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Inmerecido Homenaje a José Trías Monge

Foto 4-C Trías Monge, cropped

José Trías Monge

 

© 1996 Pedro Aponte Vázquez

(Publicado en Claridad, 31 mayo–6 junio 96, pág. 22)

El papel que el licenciado Trías Monge optó por desempeñar en la historia política y judicial de Puerto Rico no lo hace merecedor del homenaje que le rinde la prestigiosa Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico al dedicarle su próximo número.

He aquí a una persona que ha sido capaz de engañar a un gran número de personas por gran parte del tiempo y a quien, aún así, hay quienes optan por rendirle honor y sin ocultarse para ello.

Y no es cuestión de que no se le reconozcan al licenciado Trías Monge sus méritos intelectuales y las valiosas aportaciones de esa naturaleza al estudio y la historia del derecho en nuestro país.

De lo que se trata aquí es del porqué, a pesar de haber incurrido en conducta contraria a la ley y de haber sido portaestandarte de acometidas brutales contra los derechos humanos y civiles en nuestro país, se le sigue considerando no sólo persona respetable en la nación puertorriqueña, sino hasta en la comunidad académica, en el campo del derecho y, por si fuera poco, dentro del propio movimiento independentista contra el cual tuvo el placer de arremeter.

El hecho mismo de que estudiantes de derecho le rindan un inmerecido honor a un abogado de quien se sabe que en sus funciones de Secretario de Justicia incurrió en delitos y abusos de poder, debe ser motivo de profunda preocupación y de acción afirmativa para una sociedad donde la corrupción gubernamental es rampante. ¿Es que acaso esos futuros abogados del país están ajenos a los acontecimientos históricos de antigua y reciente divulgación en torno a las fechorías del astuto político Trías Monge, o es que dan como aceptable su conducta por tratarse de un intelectual del Derecho? ¿O es que, por algún extraño sortilegio, la corrupción de funcionarios públicos deja de serlo cuando no se trata de fraude contra el erario?

Con su defensa de los proyectos de ley de “La Mordaza”, el entonces profesor de Derecho se abrió camino cínica y hábilmente dentro de las estructuras del poder político, con lo que demostró que sus ansias de poder estaban por encima del concepto de lo que es justo. De ese modo se inició en un proceso de persecución política no sólo de los luchadores por la independencia, sino de los defensores de los derechos civiles y de las reivindicaciones obreras, proceso que desató y dirigió como Secretario de Justicia en estrecho y servil vínculo con el FBI.

En su cargo de Secretario de Justicia, el abogado a quien la mencionada Revista Jurídica homenajea, tomó parte en la confección de ―que se sepa― dos documentos falsos con fines puramente de estrategia político-partidista: una carta cuya autoría el gobernador Luis Muñoz Marín le atribuyó indecorosamente al presidente José Figueres, de Costa Rica, y un diagnóstico de locura hecho a la medida para un preso político ―don Pedro Albizu Campos.

Ambos documentos públicos iban de la mano hacia un mismo fin: el de socavar la credibilidad ante el mundo de un temido adversario político que alegaba ser víctima de irradiación atómica.

Cinco meses después, cuando las circunstancias políticas requirieron una vez más los servicios de un abogado de su estirpe, el homenajeado de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico desenfundó su ley predilecta, la de La Mordaza, para justificar la acción política de revocarle a aquel adversario político el indulto que, contra la voluntad del confinado, le había impuesto el Gobernador.

Existen pruebas circunstanciales de que el presidente Eisenhower le requirió a Muñoz Marín reencarcelar a Albizu en represalia por el ataque al Congreso, acción que Muñoz no había contemplado tomar, y había que satisfacer al imperio con otro sacrificio humano. El hecho de que ya se le había declarado loco y, por tanto era ilegal encarcelarlo, no habría de ser impedimento. Para eso estaba allí Trías Monge.

Uno de los funcionarios del Departamento de Justicia que sostuvieron ante el llamado Tribunal Supremo la decisión de Muñoz Marín de revocarle el indulto a Albizu en marzo de 1954, me dijo durante una entrevista personal que aun mientras llevaba el caso en contra de Albizu, su opinión era que el Gobierno no tenía pruebas suficientes.

El ex procurador general auxiliar Alcides Oquendo Maldonado indicó que comparte la opinión disidente de los jueces asociados Luis Blanco Lugo y Rafael Hernández Matos en el sentido de que la prueba no era suficiente para sostener la validez jurídica de la decisión de Muñoz Marín. (“Albizu y el indulto de Muñoz”, El Mundo, octubre de 1990 pág. 11-A).

Los referidos jueces disidentes dijeron que el único vínculo de Albizu con el ataque al Congreso surgía “única y exclusivamente de su condición de líder” del Partido Nacionalista.

Blanco Lugo y Hernández Matos opinaron, además, que “el calificativo de ‘sublime heroísmo’ a que tanto énfasis se ha dado podrá no corresponder con la opinión de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero ni aun con el mayor esfuerzo de imaginación puede decirse que sea una incitación al uso de la fuerza y violencia”. Tal vez Trías Monge pensaba lo mismo, pero había que doblegarse ante el imperio.

La peor de las fechorías ilegales de este héroe jurídico fue sin duda el haber persuadido y tal vez conminado al siquiatra Luis M. Morales a fabricar el diagnóstico en el cual declara paranoico a don Pedro Albizu Campos. Para ello, Trías Monge violó las disposiciones del Código de enjuiciamiento criminal de 1935, que requerían la intervención de tres peritos designados por el tribunal competente para dilucidar la cordura de un acusado o un convicto.

Fue insólito que el alegato de locura surgiera, no del penado, cual lo dispone el Código, sino de la propia rama ejecutiva del Gobierno: del gobernador Muñoz Marín y de su secretario de justicia, José Trías Monge. Es decir, si el penado no hace alegación de locura, el Gobierno toma la iniciativa.

Los miembros de la Junta Editora de la aludida Revista Jurídica harían bien en tomar nota de lo que dijo un profesor de siquiatría forense de su propia Escuela de Derecho en marzo de 1994 sobre ese diagnóstico.

El siquiatra forense Víctor J. Lladó examinó el informe del doctor Morales a Trías Monge, así como correspondencia interna del Departamento llamado de Justicia y reportajes de prensa y, en su informe a este autor, indicó que el procedimiento que siguió el doctor Morales “estuvo plagado de nulidad y representa una muestra del más despreciable mal uso y abuso de la psiquiatría por el Estado”. ¿Quién encargó y recibió semejante diagnóstico siquiátrico? José Trías Monge.

El doctor Lladó, ex presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Psiquiatría, señaló, además, que en las condiciones en que el doctor Morales hizo su alegada exploración mental de Albizu, “no es posible realizar una evaluación médica o psiquiátrica que sea válida ni confiable”.

Los conceptos de “validez” y “confiabilidad” de un instrumento o un mecanismo de medición se refieren, respectivamente, a que mida lo que se propone medir y que lo haga consistentemente. En el caso de una exploración para determinar el estado mental, lo que significa es que el procedimiento busque lo que se propone buscar y que siempre se encuentre lo mismo. En el caso de la alegada exploración siquiátrica de Albizu, pues, el carecer el procedimiento de “validez y confiabilidad” significa que el siquiatra no buscó lo que teóricamente se proponía buscar y que la repetición de una búsqueda como la que hizo arrojará resultados distintos. ¿Quién recibió y les divulgó a los medios noticiosos semejante diagnóstico? José Trías Monge.

Dice además el doctor Lladó que el doctor Morales, a quien describe como “ilustre colega” y “figura señera” de la psiquiatría en Puerto Rico, “lamentablemente en este caso erró y realizó un informe plagado de contradicciones y se aventuró a establecer diagnósticos psiquiátricos a pesar de que en su propio informe él mismo establece algunos de los parámetros fundamentales que invalidan y le restan confiabilidad a la alegada evaluación psiquiátrica. ¿Quién recibió gustosamente ese diagnóstico plagado de contradicciones? José Trías Monge.

Para el doctor Lladó resulta “incomprensible” que el doctor Morales no sólo hiciera “diagnósticos categóricos tan complicados y severos” sin haber existido las condiciones apropiadas para una verdadera evaluación siquiátrica, sino que, además, dijo que otros dos confinados con quien Albizu compartía la celda padecían de folie a trois, (o locura entre tres) “sin haber examinado psiquiátricamente y por separado a cada uno de los prisioneros”. ¿Quién recibió ese diagnóstico y publicó los nombres de los otros dos confinados? José Trías Monge.

El doctor Lladó señala en su informe que el folie a trois es “una extraña, rarísima y extremadamente difícil condición de diagnosticar” y agrega que el hecho de que “se prosiguiera con cualquier tipo de evaluación solapada o conversación alguna, aun a pesar del sujeto haberse negado a dar un consentimiento cabal” es “sumamente triste y sugiere treta o engaño”. ¿Quién originó y propició la treta para obtener el diagnóstico? José Trías Monge.

Concluye el doctor Lladó:

“A la luz de los principios básicos y derechos que contempla el Código de Salud Mental de Puerto Rico, la ley 116, la forma y manera que se llevó a cabo esta evaluación a Don Pedro Albizu Campos del 23 de septiembre de 1953, jamás debió ser permitida. Conviene aclarar que aunque no existiera esta legislación en aquel entonces, los principios básicos inviolables del consentimiento para los exámenes médicos sí existían desde hace muchísimos años, como el propio Dr. Morales lo hace constar en su informe del 25 de septiembre de 1953”.

¿Quién estaba detrás de esta patraña? José Trías Monge, quien no habría aceptado semejante diagnóstico si hubiera sido el abogado defensor.

Resulta evidente que así como, en palabras de Albizu, “la judicatura es el perro guardián del régimen”, Trías Monge fue por muchos años el “perro guardián” de la judicatura.

Por sus despreciables hazañas como Secretario de Justicia, cargo que ocupó entre los años de 1949 y 1957, su subsiguiente jefe político, Rafael Hernández Colón, lo premió en el 1974 con el cargo de juez presidente del mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico. Será precisamente el ex gobernador Hernández Colón quién tendrá el “honor” de hacer la apología de Trías durante la presentación del especial número de la revista el 28 de mayo en la Escuela de Derecho de la UPR.

Los siguientes futuros abogados componen la Junta Editora que le rindió tributo al licenciado José Trías Monge en su edición número 3 del volumen 65 del año de 1996 de la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico: Aníbal Espinosa Valentín, director, Carlos Candelaria Rosa, director asociado y Maricarmen Irizarry Marqués, Anabel Rodríguez Alonso y Lillian Mateo Santos, directoras asociadas.

¿Por qué un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho, presumiblemente destacados en sus estudios, seleccionan la triste figura de quien fue un corrupto funcionario público para rendirle tributo?

La directora asociada Anabel Rodríguez Alonso me informó durante una entrevista telefónica que la Junta Editora acordó en el verano pasado dedicarle un número a un puertorriqueño que se hubiera destacado en el campo del derecho, ya que anteriormente se le había dedicado un número a un jurista extranjero. Dijo que escogieron al licenciado Trías Monge, a pesar de ser una figura controvertible, por haber sido (1) miembro de la llamada Convención Constituyente de Puerto Rico, (2) Secretario de Justicia y (3) presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Señaló Rodríguez Alonso que los miembros de la Junta visitaron al licenciado Trías Monge y le notificaron sus planes y él les dijo que el mayor honor que ellos podían hacerle era el incluir artículos de sus críticos en el número de la Revista que habrían de dedicarle. (O sea, que se curó en salud). Agregó la directora asociada de la Revista Jurídica que los autores invitados seleccionaron los temas sobre los cuales habrían de escribir y que, de los 15 artículos incluidos, sólo uno llena ese requisito. Esa falta de críticos del homenajeado la atribuyó a que en la Junta Editora “no conocemos a todo el mundo en Puerto Rico”.

Trías Monge tuvo la enorme oportunidad de contribuir a que esos estudiantes conocieran a más personas en Puerto Rico exhortándolos a hurgar hasta encontrar un candidato más apropiado, o una candidata más apropiada, en lugar de conformarse con echar mano al más popular. Además, pudo haberles recalcado que ha habido y hay muchos abogados puertorriqueños que los jóvenes de hoy quizás no conocen, o de cuyas ejecutorias no se han percatado, que consistentemente han prestigiado la profesión… incluso aunque hayan participado activamente en la vida política. Pero bendito, es que la oportunidad de ser grande se les escapa siempre a los pequeños de espíritu.