link120 link121 link122 link123 link124 link125 link126 link127 link128 link129 link130 link131 link132 link133 link134 link135 link136 link137 link138 link139 link140 link141 link142 link143 link144 link145 link146 link147 link148 link149 link150 link151 link152 link153 link154 link155 link156 link157 link158 link159 link160 link161 link162 link163 link164 link165 link166 link167 link168 link169 link170 link171 link172 link173 link174 link175 link176 link177 link178 link179 link180 link181 link182 link183 link184 link185 link186 link187 link188 link189 link190 link191 link192 link193 link194 link195 link196 link197 link198 link199 link200 link201 link202 link203 link204 link205 link206 link207 link208 link209 link210 link211 link212 link213 link214 link215 link216 link217 link218 link219 link220 link221 link222 link223 link224 link225 link226 link227 link228 link229 link230 link231 link232 link233 link234 link235 link236 link237 link238

Sobre el libre acceso a los documentos públicos en Puerto Rico

La ley 5 de 1955 sobre la conservación y disposición de documentos públicos, según ha sido enmendada, define el término “documento” como “todo papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo plano, cinta magnética, disco, videocinta, o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo sin importar su forma o características físicas”.

Según la referida ley, “Documento público es todo documento que se origine, conserve, o reciba en cualquier dependencia del Estado de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que se haya de conservar permanente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su utilidad administrativa, valor legal, fiscal, cultural, o informativo según sea el caso, o que se haya de destruir por no tener ni valor permanente ni utilidad administrativa, legal, fiscal, cultural, o informativa y una copia de todas las publicaciones de las publicaciones de las dependencias gubernamentales”.

Dice esta ley, además, que “Dependencia incluye todo departamento, agencia, o entidad corporativa, junta, comisión, cuerpo, negociado, oficina y todo otro organismo gubernamental de las tres Ramas del Gobierno del Estado y los municipios”. Se entenderá por “documento público todo documento que expresamente así se declare por cualquier ley vigente o que en el futuro se apruebe”. La referida Ley 5 establece que “es necesario aclarar que las disposiciones del Código Penal de 1974, enmendado, relativas a documentos públicos, son de aplicación a los documentos a que se refiere esta ley […]”.

Por consiguiente, Puerto Rico no necesita nueva legislación con el anunciado propósito de crear o fomentar la “transparencia” tocante al acceso que deberá tener toda persona a los documentos que generan las entidades públicas, pues es ese, precisamente, el propósito de conservar los documentos. Lo que Puerto Rico necesita es que las entidades pertinentes ―comenzando con el llamado Archivo General del Instituto de Cultura―, así como el Pueblo mismo, se ocupen de que se cumpla esa ley y de que se cumpla estrictamente.

Lo que sí podría proceder es examinar con cuidado esta ley que ya existe y ver si es necesario enmendarla, pero sin menoscabo de las garantías que ya provee.