales que usan isótopos radiactivos. También ahí había un comité que llamaban de armas especiales y bajo ese programa de armas especiales es que, según el cable de PA, establecen el asunto de la utilización de la radiación, primero por el Ejército como arma de guerra y luego por la CIA a partir del 1948 como un arma para eliminar individuos, ya no en combates colectivos, sino para la eliminación física de personas destacadas, prominentes, contrarios en ideología, considerados enemigos. Ahí entonces sigue habiendo razón para ver a Rhoads como autor intelectual y ahora no sólo contra Albizu, sino genéricamente contra otras personas. Además, se ha sabido que Rhoads hacía experimentos de radiación con humanos para el ejército de su país”.

Hay que recordar que la CEA promovió y auspició experimentos de radiación de diversas índoles lo mismo con pilotos de aviones de guerra, con soldados de infantería, e incluso mujeres embarazadas y niñas y niños con discapacidad mental. El lector debe recordar además que entre estos experimentos están los de radiación y de agentes defoliadores en el Yunque.

El historiador aclaró que los experimentos con radiación en humanos hay que separarlos del caso de Albizu.

“Esa es una de las conclusiones equivocadas, cuando se está hablando de la exposición de Albizu a la radiación siempre se cae en el concepto de experimentos. Con Albizu no hubo experimentación. No se debe seguir diciendo que fue un experimento. Una cosa es que ellos en el proceso de exponerlo a la radiación con fines de causarle la muerte lentamente y supuestamente sin dejar rastros, al menos rastros visibles, puedan obtener datos de utilidad, puedan derivar conocimientos, pero el propósito no es ese. Con Albizu no era un experimento, podían haber estado experimentando con otra gente y, en efecto, experimentaron con otros presos, pero en el caso de Albizu no se trataba de experimentar, se trataba de una agresión con el propósito de eliminarlo físicamente del panorama, causarle la muerte, asesinarlo”, reiteró enfático.

¿Hay necesidad de prueba?

Ante la insistencia que expresan algunas personas de que se necesita prueba adicional sobre la muerte del líder nacionalista, Aponte Vázquez apuntó que en su libro, ¡Yo Acuso! y en la secuela, ¡Yo acuso! Y lo que pasó después, alude a pruebas científicas obtenidas por los nacionalistas en aquella época. Una de estas pruebas es el relato de la experiencia con el uso de un artefacto que se utiliza para detectar la existencia e intensidad de radiación en un lugar o en una persona (geiger counter). En el libro se describe cómo se usó este artefacto en el cuerpo de don Pedro, su resultado positivo e incluso que se rompió debido a la intensidad de la radiación. Otra prueba que se obtuvo fueron unas placas dentales que el nacionalista Manuel Caballer le hizo llegar a Albizu a La Princesa y luego fueron retiradas de allí y examinadas por una radióloga. La persona que las examinó dijo que las placas habían sido expuestas a radiación. Para el investigador estas son dos pruebas objetivas de mucho peso.

Otro episodio de la investigación de Aponte Vázquez es el relatado en torno a su conversación con el científico norteamericano Dr. Gordon Gould.

“Esta persona estaba haciendo un doctorado en física para el año de 1957 y como parte de los estudios para su tesis encontró que se podía hacer lo que ahora ha derivado en los rayos Láser, término que el propio Gould acuñó. LASER quiere decir “Light Amplification by Stimulated, Emisión of Radiation”. (En español, Ampliación de la Luz por la Emisión Estimulada de la Radiación). Mientras hacía su tesis, Gould asistía a un grupo de estudio del marxismo, al cual asistían puntualmente dos agentes del FBI. Debido a que Gould, además de estudiar, trabajaba parte de el tiempo con una entidad vinculada con el Departamento de Defensa, al saber el FBI que está en ese grupo, le hacen un allanamiento y le llevan todos sus papeles que tienen que ver con los rayos Láser”.

Aponte Vázquez señaló que le consultó por teléfono a Gould si un aparato de medir radiación como el contador geiger se rompería si se le aplicaba a una persona que hubiera sido expuesta a altas dosis de radiación. El científico le contestó en la afirmativa y que dependía de la calidad del aparato y de la cantidad de radiación que estuviera presente. Aponte Vázquez añadió que Gould “desafortunadamente no quiso seguir hablando del asunto, probablemente porque tuvo momentos muy difíciles desde el allanamiento de su morada y la incautación de sus papeles por el FBI”.

El historiador, graduado de la Universidad de Puerto Rico y la de Fordham, reiteró que ha investigado las causas de la muerte de Albizu con esmero y que obtuvo testimonios y documentos de varios nacionalistas con quienes compartió durante varios años, algunos ya fenecidos. Entre otros mencionó a don Pepe Rivera Sotomayor, doña Rosa Cortez de Collazo, don Erasmo Velázquez Olmedo, Manuel Caballer, doña Isabel Rosado Morales, doña Juanita Ojeda Maldonado, Carmín Pérez, don Paulino Castro Abolafia, José “Ñin” Negrón y la pacifista Ruth M. Reynolds. De este grupo sólo sobreviven doña Isabel y Caballer. Existe, además, el testimonio de la puertorriqueña Herminia Rijos, también fenecida, quien vino de vacaciones de Nueva York y aprovechó para visitar a don Pedro “por curiosidad”, pues no era nacionalista. Su conmovedor testimonio aparece también en el libro, Yo acuso y lo que pasó después.

“La investigación está hecha y los datos recopilados me han llevado a concluir que Albizu fue expuesto a la radiación de alguna substancia radiactiva de una vida media relativamente corta, de algunos meses, que le fue administrada subrepticiamente. Datos no han faltado, lo que no ha habido es la voluntad para echar esto pa´ lante”, reiteró en relación a fijar responsabilidades. Recordó que “durante la presidencia del Colegio de Abogados del licenciado Héctor Lugo Bougal, se aprobó una resolución para respaldar una investigación científica interdisciplinaria por parte de una comisión creada por el Colegio de Abogados, pero la familia Albizu Meneses se opuso a la exhumación del cadáver y el Colegio de Abogados, bajo la presidencia de la licenciada Nora Rodríguez, disolvió la comisión que ya había creado.

El historiador obtuvo copia del expediente del FBI sobre don Pedro en el 1988 mediante el “Fredom Information Act”. De los hallazgos en estos documentos es su libro, Albizu: su persecución por el FBI.

Aponte Vázquez advirtió sobre lo que describió como una “impresión errónea” en torno a la poca o ninguna utilidad que algunos atribuyen a los documentos que tienen tachaduras, como los del FBI. Reiteró que su libro sobre la persecución de Albizu por el FBI está basado en el expediente de esa agencia y contiene 300 páginas en las que resume 20 carpetas. “Ahí hay información importante que no se conocía, así como muchísimos datos conocidos sólo por algunos nacionalistas y, por supuesto, por los propios protagonistas”. Al insistir en que estos documentos sí son útiles dijo que suele ocurrir que puede haber una tachadura en una página y más adelante aparecer el segmento que estaba tachado con la información sin tachar. Dijo que hay que fijarse en el tamaño de la tachadura y en el contexto, “hay que examinar todos los documentos del expediente — no una muestra — y hacerlo con detenimiento; nada de prisa”.

¿Qué elementos todavía quedan por esclarecer sobre la muerte de Albizu Campos?

Ninguno. Ya el pueblo está convencido de que esto sucedió, la mayor parte del pueblo, la gente común y corriente, los estudiantes universitarios en general, están convencidos. He tenido la experiencia de personas que me hablaban cuando estábamos vendiendo los libros (se refirió a él y a su esposa Judith) que no sabían que soy el autor y me decían en referencia a Albizu ‘a ese señor lo mataron con radiación’ y me hablan de los hallazgos que he divulgado. Además, me hablan del caso Rhoads. Eso me causa una gran satisfacción. Eso es lo que yo quería que sucediera cuando comencé a usar el periodismo para la investigación histórica, que la gente me hablara a mí de eso, que fuera algo de lo cual la gente me hablara y ya no yo a la gente. Es decir que, en realidad, en términos prácticos, ya no hay necesidad alguna de investigar. Esto me recuerda el título de una columna de don José Antonio Torres Martinó en alusión a la admisión del Departamento de Energía de Estados Unidos en diciembre de 1993 de que la CEA había estado experimentando con radiación en humanos. ‘Cuando lo dice el americano sí se puede cre­er’ fue el título sarcástico de su columna, publicada en El Nuevo Día el 30 de marzo de 1994. Ahora le tomo prestada su jíbara afirmación para aplicarlo a la nueva admisión del gobierno de Estados Unidos y digo: Cuando el americano habló, ya el Pueblo había hablado”.

“Comencé la investigación alrededor de 1980, luego de la del caso Rhoads. Mi propósito principal era encontrar qué pasó y divulgarlo, pero a la vez quería que la gente se fuera enterando según iba encontrando datos, por eso es que he publicado consistentemente artículos [de periódicos y columnas a lo largo de los años. Gran parte de esos escritos han sido publicados en Claridad, pero los hay también en otros medios. El primer artículo que escribí y con el cual comencé mi campaña de divulgación, de título ‘¿Asesinó Rhoads a Albizu?’ lo publicó Claridad en enero de 1983].#

El texto entre corchetes no apareció por error en el reportaje y Claridad lo publicó subsiguientemente.