Sobre Experimentos con Radiación en Humanos
Radiación en Humanos: Publican Informe Sobre Experimentos
© Pedro Aponte Vázquez
(Publicado en Claridad, 22-28 marzo, 1996, pág. 14)
El Ejército de Estados Unidos mantenía un contrato con el Instituto Sloan-Kettering de Nueva York, antes Memorial Hospital, para conducir experimentos con radiación en humanos durante la década del 50, cuando el doctor Cornelius P. Rhoads era director de esa entidad de la familia Rockefeller, según lo revela el recién publicado Informe final del Comité asesor sobre experimentos con radiación en humanos.
El Informe cita de un boletín semanal del llamado Departamento de Defensa (antes, de Guerra) del 16 de noviembre de 1959 en el cual el Pentágono da a conocer la “renovación” de dicho contrato y expresa la esperanza de que los experimentos del Sloan-Kettering le provean al Ejército “respuestas” sobre los efectos de la radiación en humanos.
En dichos experimentos, los investigadores irradiaban todo el cuerpo, por lo que se les denominaba TBI (Total Body Irradiation).
Según el Informe, el Sloan-Kettering había participado en experimentos similares para el Proyecto Manhattan entre diciembre de 1942 y agosto de 1944 y, entre los años de 1954 y 1961, más de veinte pacientes fueron sometidos allí a experimentos de TBI.
El Sloan-Kettering, además, hizo durante ese período un estudio para el mal llamado Departamento de Defensa sobre los “efectos agudos de la radiación en humanos”. Señala el Informe, que el Sloan-Kettering “era un prominente centro de investigación del cáncer en Estados Unidos y tenía una larga historia en usar y experimentar con TBI” (énfasis del autor).
Aunque el Informe no lo menciona, sabemos que el doctor Rhoads fue director del Memorial Hospital entre el año de 1940 y su ingreso en el ejército durante la “segunda guerra mundial” y del Sloan-Kettering desde el año de 1945 hasta su muerte en el 1959. Así lo revela el obituario que publicó entonces el diario The New York Times.
El obituario dice, además, que Rhoads era simultáneamente asesor médico de la Comisión de Energía Atómica (CEA), antes Proyecto Manhattan, y que en el año de 1945 fue condecorado por su contribución al desarrollo de la guerra química.
El doctor Cornelius P. Rhoads fue el médico investigador que la Fundación Rockefeller envió a Puerto Rico en junio de 1931 con el propósito de repetir aquí con humanos un experimento sobre la anemia que otro médico había hecho en California con perros. Cinco meses después de llegar a Puerto Rico, Rhoads le confesó en una carta manuscrita a su amigo Fred Waldorf Stewart, alias “Ferdie”, que había asesinado a ocho personas y, además, les había trasplantado el cáncer a varias más.
Rhoads nunca fue interrogado y mucho menos acusado.
Dos décadas después, según revela el Informe, la Fundación Rockefeller participó en el Proyecto Sunshine, de la CEA, para obtener subrepticiamente muestras de restos humanos en el extranjero, donde la Fundación tenía (y tiene) muchos “contactos”.
El hecho de que el Sloan-Kettering haya estado involucrado en experimentos con radiación en humanos para el Ejército, fortalece la teoría que expuse en el año de 1983 en el sentido de que el asesino Rhoads puede haber sido el autor intelectual de la tortura y el asesinato de don Pedro Albizu Campos por medio de la radiación, pues hace evidente su relación con ese tipo de experimentos, su acceso a sustancias radiactivas y su conocimiento de las interioridades de la mafia nuclear (Vea: “¿Asesinó Rhoads a Albizu?”, CLARIDAD, 14-20 enero, 1983, pág. 16, reproducido en Crónica de un encubrimiento: Albizu Campos y el caso Rhoads, págs., 100-101) Esto no necesariamente significa, sin embargo, que la exposición de Albizu a la radiación haya constituido un experimento científico formal del gobierno de Estados Unidos.
El referido Informe, de 925 páginas, es el resultado de un estudio minucioso y amplio conducido durante 18 meses por encomienda directa del presidente Bill Clinton al referido Comité asesor por motivo de las revelaciones del propio Departamento de Energía en torno a los miles de experimentos con humanos realizados en Estados Unidos desde la década del 40 hasta la del 70.
En esos experimentos, los investigadores científicos sometieron a hombres, mujeres, niños y comunidades enteras a la radiación sin su conocimiento o sin un consentimiento debidamente informado.
El estudio, sin embargo, abarcó mucho más, pues incluyó otros experimentos de décadas anteriores que no fueron necesariamente con radiación, pero fueron igualmente lesivos a la dignidad humana.
El Informe constituye en verdad un extraordinario Mea Culpa del gobierno de Estados Unidos, profundamente preocupado por su convencimiento de que ha perdido la confianza del Pueblo norteamericano en sus entidades públicas y en la comunidad científica.
El Comité asesor atribuye esa pérdida de credibilidad a la alta secretividad ―la que califica de “generalmente exagerada y muchas veces innecesaria”―, con la cual las agencias federales y las entidades privadas contratadas llevaron a cabo sus proyectos de investigación científica durante más de medio siglo.
El Informe se ocupa de recalcar del modo más inequívoco la ya confirmada práctica del gobierno federal de mentirle al público no sólo sobre la existencia misma de los experimentos o de la naturaleza de los mismos, sino, peor aún, sobre los riesgos y peligros inminentes que representaban. A tales efectos dice que:
“Desde su origen en el año de 1947, la CEA decidió mantener secretos los experimentos del Proyecto Manhattan sobre la base de su preocupación por los ‘efectos adversos en la opinión pública’ y posibles ‘pleitos judiciales’, aun cuando la seguridad nacional en sí no estuviera invocada expresamente”.
Entre los numerosos ejemplos que el Informe menciona sobre la práctica de engañar, figura el de un estudio sobre la exposición de mineros de uranio al radón en el año de 1955 con el fin de determinar la incidencia de cáncer pulmonar entre alrededor de 1,500 trabajadores de unas 300 minas.
Un científico de la Universidad de Rochester, Louis Hempelmann, le sugirió a la División de Biología y Medicina de la CEA que la persona que fuera a conducir el estudio dijera que representaba a una compañía de seguros de vida. Explicó Hempelmann:
“No sé si estas ideas son del todo útiles. Es más difícil encontrar una excusa para estos trabajadores individuales de lo que es en el caso de pacientes que fueron tratados por esto o lo otro en un hospital. Creo que a alguien con imaginación podría ocurrírsele una idea mejor que las que he tenido hasta la fecha”.
Los autores del Informe no pasan por alto la implicación del comentario de Hempelmann en el sentido de que no era sólo a los trabajadores a quienes los médicos investigadores engañaban, sino a los pacientes también, “y con mayor facilidad”.
Indican, además, que el comentario es “particularmente chocante” por venir de quien, como asesor de Robert Oppenheimer, propuso el experimento con las inyecciones de plutonio en humanos y después de la guerra fue profesor de radiología experimental en la Universidad de Rochester, importante contratista biomédico de la CEA.
“Así, pues,” agregan, “si la declaración es reflejo de la disposición para engañar a los pacientes, se trata de la declaración de un doctor que está en medio de la comunidad biomédica de la CEA y fue hecha nada menos que directamente a la dirección de la División de Biología y Medicina de la CEA“.
El director de la referida división de la CEA, Charles Dunham, coincidió con Hemplemann en que había que engañar a los mineros y se optó por decirles que el estudio era parte de un “abarcador programa” cuyo fin era asegurarse de que “los controles de seguridad [… fueran] absolutamente perfectos”.
La CEA les aseguró no tener la menor duda de ello, pero que necesitaba “documentar este hecho para el expediente”.
El Comité asesor critica sin rodeo alguno la práctica arbitraria de las fuerzas armadas y de la CEA de impedir la divulgación de documentos que deben estar disponibles para el público. Cita el Comité la regla que dispone la clasificación de “Confidencial” de un documento cuando contiene información que, “aunque no ponga en peligro nuestra seguridad nacional, pueda ser perjudicial para los intereses o el prestigio de la Nación, de un individuo o de cualquier actividad del gobierno o pueda ser ventajosa para otra nación” (énfasis en el Informe, pero no en el documento original de la CEA).
Esa regla, promulgada por el Ejército en el año de 1936, fue ampliada subsiguientemente para incluir documentos que pudieran ser “embarazosos”. Cuando se dan esas circunstancias, un documento puede ser clasificado como “Secreto” o “Confidencial”.
El Informe confirma que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado las clasificaciones de “Secreto ” o “Confidencial” no sólo para proteger su “seguridad nacional”, sino también con el propósito de evitarse pleitos judiciales, situaciones “embarazosas” y hasta reclamos de condiciones más seguras de trabajo o de compensación económica por riesgo ocupacional por parte de uniones obreras.
Ante tales circunstancias, pues, es lógico suponer que el gobierno de Estados Unidos habrá de suprimir durante muchos años más cualesquiera documentos que tenga en torno a la tortura y el asesinato de don Pedro Albizu Campos, sobre todo cuando el Comité asesor admite en su Informe que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el propio Departamento de Energía han destruido miles y miles de documentos “comprometedores”. #