Pedro Aponte Vázquez

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Nuestra Patria se encuentra en este momento histórico en una encrucijada que pone a prueba la voluntad de resistencia y de defensa propia de sus hijos y sus hijas. No se trata solamente de desmanes solapados del Invasor ejecutados por traidores que han optado por desempeñar el papel no solo de lacayos, sino incluso de verdugos. Se trata nada menos que de abusos y ofensas abiertas, sin intento alguno de disimulo. Se trata de la decisión del Invasor de estrujarle en el rostro a la Patria, en presencia de quienes se supone la defendamos, la desnuda realidad de que se adueñó de ella y la ultrajó por la fuerza de las armas.

Así es, se trata de que ese Invasor nos recalca que del mismo modo que nos invadió permanece aquí, en nuestro territorio nacional y tranquilamente nos explota. De eso es de lo que trata esta encrucijada en la que estamos acorralados y en la que el Invasor nos ordena, nos exige, nos ofende, nos vapulea y nos amenaza.

En esta encrucijada, el Invasor nos ordena que seamos nosotros mismos quienes desmantelemos para beneficio de los suyos nuestras más preciadas instituciones; nos exige bajo amenazas que tomemos decisiones que irían en menoscabo de nuestro bienestar general y nos sumirían en el caos social y en la debacle económica.

Se trata de una situación similar a la de un hogar que ha sido invadido por depredadores que bajo amenazas les exigen a los miembros de la familia que les satisfagan todas sus necesidades de todo tipo.

Ante esta bochornosa situación, ¿qué habremos de hacer los herederos de Betances y de Pachín Marín; de Mariana Bracetti, de María Mercedes Barbudo; de Albizu y de Filiberto; de Lolita Lebrón y de Olga Viscal ante tan viles atropellos? ¿Mugir “como el toro acorralado” o embestir “como el toro que no muge” [De Diego]?

Aunque he dedicado varias décadas de mi existencia a la investigación histórica, la designación de la doctora Julia Keleher al cargo del departamento llamado de Educación me compele a inmiscuirme precisamente en el campo de lo que fue mi formación académica formal en la Universidad de Fordham: las Ciencias Sociales con concentración en la educación urbana.

Por fortuna, tanto la historia de nuestra País, como la naturaleza de nuestro sistema público de escolarización (y también el privado), van de la mano, de modo que en realidad no se trata, como he dicho, de que me inmiscuya en el asunto de la designación de la señora Keleher. Ahora bien, la honestidad intelectual me exige advertir que, al internarme en este asunto, no pretenderé mostrarme como un comentarista objetivo, sino del mismo modo en el que he dado a conocer los hallazgos de mis investigaciones microhistóricas: como luchador por la independencia de una patria invadida y subyugada.

De primera intención, me intrigó la probabilidad de que el próximo administrador colonial hubiera designado a una persona extranjera para dirigir precisamente la agencia gubernamental que se encarga de formular y ejecutar los fundamentos de lo que se supone sea la educación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Y conste, que digo “lo que se supone sea la educación” precisamente porque “educar” no es la encomienda de ese departamento llamado “de Educación”. Su encomienda es la de “formar”, esculpir a los ciudadanos que constituimos nuestra patria. Su fin es, en realidad, desnaturalizar a los puertorriqueños y, como dijo Albizu, “corromperlos”. Su meta no es educar, puesto que “educar” desde su más antigua etimología, significa “liberar”. Cuando se le denominaba “Departamento de Instrucción” se era fiel a sus propósitos, pues el proceso que se da en el sistema de escolarización lo que hace es instruir, que significa colocar unas cosas sobre otras; o sea, en buen puertorriqueño: atacuñar.

Así, pues, si la encomienda de la designada secretaria de educación es la de continuar las doctrinas mal llamadas de asimilación o de americanización de los primeros comisionados de instrucción a partir de la invasión militar del 98, su designación es lógica, en principio, por ser estadounidense. Es lógica, en fin, si tiene ella la encomienda de mantener la intención deformadora del sistema. En ese caso, nada importa si la doctora Keleher es estadounidense de extracción irlandesa o germánica o si habla el castellano con acento de allá o si su trasfondo es de naturaleza administrativa o si su fuerte es la obtención y fiscalización de recursos económicos o si solamente conoce al departamento de “educación” desde afuera. Ya podrá ella allegarse personas que la asesoren para bien o para mal. Por otra parte, el mero hecho de que la doctora Keleher sea estadounidense no significa necesaria e ineludiblemente, que se proponga retomar las encomiendas que recibieron los primeros comisionados de instrucción.

Quienes hemos tenido ocasión de compartir con profesionales estadounidenses en las entrañas del monstruo sabemos que no todos están cortados por la misma tijera. Así pues, lo que nos debe concernir como punto de partida a los educadores, a los gremios de educadores, a los legisladrones y al Pueblo en general es si la doctora Keleher se ocupará solamente de allegar fondos y fiscalizar su utilización o si, además, se propone formular una filosofía educativa clara que defina sin lugar a dudas cuáles habrán de ser las características del ser puertorriqueño al que el departamento aspira y, por supuesto, de qué modo se propone lograrlas.

NATIONALIST HEROINES

Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s

© 2016 Pedro Aponte Vázquez

(Leído el 16 noviembre de 2016 en el auditorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras).

Buenos días. Reciban un saludo fraternal y solidario en este momento histórico en el que la patria sufre los peores vejámenes a los que en su arrogancia la ha sometido El Invasor desde el impune asesinato del compañero Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005.

Le agradezco al compañero Amílcar Tirado que optara por ofrecerme el honor de presentarles el libro Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 págs.), de la prestigiosa historiadora boricua Olga Jiménez de Wagenheim. Con ello nos demuestra que es de esos profesionales, probablemente escasos, que no temen asumir riesgos. Por mi parte, dedico mi participación en este acto a la memoria de otra distinguida historiadora cuyo recuerdo la ingratitud opaca: la compañera Miñi Seijo Bruno.

Por más de un motivo he dicho que Amílcar no teme asumir riesgos. El de mayor peso es quizás el hecho de que mi determinación de decir libremente sobre cada asunto lo que crea necesario y a cada cual lo que estime que merezca, no es algo que me haya acarreado muchas simpatías. Otro motivo, tal vez de igual volumen, es el hecho de que recientemente tuve la osadía de asumir una posición diametralmente opuesta a la que optaron por defender un puñado de académicos, además de miembros prominentes del campo independentista ―y hasta algunos auténticos albizuistas―, en torno al contenido de un libro que abiertamente vilipendia al prócer Pedro Albizu Campos. la Historia nos dirá algún día con qué propósitos. Defender de ese modo la memoria de Albizu fue para algunos compatriotas hasta peor que haberle donado mi colección de documentos, fotos y algunos libros al Archivo histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín.

Con lo que estoy seguro de que no habrá desacuerdos es con mi afirmación en este momento de que el honor de presentar este libro debió ser para la doctora Aselar Laguna, pues ya lo reseñó detalladamente por medio de la internet con erudición y excelencia (El Post Antillano, 8 sept 2016). Espero estar hoy al menos cerca de la altura a la que habría estado su presentación.

En su reseña, la doctora Laguna alude con toda justicia a la “rigurosidad” con la que Jiménez de Wagenheim aborda y conduce sus investigaciones históricas ―virtud a la que hoy día ya hasta se le da de codo―, afirma que esta “informativa, importante y provocadora” obra disfruta del aval de la “distinguida y sólida carrera” de la educadora Jiménez de Wagenheim “como catedrática en [la Universidad de] Rutgers” y añade que se le debe a ella, además, cito:

“[…] la introducción de los primeros cursos de historia oral, iniciando a estudiantes en esa disciplina y de paso, rescatando las contribuciones olvidadas de los puertorriqueños en las demostraciones y las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Rutgers y en la ciudad de Newark para los últimos años de los sesenta y principios de los setenta. Y conviene señalar ―agrega― su monumental y central desempeño en la fundación del archivo de la comunidad puertorriqueña en la Biblioteca Pública de Newark (el New Jersey Hispanic Research and Information Center), contribuyendo de modo exhaustivo a la recuperación y preservación del acervo de los puertorriqueños y otros latinos residentes en el estado de New Jersey”.

Precisamente, de rescatar del olvido y también de la indiferencia, es de lo que trata esta indispensable aportación de Jiménez de Wagenheim a nuestra historiografía y, por ende, a nuestra centenaria lucha de liberación nacional. En Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, la historiadora que ya es parte de la indisoluble nación boricua en las entrañas del monstruo, les recuerda a sus lectores el hecho de que las mujeres boricuas no eran invisibles para nuestro opresor en el curso de nuestra lucha por liberarnos del Invasor (y todavía no lo son, permítaseme agregar). Nos provee ella una breve y vívida introducción con una impresionante narración de las condiciones objetivas que llevaron a la insurrección de 1950 contra la tiranía de EE. UU. Luego nos lleva de la mano a través de una exposición amena, profusa y rigurosamente documentada que nos provee una vista panorámica de nuestra más reciente historia política.

El libro les rinde merecido tributo a dieciséis mujeres. A Dominga de la Cruz Becerril, quien heroicamente sobrevivió la Masacre de Ponce en 1937 y otras 15 que fueron perseguidas y encarceladas por haber participado, o parecerle al Invasor que habían participado, directa o indirectamente en la lucha armada del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador en los años de 1950. Estas son:

Blanca Canales

Leonides Díaz

Carmen María Pérez

Ruth Mary Reynolds

Isabel Rosado Morales

Doris Torresola Roura

Olga Isabel Viscal Garriga

Rosa Cortés Collazo

Lolita Lebrón Sotomayor

Carmen Dolores Otero de Torresola

Juana Mills Rosa

Juanita Ojeda Maldonado

Ramona Padilla de Negrón

Angelina Torresola de Platet y

Monserrate Valle de López de Victoria.

En alusión a esta prudente limitación que se impuso, Jiménez de Wagenheim dice estar “consciente de que otras puertorriqueñas han sido encarceladas por sus ideales políticos a partir de los años 50 y merecen también un estudio profundo de sus hazañas y contribuciones a la causa de la independencia de Puerto Rico” y con genuino pesar añade: “Lamento no ser yo la autora”.

Aunque el título nos indica que trata sobre “mujeres puertorriqueñas” Nacionalistas, justificadamente incluye a una que sin duda lo parecía mucho, pero que en realidad no fue ni borinqueña ni Nacionalista: la pacifista estadounidense Ruth M. Reynolds, oriunda de las Lomas Negras de los nativos Lakotas. Reynolds, quien perteneció al Comité Pro Defensa de don Pedro Albizu Campos que mantuve con doña Isabel Rosado y mi compañera Judith, desempeñó un importantísimo papel en nuestra lucha, pero, pacifista al fin, no perteneció al Partido Nacionalista ―un detalle que Jiménez de Wagenheim se ocupa de mencionar. El hecho es que Ruth cumplió cárcel por parecer Nacionalista.

Por otra parte, el subtítulo del libro, Mujeres puertorriqueñas que la Historia olvidó, invita a un análisis semántico, pues sería razonable alegar que a estas compañeras no las olvidó la Historia, por cuanto los Pueblos, sus líderes, sus reseñadores, sus políticos, sus educadores y sus historiadores somos quienes olvidamos. Los lectores, por otra parte, no deberán interpretar como indicio de menosprecio de la capacidad de la mujer boricua el hecho de que Albizu le hubiera asignado un puesto de liderato en su partido a solamente una de las mujeres aquí incluidas, toda vez que a algunas les encomendó ―y ellas no vacilaron en asumir― misiones no solo de alta confianza y responsabilidad, sino, además, de altísimo riesgo personal. Tampoco deberán los lectores conjeturar que esas militantes Nacionalistas hayan sido olvidadas o ignoradas por motivo del machismo que caracteriza a nuestra sociedad, pues no han sido pocos los hombres militantes del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador que han sido olvidados o ignorados no solo por los historiadores, sino incluso por las pasivas y autocomplacientes organizaciones patrióticas del presente.

Jiménez de Wagenheim, perteneciente por muchos años a la denominada “diáspora” boricua y quien, aunque en las entrañas del monstruo, ha mantenido contra la corriente su primer apellido con todo y tilde, no es neófita en estas lides, pues ha publicado libros y artículos sobre otros importantes sucesos de la historia política de Puerto Rico, incluyendo nuestra rebelión contra el otro imperio, el español. Sobre todo, es preciso recalcar, lo ha hecho como es su estilo y su costumbre: con el debido respeto a los hechos históricos y a las fuentes de información.

A propósito del concepto de “diáspora”, y del debido respeto a los hechos históricos y a las fuentes, alguien se quejó en un artículo publicado en la red en defensa del aludido libro que vilipendia a Albizu de que, en su opinión, “la diáspora siempre tiene que humillarse ante los pies de la nación para ser recibida con los brazos abiertos” y agregó que “Es interesante como se habla de nación en estos lugares sin considerar [a] los que no tienen país, [sic] porque no hay tiempo para reflexionar en eso, porque se tiene que trabajar, porque se tiene que sobrevivir, porque vivir no es posible”. Esos comentarios son cónsonos con el que publicó meses atrás con el mismo propósito, y en estos días repitió tranquilamente, el denominado National Institute for Latino Politics and Policy con base en ese mundo saturado de historia que es la Ciudad de Nueva York. Al igual que algunos comentaristas, esa entidad ha dicho que una razón por la que en nuestra patria algunos condenamos el libro aludido es que el autor es “nuyorican” y “cruzó la línea al escribir sobre un asunto que es visto como predio exclusivo de la izquierda en Puerto Rico”. Otra razón, asegura el supuesto instituto, es la “envidia” de los críticos residentes en la Isla, de quienes dice que hemos fracasado en “hacer el cruce” a la inversa, hacia la metrópoli. Ciertamente le queda mucho por aprender sobre los boricuas a ese instituto de política pública latina, aparente heredero ideológico de Ramón S. Vélez. De paso, los que escriben y hablan en nombre de ese grupo deben abandonar la práctica de valorar la confiabilidad del contenido de los libros y su utilidad didáctica en términos de la cantidad de ejemplares vendidos.

Es forzoso aludir aquí ahora al desagradable tema del referido libro por dos buenas razones: la autora del libro que les presento forma parte de esa diáspora y su contenido es un tema “de la izquierda puertorriqueña”, dicho lo último entre comillas. Esto quiere decir, a la luz de la insostenible posición de esos voceros, que la doctora Jiménez ha cruzado esa supuesta línea imaginaria que algunos han trazado con sus infundados criterios. En su ofuscamiento ideológico, ni los políticos ni los politicastros logran ver la irrefutable realidad de que no hay razón para que la diáspora boricua tenga que humillarse ante la nación a la que pertenece, ni ante entidad alguna, ni lo ha hecho ni lo hará. Es evidente que esa diáspora, a la que me integré durante unos 15 años en Nueva York, sí tiene país, pues de otro modo no sería diáspora, y ese país es Puerto Rico.

Sépase además, aquí y allá y por doquier, que los boricuas, dondequiera que estemos, tenemos el derecho y, sobre todo, el deber de exigir respeto por nuestra historia de parte de quienquiera que opte por escribir sobre la misma sin importar desde dónde lo haga ni qué organización política, decrépita o vigorosa, lo respalde. Por otra parte, a los autores de la diáspora boricua se les reconoce, como a cualquiera otro autor o autora, el derecho de escribir y publicar en el idioma que para ello escoja.

Nadie en la diáspora boricua, ya sea honesto intelectual, o colaborador de espías o mañoso explotador de la pobreza, tiene fundamento alguno para sostener que los escritores independentistas en Puerto Rico no recibimos con el debido respeto a los colegas que en sus obras a su vez respetan la Historia misma como ciencia social. Este hecho acaba de ser confirmado una vez más por la admiración y el afecto con los que hemos recibido en su patria a la compañera autora de este libro.

La concienzuda historiadora de nuestra diáspora, quien escribió este libro luego de su jubilación de la Universidad de Rutgers, cuando no se le podía aplicar aquello de “Publish or perish”, se valió principalmente de fuentes primarias tales como documentos públicos, la mayoría de los cuales vinieron a estar disponibles recientemente, testimonios escritos y entrevistas grabadas y personales con fuentes a las que ella, contrario a gárrulos de barbería, identifica debidamente. Sin embargo, por más que uno tenga preferencia por los detalles, como evidentemente es el caso de la compañera Jiménez de Wagenheim, siempre es propenso a omitir o dejar escapar o por algún motivo no resaltar sucesos que son especialmente significativos para algunos lectores. Por eso no encontré alusiones a otros asuntos de mi especial interés, como el caso Rhoads ―muy probablemente una de las causas por las cuales el partido Nacionalista recurrió a la lucha armada―; a las denuncias de Albizu de que se le exponía a la radiación ―las cuales Carmín Pérez e Isabel Rosado mencionan en sus entrevistas para el libro como lo hace Rosa Collazo en sus Memorias―; ni al diagnóstico de locura que el gobernador Muñoz Marín en su proverbial jaibería ordenó especialmente para Albizu con el fin de contrarrestar sus denuncias de tortura a la altura de la era atómica.

No obstante, es tal la abundancia de datos biográficos sobre las compañeras a las que ella alude en este valioso libro que, aunque durante unas décadas departí informalmente de vez en cuando con nueve de las compañeras aquí incluidas y de que entrevisté formalmente a algunas de ellas, encontré un caudal de datos que he venido a conocer solamente después de leer la meticulosa narración que generosamente optó por obsequiarle a su patria la doctora Jiménez de Wagenheim.

Habrá lectores a quienes, como a este autor, les extrañará su uso del verbo “asesinar” en referencia al intento de luchadores por la libertad de ejecutar o ajusticiar al presidente Truman, además de algunas afirmaciones sobre el estado de salud de Albizu mientras estuvo en Estados Unidos. Precisamente, en lo que se refiere al concepto de “asesinar” versus “ajusticiar” dentro del contexto de una lucha de liberación nacional contra un invasor militar, surgió aquí mismo en este recinto un intercambio de ideas durante un foro reciente en torno a la insurrección de 1950. Creo procedente señalar que la base de la distinción que los independentistas hacemos entre “asesinar” y “ajusticiar” es ideológica. Es la misma que hacemos entre “robar” o “hurtar” y “expropiar”. Por eso, mientras la prensa dice, por ejemplo, que los Macheteros cometieron un robo contra la empresa Wells Fargo, nosotros decimos que fue una expropiación. Sobre esta cuestión, es mi interés recalcar un asunto consabido: que es necesario y prudente fomentar el análisis y las discusiones de las discrepancias, el manejo de conceptos controvertibles y otros aspectos de la disciplinada narración histórica, con la debida sobriedad en civilizadas discusiones con respeto y elegancia, sin recurrir a exageraciones ni a insultos ni a afirmaciones infundadas.

Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s es, además, una confiable fuente de información en torno a los atropellos de los que hemos sido y somos víctimas bajo el abusivo imperialismo estadounidense. Por estar escrito en inglés, el libro tenderá a fortalecer aún más los lazos culturales y políticos entre los borinqueños en nuestra patria y los radicados en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Además, iluminará a lectores del inglés, sean estadounidenses o de otras nacionalidades, quienes gracias a la internet están empezando a enterarse de nuestra existencia como nación caribeña subyugada.

En fin, esta nueva obra de 347 páginas de historia constituye un merecido reconocimiento de la autora a unas mujeres abnegadas, resueltas, dedicadas, que vivieron de modo cotidiano y en carne propia el postulado albizuista de organizarnos y entregarnos al rescate de nuestra soberanía con valor y sacrificio; mujeres que en el proceso ofrendaron vida y hacienda por la libertad y algunas hasta renunciaron a ser esposas y a ser madres. Constituye, de ese modo, un merecido homenaje no sólo a ellas, sino a la Mujer Boricua en general, la que con su temple, su valor, sus sacrificios y su firme determinación concebirá y alumbrará al fin una patria liberada. #

IMPLICACIONES HISTÓRICAS Y POLÍTICAS DEL CASO BRAVERMAN

© 2016 Pedro Aponte Vázquez

(Ensayo leído el 29 de julio de 2016 como parte del ciclo de conferencias auspiciado por la Casa Albizu en el Archivo Nacional de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico).

Gracias por su presencia y gracias a la Casa Albizu por la oportunidad de exponer aquí lo que en mi opinión constituye uno de los sucesos que mayor impacto puede haber tenido en el ámbito de nuestra lucha de liberación nacional: el caso Braverman vs. Estados Unidos. Haré énfasis sobre las dos sentencias de dos años cada una que la Corte federal le impuso a don Pedro Albizu Campos en 1936. Mencionaré la de seis años que con esas dos le impuso esa Corte y las otras de la Corte colonial posteriores a 1950, pero ambas merecen estudio aparte. Partiré del hecho ya establecido de que Albizu y otros compañeros de lucha fueron sentenciados a cumplir cárcel en Atlanta, capital de la provincia estadounidense de Georgia, por el delito de conspiración. Es decir, por la inconclusa misión de organirse para expulsar al invasor de nuestro territorio nacional.

Existen indicios documentales y testimonios confiables para sostener que cuando Albizu salió de la cárcel de Atlanta el 3 de junio de 1943, al cabo de seis años allí ―no de diez―, estaba físicamente exhausto e ideológicamente vigoroso, pero ―contrario a lo que históricamente se ha divulgado― no estaba de modo alguno moribundo. Además, es un hecho corroborado que de aquella asfixiante mazmorra donde ejerció de maestro y seguramente limpió pisos con mantas, el prócer salió sin haber aceptado las condiciones rutinarias de la probatoria que le impuso el arrogante y abusivo tribunal del Invasor[1]. Hoy veremos cómo eso fue posible.

El director vitalicio del FBI, J. Edgar Hoover, estaba sumamente frustrado, pues Albizu les dijo a los funcionarios federales del modo más inequívoco que no aceptaba someterse a la supervisión de oficial alguno y aun así salió de la cárcel. Aunque había tratado afanosamente de que el Negociado de Prisiones impidiera la salida de Albzu y en su lugar lo retuviera en prisión preventiva, el pobre Hoover había fracasado. Luego, a pesar de múltiples maniobras, no logró que se le revocara la libertad ni siquiera cuando el prócer violó las condiciones de la probatoria.

Es inevitable suponer que a Hoover le causó ira el haber fracasado en su empeño por reencarcelar a Albizu, sobre todo cuando se enteró de que el propio presidente Franklin D. Roosevelt había impedido que se le revocara la libertad.[2] Este último detalle se lo hizo saber a Hoover el director auxiliar de la división de espionaje doméstico del FBI, Milton Ladd, en un memorando del 22 de abril de 1944.

Más aún, existe constancia documental del propio FBI de que Hoover se enfureció con el director del Negociado de Prisiones, James Bennet, y con el procurador general interino, Charles Fahey. Hoover estaba en la creencia –errónea, pero con sólidos fundamentos– de que estos funcionarios habían persuadido al Presidente a no permitir que le revocaran la probatoria a Albizu. Hoover estaba en la creencia de que su célebre prisionero pudo salir de la prisión sin aceptar condiciones debido a las presiones que habían estado ejerciendo sobre Roosevelt diversas organizaciones de carácter político, utilizado este concepto en su sentido más amplio.

La verdad es que esa conjetura era más que razonable pues, mientras Albizu estuvo preso, hubo prominentes individuos y entidades de Estados Unidos y del exterior ejerciendo constante presión sobre el Presidente en pro de su liberación. Sin embargo, los documentos revelan que la conjetura es errónea. Por más que Roosevelt hubiera preferido no tener presiones nacionales e internacionales para que aquel líder revolucionario saliera de la cárcel y luego permaneciera en libertad, no respondió a esas presiones, si no a las de la opinión del Tribunal Supremo de su país en Braverman vs. U.S.[3]

Dentro de aquel complejo contexto histórico, en medio de una guerra en la que Roosevelt había inmiscuido a su país, era prudente ocultar esa opinión, y hasta Hoover estaba ajeno a la misma, según lo demuestran abundantes piezas de correspondencia del FBI. Por eso, el soberbio y siniestro director vitalicio de esa dependencia federal no depuso su actitud antagónica con­tra aquellos funcionarios a quienes responsabilizó por la excarcelación del prócer cuando se enteró de que la decisión de roosevelt obedeció a la mencionada opinión del Tribunal Supremo.

Por si fuera poco, Hoover incluso debe de haberse sentido burlado además de frustrado y angustiado, pues estaba convencido con sobradísima razón de que Albizu se había internado en el Hospital Columbus por pura jaibería. Él sabía que aquel jibarito de las Tenerías de Machuelo Abajo, no tenía condición de salud alguna que justificara su hospitalización. Para colmo, el muy jaiba encima había convertido su habitación privada nada menos que en cuartel general del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador. Las numerosas visitas que Albizu recibía rutinariamente en su habitación en el hospital Columbus, donde además atendía y despachaba asuntos pertinentes a las operaciones del Partido, sugieren a gritos que, en efecto, su condición de salud no ameritaba su reclusión en un hospital y mucho menos durante los 29 meses que optó por permanecer recluido.

Lo que pasó fue que, según Charles Fahey y su departamento, las dos sen­tencias de dos años cada una impues­tas a Albizu por conspi­ración, las que habría de cumplir en probatoria luego de cumplir otros seis años por el mismo supuesto delito, eran inconstitucionales. Esta interpretación cobra mayor relevancia ante el hecho de que fue precisamente Fahey quien abogó por la posición del Gobierno de Estados Unidos en este caso. En armonía con su interpretación, no se le podía exigir legalmente a Albizu cumplir los cuatro años de las sentencias por los dos casos adicionales de conspiración, ni siquiera en probatoria. Hasta ahí el aspecto jurídico.

En el aspecto político, ante esa inesperada situación, es razonable inferir que Roosevelt consideró menester conspirar para ocultar del público la opinión de la Corte mediante censura previa ―tal vez so pretexto de estar el país en guerra― pues todo indica que la misma no fue publicada de inmediato, como era rutinario hacerlo. Al ocultársela al público, se la ocultaban también, por supuesto, a Albizu y a sus abogados.

La supresión de la noticia en torno a la opinión que había emitido la Corte podría ser la razón por la cual un abogado constucionalista de la talla de Santos P. Amadeo no parece haberse enterado de tan importante opinión, puesto que no la invocó en su férrea defensa de los Nacionalistas. Por si fuera poco, medio siglo después de la insurrección de octubre de 1950, el también constitucionalista y ex juez asociado del mal llamado tribunal supremo de Puerto Rico, Raúl Serrano Geyls, la desconocía. Hace unos 17 años consulté al compatriota Serrano Geyls en torno a Braverman vs. Estados Unidos y luego de enviarle la ficha bibliográfica me contestó gentilmente lo siguiente en carta del 18 de agosto de 1999. Cito textualmente:

“He leído el caso Braverman, el cual no conocía. No recuerdo que fuera citado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o por los tribunales federales en relación con los asuntos de Puerto Rico. No puedo medir los efectos de esa sentencia en las cuestiones jurídicas planteadas en los casos de los patriotas puertorriqueños porque ahora no recuerdo esas cuestiones con la precisión necesaria y en las circunstancias en que me encuentro no me es posible estudiarlas. Me doy cuenta de su importancia histórica y jurídica y me alegra saber que usted las examinará a fondo”. Termina la cita.

La Corte Suprema escuchó los argumentos sobre Braverman vs. U.S. el 21 de octubre de 1942 y lo decidió el siguiente 9 de noviembre, cuando todavía Albizu estaba preso en la cárcel federal de Atlanta. Ese día él estaba cerca de salir en libertad el siguiente mes de junio con una probatoria que, como he dicho, no aceptó.

A grandes rasgos, el caso Braverman consistió de dos asuntos, el principal de los cuales –y el que nos atañe—fue determinar, y cito: “si una convicción apoyada sobre varias acusaciones de conspiración para violar diversas disposiciones de las leyes de conspiración y de rentas internas y en las cuales el veredicto del Jurado se basa únicamente sobre pruebas de que ha habido solamente una conspiración, sostendría una sentencia de más de dos años de prisión, la pena máxima para una sola violación del estatuto de conspiración”. Cierro la cita.

En términos aparentemente sencillos, se trataba de si se justificaba sentenciar a más de dos años de cárcel a personas convictas de cometer un delito de conspirar para cometer varios delitos, dado que el delito de conspirar conllevaba una pena máxima de dos años.

Señaló la Corte Suprema que las cortes inferiores, cito: “[…] reconocían que un solo acuerdo para cometer un delito no se convierte en varias conspiraciones por el hecho de continuar por un período de tiempo […] y que puede existir tal único y continuo acuerdo para cometer varios delitos. Pero (sic) pensaron que en [Ex parte Snow, 120 U.S. 274, 281, 283 S, 7 S. Ct. 556, 559, 560] cada delito contemplado hace el acuerdo castigable como una conspiración separada”. Termina la cita.

Braverman y otros fueron acusados de siete cargos, cada uno de los cuales fue considerado como que constituía una conspiración para violar disposiciones de leyes federales sobre conspiración y sobre rentas internas. Durante el juicio, el Jurado estuvo expuesto a pruebas de que los apelantes habían colaborado con otros en los procesos de elaboración, transportación y distribución interestatal de bebidas alcohólicas, lo que conllevaba violaciones del estatuto de conspiración.

Esta situación es parecida al caso de Albizu y sus compañeros acusados excepto que, como se sabe, sus acusaciones nada tenían que ver con bebidas alcohólicas, sino con organizar a la patria para el rescate de su soberanía.[4] Por otra parte, contrario al caso de los Nacionalistas, Braverman y sus codemandantes le habían planteado al Gobierno que la prueba “no demostraba ni podía demostrar” la existencia de varios acuerdos, por lo que el Gobierno debía escoger uno de los siete cargos. El abogado del Gobierno no estuvo de acuerdo y respondió que, cito: “[…] los siete cargos de la acusación imputaban como delitos distintos los varios objetivos ilegales de una conspiración continua, que si el Jurado encontraba tal conspiración podría encontrar a los acusados culpables de tantas conspiraciones como objetivos ilegales tuviera, y que por cada una de tales violaciones se podía imponer la pena estatutaria de dos años”. Termina la cita.

Es razonable suponer que, en esencia, esa fue la posición que asumieron los fiscales en Puerto Rico, no sólo en la Corte imperial en los años 30 ―antes de Braverman―, sino, además, en las Cortes coloniales en los años 50 después de Braverman. Ahora bien, si la pena por violar el estatuto sobre conspirar conllevaba una pena máxima de dos años, tal cual se desprende de la opinión de la Corte Suprema, no había razón para sentenciar a Albizu a seis años por uno de los cargos. Invito a personas conocedoras de estos asuntos a examinar los hechos y determinar si por alguna razón procedía en Derecho la sentencia de seis años en uno de los cargos.

En el caso Braverman, el juez instruyó al Jurado en los términos que esbozó el Gobierno y el Jurado declaró a los acusados culpables según los cargos (o “guilty as charged”) por lo que fueron sentenciados a cumplir cada uno ocho años de cárcel. La Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito confirmó[5] la sentencia basándose en su decisión en dos casos anteriores: Fleisher v. United States[6] y Meyers v. United States[7].

Es decir, que para la Corte de Apelaciones, la prueba desfilada demostraba que los acusados tenían un propósito en común y que actuaron concertadamente con el fin de cometer las violaciones de ley de las que se les acusó y que, por consiguiente, habían cometido más de una conspiración. La corte Suprema no lo vio así y por voz de su juez presidente, Harlan Fiske Stone, opinó que: “Ya sea que el propósito de un solo acuerdo sea el de cometer uno o muchos crímenes, comoquiera que sea, es el acuerdo lo que constituye la conspiración que el estatuto castiga. El solo acuerdo no puede verse como que constituye varios acuerdos y por consiguiente varias conspiraciones porque contemple la violación de varios estatutos y no de uno”.

La Corte devolvió el caso para que los apelantes fueran resentenciados en armonía con esa opinión.

Acá en Puerto Rico, Albizu fue declarado culpable de tres conspiraciones en 1936[8] y, como resultado de la insurrección de 1950, fue acusado en 12 casos de conspirar para por medio de sus discursos promover el derrocamiento del gobierno colonial por la fuerza. Por esos cargos fue sentenciado como si se tratara de 12 conspiraciones distintas.

Pasemos a ver ahora lo que considero serias implicaciones del caso Braverman. Tenemos en primer lugar que la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos habría de ser de enorme beneficio para Albizu si se le revocaba la libertad por rehusar someterse en 1943 a la probatoria correspondiente a la sentencia de dos años por cada uno de dos casos de conspiración. El procurador general Fahey dice en un memorando del Departamento de Justicia del 18 de agosto de 1944 dirigido al agente Ladd[9] del FBI que, en opinión de su división de asuntos criminales, es “incierto” que se pueda lograr la revocación de la libertad en probatoria de Albizu a la luz del caso Braverman, ya que, cito: “en el caso de Campos (sic), su convicción se basó en más de un cargo que alegaba conspiración, todos de cuyos cargos eran una extensión de sus actividades generales, las cuales tenían por objeto derrocar el existente gobierno de EE. UU. en Puerto Rico”. Cierro la cita. Fahey se lo hizo saber así al presidente Roosevelt, por lo que este optó por conspirar con altos funcionarios de su Departamento de Justicia para evitar que la misma llegara a conocimiento público.

El hecho de ocultar dicha opinión causó que Albizu, en lugar de viajar de Atlanta a San Juan cuando salió de la cárcel y proceder a reintegrarse de inmediato a la lucha política activa en su patria ―como lo hizo al regresar cuatro años después, en diciembre de 1947―, optara por viajar a la Ciudad de Nueva York e instalarse en el hospital Columbus. Allí lo recluyó el doctor Epaminondas Secondari, un médico italiano de la entera confianza del congresista Vito Marcantonio, quien a su vez apoyaba con fervor la lucha por la independencia de Puerto Rico. Secondari se encargó de establecer que la condición de salud de Albizu era precaria y, como fue él quien ordenó recluirlo, ningún médico del hospital tenía la autoridad para darlo de alta ―hecho que Hoover resintió profundamente.

Albizu, por su parte, venía obligado a regresar a Puerto Rico cuando fue excarcelado el 3 junio de 1943 porque fue aquí, y no en Nueva York, donde ocurrieron los hechos por los cuales fue a prisión y era aquí, y no en Nueva York, donde tenía que extinguir la probatoria que rechazó. Con su reclusión en el hospital Columbus el 6 de junio por causa de una gravedad evidentemente fingida, el prócer se proponía eludir el largo brazo de la injusticia. Insisto en recalcar que no se trata de que tuviera la ciudad de Nueva York por cárcel, ni que saliera moribundo de la cárcel de Atlanta, ni que se le impidiera regresar cuando salió de allí. Viajar a Nueva York e internarse en el hospital fueron decisiones que Albizu tomó libremente; fueron tácticas que utilizó en contra de lo que había dispuesto El Invasor. Fue exclusivamente suya también la decisión de permanecer dos y medio años en el Hospital Columbus protegido por Secondari y luego año y medio en residencias privadas en la ciudad de Nueva York.

El 9 de noviembre de 1945, casualmente en el tercer ani­versario de la opinión en el caso Braverman, Albizu optó por abandonar súbitamente el hospital y fue a residir en el apartamento del Nacionalista Juan Álamo, en la avenida Brook 173, en el sur del Bronx en la Ciudad de Nueva York. Álamo vivía en el segundo piso y en el tercero vi­vían con sus tres hijas Oscar Collazo y su esposa y militante Nacionalista Rosa Cortez (mejor conocida como Rosa Collazo).

Dado este escenario, la pregunta obligada es: ¿Sucedieron eventos políticos de crucial importancia en Puerto Rico durante los cuatro y medio años comprendidos entre el 3 de junio de 1943 y el 15 de diciembre de 1947, cuando de hecho regresó? Recordemos esas fechas: junio de 1943 y diciembre de 1947.

Para 1941 y 1943, mientras Albizu estuvo preso, expatriado, desalojado del escenario borinqueño,[10] comenzaba a tomar forma y fuerza el llamado Partido Popular Democrático (PPD) recién fundado en julio de 1938. Luego, para octubre de 1946 ―escasamente un año antes de su regreso― brotó como especie de antítesis del albizuismo el electoral Partido Indepen­dentista Puertorriqueño (PIP). El PIP surgió a pesar de que el Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador seguía militante, incluso en el plano internacional. La presencia y el movimiento de estas nuevas fichas en el tablero electoral de la política colonial, fue resquebrajando el sentimiento nacionalista ―utilizado ese término con “n” minúscula― hasta descuartizarlo. El PPD, por su parte, aprovechó para ir sembrando en el fértil terreno de la mente cada día más colonizada del Pueblo ―dígase en el espíritu, si se quiere―, y bajo el ojo avizor del Invasor-Colonizador, ese terror paralizante que todavía hoy le tiene a la libertad ―terror que sucesivas generaciones han venido llevando a rastras cual pesada cruz.

Por otra parte, de haberse conocido de inmediato esta opinión de la Corte Suprema, a Albizu no se le habría podido acusar en 1951, tan sólo nueve años después de formulada, pero no divulgada la opinión, de 12 casos de conspiración bajo la infame ley de “La Mordaza”. Bajo esa ley fue convicto el prócer doce veces por una misma conspiración y, conjuntamente con la violación de otras leyes, fue sentenciado a cumplir de 72 a 80 años de cárcel.[11] Cincuenta y cuatro de esos años fueron por las doce conspiraciones. (Permítaseme intercalar que fue precisamente José Trías Monge, propulsor de la ley de “La Mordaza”, quien expulsó al prócer de la cárcel luego de conseguir que el psiquiatra Luis M. Morales lo declarara paranoico esquizofrénico).

Sus sentencias de cárcel habrían sumado unos 18 años, la mayor de estas de 7 a 15 años por un caso de supuesto “Ataque para cometer asesinato”. De haber sido las sentencias concurrentes, habría podido extinguirlas en alrededor de siete años, o sea, para 1956 o aun antes. En tal caso, tal vez no se habría complicado tanto su salud y hasta habría podido vivir más allá de 1965 al no estar a merced de sus verdugos.

En fin, de haberse conocido la opinión de la Corte Suprema del Invasor inmediatamente tras su adopción el 9 de noviembre de 1942, Albizu habría podido llegar a Puerto Rico cuando apenas comenzaba el fortalecimiento del PPD y cuatro años antes de que surgiera el PIP, dos cruciales desarrollos políticos sobre los cuales su presencia y su liderato habrían influido. Incluso es probable que no hubiera surgido el PIP. Desde luego, no sabemos ni habremos de saber cuán amplia y cuán profunda habría sido esa influencia ni qué consecuencias habría tenido la misma. No obstante, es altamente probable que sin la conspiración de Roosevelt para ocultar el caso Braverman, la presente historia de nuestra nación sería significativamente distinta. #

[1] Albizu y sus compañeros fueron internados en la penitenciaría federal de Atlanta, capital de la provincia sureña de Georgia, el 8 de junio de 1937.

[2] Memorandum del agente D.M. Ladd a Hoover, 22 abril 44, expediente del FBI, sección 3. Vea una narración más detallada de este histórico asunto en Pedro Aponte Vázquez, Albizu: Su persecución por el FBI. San Juan: Publicaciones RENÉ, 2000.

[3] Braverman vs. U.S., 317 US 49.

[4] Un Gran Jurado acusó a Albizu y los otros el 3 de abril de 1936 de violación de las Secciones 4, 6, 7 y 88 del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos.

[5] 125 F. 2d 283

[6] 91 F.2d 404

[7] 94 F. 2d 433

[8] El juicio había comenzado el 14 de julio, terminó sin veredicto cinco días después y, efectivamente, el 27 de julio comenzó el segundo juicio, el cual terminó a las 12:30 de la madrugada del 31 de ese mes, 1936roosevelt. Los convictos apelaron ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston y, mientras tanto, fueron encarcelados en la cárcel La Princesa en San Juan. El referido tribunal confirmó las convicciones y las sentencias y el 8 de junio de 1937 fueron internados en la penitenciaría federal de Atlanta. Expediente del FBI, sección 1.

[9] Memorandum dirigido al agente D.M. Ladd, 18 de agosto de 1944, expediente del FBI, sección 3.

[10] Además de Albizu, fueron enjuiciados y sentenciados a prisión Juan Antonio Corretjer, Luis Florencio Velázquez y su hijo Julio Héctor, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, Pablo Rosado Ortiz y Erasmo Velázquez Olmedo. Otros acusados fueron Rafael Ortiz Pacheco y Juan Juarbe Juarbe. Ortiz Pacheco se refugió en la República Dominicana, regresó, renegó de su ideal independentista y se integró a la judicatura. A Juarbe Juarbe, quien para entonces era “la mano derecha” de Albizu como su secretario personal, le retiraron los cargos porque supuestamente la fiscalía federal tenía sufucientes pruebas contra los otros, pero no contra él. El enjuiciamiento y encarcelación de Albizu y los otros líderes mencionados fue el primer golpe en el proceso del gobierno de Estados Unidos de destruir al Partido Nacionalista de Puerto Rico, lo que finalmente logró a partir del año de 1954.

[11] Casos coloniales:

Caso # Cargo Sentencia fecha

F-2796 Ataque p/c asesinato 7 a 15 años 16 marzo 51

F-2795 Ley 53, 1948 12 cargos 54 años 9 agosto 51

M-6336 Ley 67, 1934, Art. 12 2 y medio años 20 febrero51

M-6337 Ley 67, 1934, Art.11 6 años 20 febrero 51

M-6338 Posesión ilegal de armas 9 meses 20 febrero 51

M-6340 Posesión ilegal de armas 1 año 20 febrero 51

M-6341 Posesión ilegal de armas 6 meses 20 febrero 51

(Fuente: DECLARACION JURADA del Alcaide del presidio, capitán Gerardo Delgado, 16 septiembre1961 ante el licenciado Francisco Agraít Oliveras, 2 págs., Archivo Nacional de Puerto Rico, Fondo: Departamento de Justicia; Serie: Documentos Nacionalistas; Tarea: 90-29).

 

Estamos en el mero inicio de la confrontación directa con El Invasor en uno de los momentos más críticos de nuestra Historia moderna. En momentos como este no hay lugar para las exigencias de acatamiento de las leyes del imperio ni para recriminaciones y acusaciones contra nosotros mismos, ni para pasar juicio sobre el proceder de compatriotas que optan por luchar sin adherirse a los códigos de conducta con los que la clase dominante garantiza nuestro sometimiento a su voluntad. Es la hora de luchar y de apoyar la lucha como cada cual entienda que tiene la capacidad para hacerlo. ¡ALBIZU VIVE! ¡VIVA ALBIZU!

In Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 pp.), Puerto Rican historian Olga Jiménez de Wagenheim not only reminds her readers of the fact that Puerto Rican women were not (and still are not, allow me to add) invisible to our oppressor in the course of our struggle for independence from Yankee imperialism, but also guides us by the hand through a profusely and adequately documented exposition that provides a panoramic view of our most recent political history.

The book pays tribute to sixteen women, fifteen of which were persecuted and incarcerated for having participated or just seeming to the Invader to have participated in the Nationalist Party of Puerto Rico’s 1950s armed struggle, plus one who heroically survived the 1937 Ponce Massacre. Regarding that self-imposed limitation, Jiménez de Wagenheim says she is “aware that other Puerto Rican women have been imprisoned for their political ideals since the 1950s and also merit an in-depth study of their deeds and contributions to the cause of Puerto Rico’s independence” and adds: “Regret not being that scholar.” In addition, she provides a brief and vivid introduction with a much needed account of the objective conditions that led to the 1950 insurrection against U. S. tyranny.

Although the title indicates that it is about Nationalist women, she justifiably includes one who was not: pacifist Ruth M. Reynolds, from The Black Hills of the Lakota natives, who played a very important role in our struggle, but was not a member of the Nationalist Party ―a point Jiménez de Wagenheim does make clear. On the other hand, the book’s subtitle, Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, invites a semantic analysis, for it could be argued that these compañeras were not forgotten by History, insofar as the Peoples, their leaders, and their historians are the ones who forget. Furthermore, most of them seem to have been forgotten, not all of them.

Jiménez de Wagenheim, for long a member of the Puerto Rican diaspora who, although in the monster’s belly, has held fast to her own family surname and even to its graphic accent, is no newcomer to these endeavors, having published books and articles on other aspects of Puerto Rico’s political history, including our rebellion against the Spanish empire. Above all, she has done so with utmost care and respect for historical facts, a methodology some authors and even some critics seem to shun. For this book, she availed herself of primary sources such as public documents, most of them only recently made available, written testimonies, and tape-recorded as well as personal interviews with sources which, contrary to some authors, she duly identifies.

However, although evidently quite fond of details, Jiménez de Wagenheim avoids mentioning meaningful events if only, in this particular case, at least in bibliographical notes. Such is the case of the Rhoads scandal ―very likely one of the reasons the Nationalist party resorted to armed struggle―; Albizu’s claims of exposition to radiation ―which Carmín Pérez and Isabel Rosado mention in their interviews as does Rosa Collazo in her memoirs―; and the insanity diagnosis governor Muñoz Marín ordered specially for the Nationalist leader in order to counter those claims.

On the other hand, this book’s abundance of biographical data is such that, despite my having conversed now and then with nine of the women here portrayed and having interviewed most of them decades ago, there is an array of facts I have come to learn only from reading the meticulous narrative it contains.

Despite its use of the verb “assassinate” in reference to the attempt by freedom fighters to execute President Truman and to assertions regarding Albizu’s state of health while in the U.S. that can be refuted on the basis of the historical record, Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s is a reliable source of knowledge about our plight under U.S. imperialism. Written in English, it not only will tend to strengthen even more the cultural and political ties between Puerto Ricans in our motherland and those in the U. S. and elsewhere, but also will illuminate other readers who are just beginning to learn about our existence as a subjugated Caribbean nation.

Based on experience, one can reasonably expect the Puerto Rican Independentist Party to go out of its way to make sure that it is widely distributed throughout the Island.

octubre de 2002. (Primera Hora).

Cuando estaba en la creencia de que ya se había disipado el asunto del notorio libro de Nelson Denis, acabo de tropezarme con un artículo del pasado mes de julio en el cual su autor, en vano empeño por refutar las sobrias y debidamente documentadas críticas que ha recibido el libro, recurre al igual que otros ―acá y allá― a caerle arriba al mensajero.

Ángelo Falcón, boricua residente en Nueva York, me ha atribuido la baja pasión de la “envidia” como el motivo por el cual he defendido a don Pedro Albizu Campos de los vituperios de los que fue objeto en el libro War Against All Puerto Ricans, así como por haber señalado que el mismo contiene datos intencionalmente falsos sobre personajes y sucesos de la historia de Puerto Rico.[i]

Anteriormente he respondido a semejantes ataques personales con la cortesía y la elegancia que siempre he procurado que caractericen mis escritos, pero en esta ocasión opto por prescindir de ambas. Así lo he decidido porque la cortesía en mis respuestas parece haber envalentonado a especímenes como Falcón, cuyo resumé le sugeriría a cualquier persona prudente conocedora de la dinámica política y comunitaria de esa gran ciudad, que durante los pasados 30 años no ha sido otra cosa que un “poverty pimp”; un “chulo de la pobreza” de los que abundaron en esa ciudad desde la década de los 70.

Comienza el presidente y co-fundador del National Institute for Latino Policy (NiLP) con el disparate de que “tal parece que Denis está enfrentando una crítica hostil, pero no de la derecha, como uno esperaría, sino [¡]de la izquierda puertorriqueña en la Isla!”[ii] ―así, con signo de admiración. Ahora bien, ¿por qué se asombra alguien de que sea “la izquierda” y no “la derecha” la que salga en defensa de Albizu y de la historia del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador y de Puerto Rico mismo? Él no lo dice. ¿Acaso será porque no conoce la política en Puerto Rico tan bien como la que se da en Nueva York? No lo creo. La razón podría ser que desconoce los pormenores pertinentes a los asuntos específicos que se le señalan a su protegido; es decir, que no se ha interesado en conocer la vida de Albizu, de sus luchas, de su persecución.

Más adelante alude a mi artículo “¿Guerra contra quién?” y al de Iris Zavala Martínez de título “Una Mirada Crítica a War Against All Puerto Ricans de Nelson Denis” y se pregunta a qué puede deberse esta reacción. ¿Cuál reacción? ¿La de boricuas residentes en la Isla quienes, por conocer la represión yanqui por haber sido víctimas de la misma además de haberla documentado, hemos optado por ejercer nuestro derecho a criticar libremente la obra en la que un autor ―sea quien sea― distorsiona aspectos de nuestra historia?

A renglón seguido alega este boricua, miembro de “numerosas juntas de organizaciones cívicas”[iii] de Nueva York que “Una explicación es que Denis, como nuyorican, cruzó la línea al escribir sobre un asunto que es visto como exclusivo de la izquierda en Puerto Rico”. Dice que “es visto como exclusivo de la izquierda en Puerto Rico”, pero sin decir quiénes lo ven así.[iv] Para alguien que se lucra de explotar para propio beneficio las relaciones entre hispanos en general y entre la diáspora boricua y los residentes de la Isla en particular, nada edificante ni conciliatoria es esa infundada crítica a lo que denomina “la izquierda en Puerto Rico” en obvia alusión a quienes abogamos por la independencia de nuestra patria.

El presunto “poverty pimp” de estos tiempos se guilla de psiquiatra y afirma sin encomendarse a nadie que “otra [explicación] es que se debe a envidia debido al gran éxito de Denis en mercadear el libro y sus ideas tan ampliamente”.[v] A estas alturas, este sujeto y que sepa, ninguno de los otros apologetas de Denis, ha hecho el menor intento de refutar siquiera uno de los señalamientos que he hecho y que otras personas han hecho respecto de las falacias de su libro; no he dicho “errores”, sino falacias y ya antes dije que fueron intencionales.

Sabemos, desde luego, que “el ladrón juzga por su condición”. Por consiguiente, es de esperarse que alguien que aparenta ser un “chulo de la pobreza” piense en términos así de egoístas ante unos sólidos señalamientos que ansía desacreditar, pero para lo cual carece totalmente de argumentos inteligentes por falta de información. Este individuo es incapaz de suponer que cuando una persona que lucha por la independencia de su patria opta por utilizar la palabra escrita como método de lucha ―y eso es lo que he hecho durante décadas tanto en mi país como en la Ciudad de Nueva York―, lo que interesa es divulgar información por todos los medios a su alcance aunque en el proceso incluso incurra en pérdidas económicas y encima sea objeto de persecución política. Ese proceder, por supuesto, no cabe en el recinto mental de quien ha hecho de la explotación de la pobreza y de su exposición en los medios, su principal modo de subsistencia.

Pero espere, al individuo este se le ocurre otra “explicación” para el hecho de que su pana haya sido severamente criticado por algunos de sus compatriotas del lado de acá del charco: es que Denis, dice él, no es ni “investigador” ni “académico” y se excedió al presentarse como si lo fuera, pues “no conoce a fondo el tema sobre el cual escribe”.[vi] Por esa razón, por su falsa representación, dio lugar a que los que sí investigamos y publicamos escrupulosa y disciplinadamente nos percatáramos de inmediato de lo que él opta por denominar “inexactitudes” y “escasez de fuentes”,[vii] que en efecto las hubo. Ante semejante defensa cualquiera exclamaría: “¡Por favor, no me defienda, compadre!”

Agrega, con signo de admiración, que se le cuestionó a Denis “¡hasta la precisión en la cita que utilizó como título de su libro!”[viii] Esta afirmación denota una clara actitud de escaso respeto por la verdad ―ya sea histórica o de otra índole― por parte de Falcón, pues es evidente, según lo revelan informes de prensa de la época, que Denis alteró por pura utilidad propagandística una cita directa de un personaje de la Historia. Nos hace ver Falcón que nada importante es alterar unos hechos con tal de que sirvan un propósito comercial del cual se derive lucro.

El editor del boletín del NiLP no estaba conforme todavía y aprovecha su ventajoso cargo para aludir directamente a mi persona, lo que ni siquiera Denis ha tenido la iniciativa de hacer todavía. Dice él que puede comprender “que un tipo como Pedro Aponte Vazquez (sic), que ha escrito varios libros sobre Albizu y asuntos relacionados, súbitamente despierte para ver que un abogado de El Barrio como Denis reciba toda esta atención desde su primer intento de escribir sobre el mismo asunto!”[ix] El tipo este desconoce dos hechos fundamentales en lo que a esa afirmación respecta: la amplia divulgación que recibieron desde mediados de la década de los 80 los hallazgos de mis investigaciones sobre la muerte de Albizu, así como mi desenterramiento del caso Rhoads y mi teoría de que este puede haber sido el autor intelectual de las torturas que denunció Albizu.

Falcón, cual chulo de la pobreza, demuestra estar en la creencia de que quien se dedica a la investigación histórica, incluso la de implicaciones abiertamente políticas y contrarias al régimen, tiene como fin enriquecerse materialmente. Poco o nada sabe el pobre sobre los riesgos y las represalias a las que uno se expone y los gastos en los que incurre cuando, como este guerrillero de las letras, hace su labor sin respaldo de instituciones privadas ni gubernamentales ―y hasta sin empleo remunerado. Desde luego que Nelson Denis, con su historial de afiliación con un bufete de abogados de la Ciudad de Nueva York que fue fundado y manejado por el padre de la CIA, probablemente tuvo y tiene a su disposición un enorme andamiaje publicitario que muy discretamente financia y maneja su mercadeo y el de su libro con metas políticas a largo plazo que podrían no ser afines con los de esa “izquierda”. Operando en la oscuridad, esa secreta, sigilosa y eficaz entidad aparentemente logró persuadir a independentistas en Puerto Rico a creer que, toda vez que el libro contiene algunas verdades, era su deber apoyar su mercadeo aunque distorsiona nuestra Historia y encima difama y ridiculiza a Albizu.

La arrogancia de este energúmeno, quien bajo ninguna definición es representativo de la nación puertorriqueña y ni siquiera de su diáspora allá –pues dijo Albizu que “la patria la representan quienes la afirman”–, llega al extremo de decir que “los nuyoricans” tienen el derecho de “cambiar la historia de Puerto Rico”.

Veamos lo que dijo este oportunista: “A medida que Denis trabaje en la versión española del libro, veremos si hace algunos cambios basados en las críticas académicas presentadas, pero dudo que esto vaya a alterar su principal línea argumentativa o el derecho de los nuyoricans a interpretar, así como a cambiar la historia de Puerto Rico”.[x]

[i] http://www.nilpnetwork.org/NiLP_Review_-_July_26_2015.pdf, págs. 5-6, accedido 4 junio 2016.

[ii] “Now it appears that Denis is experiencing a backlash, but not from the right as one would expect but from the Puerto Rican left on the Island!”

[iii] https://www.linkedin.com/in/angelofalcon

[iv] “One explanation is that Denis, as a Nuyorican, crossed the line in writing on a subject seen as the sole purview of the left in Puerto Rico.

[v] “Another is that it comes from envy given Denis’ great success in promoting the book and its ideas so widely..”

[vi] Then there is the explanation that it is disciplinary in nature — although Denis may have oversold his credentials as a researcher, the fact is that he isn’t an academic and really has no published track record in studies related to his book.

[vii] A lot of the criticisms he got from academics had to do with inaccuracies in his facts and poor sourcing (questions were even raised of the accuracy of the quote that Denis used as the title of the book!).

[viii] Ibid.

[ix] “I mean, I can see where a guy like Pedro Aponte Vazquez, who has written several books on Albizu and related subjects, all of a sudden wakes up to see some El Barrio lawyer like Denis get all this attention from his first try at the same subject!” Emphasis added.

[x] Emphasis added. “As Denis works on the Spanish version of the book, we’ll see if he makes any changes based on the academic critiques presented, but I doubt if this will alter his main line of argument, or the right of Nuyoricans to interpret, as well as change, Puerto Rican history.”

 

A propósito del caso que se ventila en la Corte Suprema de EE. UU. en el cual se examina la condición política de Puerto Rico, reproduzco aquí un segmento de mi libro LAS MEMORIAS QUE DON PEDRO NO ESCRIBIÓ.

Recalco para beneficio de los lectores descuidados que Albizu no escribió sus memorias, pero que estas “memorias”, aunque producto de mi imaginación, se ciñen a las expresiones públicas documentadas que el prócer hizo en distintos momentos, así como a interpretaciones de su pensamiento basadas estrictamente en esas manifestaciones suyas, y a datos biográficos obtenidos de otras fuentes igualmente fidedignas. Este fragmento, titulado el referido libro “El Tratado Briand-Kellog”, alude al caso de Estados Unidos vs. Luis F. Velázquez, por medio del cual Albizu aspiraba a probar judicialmente que es ilegal la presencia yanqui en nuestro territorio nacional.

Es de lamentar que ninguna entidad independentista haya aprovechado la actual coyuntura para acudir ante la Corte Suprema del invasor como “amigo” de la Corte –aunque no lo sea—para recordarle a ese organismo el planteamiento jurídico de Albizu. Veamos:

Estados Unidos ha pasado por alto el Tratado Briand-Kellog firmado en Paris en el 1928, que condena el uso de la guerra como instrumento de política nacional para la solución de conflictos entre las naciones, a pesar de que lo ratificó en el 1929, por lo que es ley en Estados Unidos. En torno al mismo dijo Frank Kellog, plenipotenciario de Estados Unidos, que en lo que a la humanidad y a la civilización concierne, toda guerra constituye de por sí una agresión contra la existencia del ser humano. Además, en armonía con dicho Tratado, si no por otras razones de sensibilidad humana, la ley de conquista que emana del concepto feudal del derecho internacional, que permitía la conquista mediante la guerra de una nación contra otra y la retención de la víctima como propiedad del victorioso, debe estar muerta también en Estados Unidos.

En septiembre de 1935, en mi defensa de Luis Florencio Velázquez ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la merecida bofetada que le propinó en pleno rostro al presidente del llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, Emilio del Toro Cuebas, presenté estos argumentos, entre otros, con la esperanza ingenua de lograr que los juristas de ese alto foro también actuaran en armonía con el mencionado principio del Derecho internacional.

Velázquez, con quien luego compartí cárcel en Atlanta, cometió el hecho en la propia oficina del juez, en la hora del almuerzo, a modo de reto de caballero porque, durante la celebración oficial de la independencia del país que nos sojuzga, el alto funcionario judicial había hecho expresiones que Velázquez lógicamente, como patriota al fin, consideró contrarias a los intereses de la patria.

El juez Carballeira, del Tribunal Municipal de San Juan, lo declaró culpable de agresión agravada y, en un juicio de novo, el Tribunal de Distrito lo confirmó.

Fue nuestra contención en apelación ante el mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico no tenía jurisdicción en este caso toda vez que los hechos ocurrieron en la estructura conocida como Barracas de Santo Domingo, un lugar que perteneció a la Corona Española, pero que entonces era propiedad exclusiva del gobierno de Estados Unidos, como ya lo había establecido el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el caso de United States v. Iglesias. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ubicado entonces en el referido edificio, declaró nuestros planteamientos sin lugar y apelamos ante el Tribunal de Apelaciones. Para decepción nuestra, el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón. Fue una gran decepción — aunque una mayor aún nos esperaba — porque desde el principio había sido el propósito perder el caso hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos y plantear allí la nulidad del Tratado de París en cuanto a la cesión de Puerto Rico se refiere.

Por insistencia nuestra, el juez Carballeira aseguró el inicio del proceso al declarar a Velázquez culpable. Afortunadamente, el gobierno de Puerto Rico radicó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y, tal cual lo habíamos planeado, hicimos el planteamiento en torno a que el traspaso de Puerto Rico por España a Estados Unidos era nulo, por lo que ese tribunal no tenía jurisdicción en el caso. La decepción que nos aguardaba fue que el Tribunal denegó el recurso solicitado por el gobierno de Puerto Rico sin entrar a considerar los argumentos. Así ganamos el caso criminal y la libertad de Velázquez, quien había sido sentenciado a un año de cárcel, pero perdimos la oportunidad de liberar a nuestra patria por la vía judicial.

El gobierno de Estados Unidos ha optado por callar. Ellos no entran en la cuestión de Derecho. Nunca la discuten. Su supremo tribunal opta por decir que ellos están aquí por derecho de conquista. Al menos hay honradez en eso. Son los lacayos nacidos aquí los que nos dicen que esto es un mundo de democracia y libertad. Confío en que, en algún momento futuro, una nueva generación de puertorriqueños vuelva a plantear este asunto en un momento histórico en el que sea más probable encontrar mayor receptividad.

Mientras tanto, insisto en que la tesis del Partido Nacionalista es que Puerto Rico es libre, soberano de propio derecho. Les digo a los independentistas que ese es el camino, que no vayan a Washington a buscar agua bendita porque en Estados Unidos lo que hay es agua satánica. El reconocimiento de la independencia de Puerto Rico en la Habana no se debe al partido pipista ni al partido Nacionalista. El reconocimiento que se ha hecho en la Habana obedece a que cada generación tiene que caer en la resurrección, como ha sido desde Güeybaná hasta el obispo Arizmendi, con Betances, que levantó en armas a la nación, con Rosendo Matienzo Cintrón, que en el 1910 se levantó en el Concejo Ejecutivo para juzgarlos de mañosos y de venenosos.

Nota del mes de julio de 2002 del compañero Heriberto Marín, participante de la insurrección Nacionalista de octubre de 1950, sobre Las memorias que don Pedro no escribió: