Pedro Aponte Vázquez

En septiembre de 1953, en su afán por socavar y destruir la credibilidad del prócer Pedro Albizu Campos y así desmentir sus denuncias de que era objeto de torturas por radiación atómica, la Administración del gobernador Luis Muñoz Marín decretó que el líder Nacionalista sufría graves trastornos mentales y lo expulsó de Ia cárcel de La Princesa sobre la base de un indulto condicional que el ilustre preso rechazó. Cinco meses después, el propio Gobernador ordenó su arresto y encarcelamiento por medio de una maniobra en la cual el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico servilmente se involucró. (La Justicia y la Historia claman por un estudio jurídico concienzudo de cada uno de los procesos judiciales contra Pedro Albizu Campos).

El decreto de locura, pese a sus obvias deficiencias y a las circunstancias en las cuales surgió, propias del oscurantismo, se arraigó de inmediato en la sociedad puertorriqueña y durante décadas ha permanecido en su memoria colectiva. Estos hechos, por demás irrefutables, permitieron que prevaleciera entre los incautos Ia posición del gobierno de Estados Unidos y de su gobierno títere en Puerto Rico de que Albizu no había sido objeto de torturas de índole alguna que le causaran Ia muerte a largo plazo. Por consiguiente, cuando en agosto de 1984 llevé personalmente las denuncias del prócer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, los medios de información aquí (y, por supuesto, allá) pasaron por alto el hecho. Hube de recurrir entonces a desarrollar, con muy escasa experiencia, una amplia campaña de divulgación que afortunadamente resultó efectiva.

Entre las nuevas generaciones, los que vieron los abusos terroristas del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos del sureste de Asia y contra Libia, así como contra Cuba y otras naciones latinoamericanas; los que dudaron las versiones oficiales sobre el golpe de estado al presidente John F. Kennedy; los que supieron de día a día sobre el escándalo de Watergate y vieron al presidente Nixon mentir con Ia mayor desfachatez; los que vieron las luchas de los negros y los nativos americanos en Estados Unidos por sus derechos civiles y humanos; los que se enteraron del entrampamiento y los asesinatos en Maravilla y el subsiguiente encubrimiento; los que aprendieron a dudar de la palabra de los políticos, esos rechazaron de plano el cuento de la locura o, cuando menos, lo pusieron en duda.

Entre las generaciones anteriores, los que acostumbraban aceptar pasivamente los dictámenes gubernamentales y no dejaban cabida a Ia duda siquiera con el fin de “conducir bien la razón”, a lo Descartes, han tropezado de repente con la admisión pública del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado utilizando a escondidas a mujeres embarazadas, niños y niñas retardados, militares y presidiarios desde la década de 1940 para hacer averiguaciones sobre los efectos dañinos de la radiación atómica en los seres humanos. Aunque la secretaria de energía Hazel O’Leary hizo la admisión al cierre del año de 1993, se sabe que los hechos ya habían comenzado a surgir en los medios noticiosos desde el año de 1971. Por desidia o, con más probabilidad, por razones políticas, la Prensa optó por no profundizar en el asunto y no dedicarle tiempo y espacio para el seguimiento. Peor aún, el New York Times, tan utilizado por los investigadores, se ocupó de restarle importancia a un informe de octubre de 1986 del Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el cual contenía las revelaciones que habrían de repercutir en el año de 1994 cual si se tratara de una noticia “acabada de recibir”. Según informa la Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) en su edición de marzo-abril de 1994, el New York Times soslayó el contenido de más de 90 páginas del informe que aludían a lo antiético de los experimentos y llevó a sus lectores la idea de que las personas objeto de la experimentación atómica se habían sometido a la misma voluntariamente. “Voluntarios en E. U. sometidos a radiación”, fue el título del breve artículo sin firma que el Times de Nueva York publicó tímidamente en su página A-20.

La retrasada admisión del gobierno de Estados Unidos en torno a estos abusos contra sus propios ciudadanos causó, como por arte de magia, que en Puerto Rico hasta los intelectuales de butaca reclinable descartaran la versión oficial sobre las denuncias de tortura de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, en la primera semana de octubre de 2007, la agencia de noticias norteamericana Prensa Asociada dio a conocer que el Departamento de la Guerra de Estados Unidos (denominado de Defensa) recibió autorización para utilizar la radiación con el propósito de asesinar a líderes políticos extranjeros que fuesen desafectos al modo del gobierno de Estados Unidos de resolver determinados problemas políticos.^[1]

Este escrito alude al diagnóstico de locura que se le fabricó a Albizu, a las espantosas deficiencias y contradicciones del mismo, al contexto político del cual surgió y a las decisiones contradictorias que le siguieron, con énfasis en el papel que desempeñaron el gobernador Luis Muñoz Marín y su leal secretario de justicia, José Trías Monge, así como los médicos y médicos siquiatras que de un modo o el otro tuvieron injerencia en el asunto.

Aunque los hallazgos de la investigación objeto de este ensayo han sido ampliamente divulgados aun desde antes de la primera edición de este libro en 1994, un monólogo de título Albizu: todo o nada nos presenta a un Albizu loco de remate, furioso y agresivo que en las postrimerías de su vida, todavía encarcelado, cree haber sido traicionado por los militantes de su partido. Al semanario Claridad no le pareció bien publicar un artículo de refutación que le sometí, por lo que he optado por incluirlo como apéndice en esta edición.

No me es posible mencionar a todas las personas que directa e indirectamente me ayudaron en este esfuerzo. De hecho, algunas quieren que no las mencione. Muchas otras han contribuido sin saberlo: las que han patrocinado mis publicaciones anteriores y las que con evidente entusiasmo me han exhortado a seguir en esta labor.

Agradezco, además, la gentileza de los estudiantes y empleados de Ia Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; de la señorita Hilda Chicón y sus compañeras y compañeros de la Sala de Referencia del Archivo Nacional de Puerto Rico (mal llamado Archivo General); y del joven archivero Julio Quirós Alcalá, de la Biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín. Al fotógrafo independiente José Luis León le agradezco sus servicios profesionales sin costo alguno aun en sus momentos de mayor necesidad. Además, recibí los servicios del Proyecto de Digitilización de Fotos del Periódico El Mundo, adscrito a la Biblioteca Lázaro. Las fotos aquí identificadas con las siglas en paréntesis de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son propiedad de ese Proyecto.

Verá usted que este trabajo de investigación no habría sido posible sin el peritaje que me proveyó, también sin costo alguno, el siquiatra forense Víctor J. Lladó y los servicios que obtuve del licenciado Alejandro Torres Rivera, del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico. El licenciado Torres Rivera me representó en la demanda que incoé en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de la Administración de Corrección para obtener copias de documentos públicos pertinentes a don Pedro Albizu Campos. Por orden del juez superior Arnaldo López Rodríguez esas entidades depositaron conjuntamente una gran cantidad de documentos, pero no todos, en nuestro Archivo Nacional. En la demanda participó, además, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ambas entidades y el licenciado Torres Rivera rindieron sus servicios libre de costo.

Desde que inicié mis tareas de investigación de la vida y Ia muerte de don Pedro Albizu Campos tuve el privilegio de contar con los testimonios y total respaldo de los siguientes discípulos suyos que participaron en los trabajos del Comité pro defensa de don Pedro Albizu Campos: Isabel Rosado Morales, José Rivera Sotomayor, Rosa Collazo, Lydia Collazo, Paulino Castro, Juanita Ojeda, José Antonio “Ñin” Negrón, Antonio Moya Vélez y Ruth M. Reynolds, quien, aunque no era Nacionalista, sufrió cárcel por parecerlo.

El Comité, a su vez, recibió el respaldo de varias y diversas entidades profesionales, sindicales, políticas, masónicas y estudiantiles. Coordinó los trabajos del Comité, con patriótico empeño, mi compañera y esposa Judith Ortiz Roldán. Extrañamente, los descendientes de Albizu por la línea de los Meneses apoyaron mi labor al inicio, pero sus palabras de aliento luego se convirtieron en insultos. De igual modo se condujo el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Como siempre, quedo como único responsable de lo que aquí expongo.

Pedro Aponte Vázquez

^[1]. El semanario Claridad procedió entonces a entrevistarme sobre el asunto para su edición del 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5.