link0 link1 link2 link3 link4 link5 link6 link7 link8 link9 link10 link11 link12 link13 link14 link15 link16 link17 link18 link19 link20 link21 link22 link23 link24 link25 link26 link27 link28 link29 link30 link31 link32 link33 link34 link35 link36 link37 link38 link39 link40 link41 link42 link43 link44 link45 link46 link47 link48 link49 link50 link51 link52 link53 link54 link55 link56 link57 link58 link59 link60 link61 link62 link63 link64 link65 link66 link67 link68 link69 link70 link71 link72 link73 link74 link75 link76 link77 link78 link79 link80 link81 link82 link83 link84 link85 link86 link87 link88 link89 link90 link91 link92 link93 link94 link95 link96 link97 link98 link99 link100 link101 link102 link103 link104 link105 link106 link107 link108 link109 link110 link111 link112 link113 link114 link115 link116 link117 link118 link119

El asesinato de don Pedro Albizu Campos

Apuntes para la Historia

Conferencia en el Ateneo Puertorriqueño

Ciclo de conferencias sobre

el asesinato político en Puerto Rico entre 18 febrero y 22 julio de 1995

© Pedro Aponte Vázquez

Al incluir este tema en su ciclo de tertulias, el Ateneo Puertorriqueño le ha otorgado “carta de ciudadanía” a las denuncias que el prócer Pedro Albizu Campos lanzó desde su celda en la cárcel de La Princesa[1] en el sentido de que lo estaban asesinando lentamente con radiación, aunque lo ha hecho cuando, por así decirlo, ya el Pueblo mismo le había expedido su “pasaporte”.

Esta renuencia de la intelectualidad del país a hacerse eco de lo que Albizu alegó, le facilitó al gobierno de Estados Unidos continuar con el proceso de darle muerte aquí mismo, en su propio país y ante nuestras propias narices. Además, permitió que, en respuesta a sus denuncias, el gobierno de Puerto Rico se las arreglara para declararlo loco sin tener que rendir cuentas.

Si se debió a incredulidad, la misma no se disipó después de agosto de 1985, cuando presenté ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas los hallazgos de mi investigación histórica sobre este penoso asunto en una ponencia que publiqué bajo el título de ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos.

Ya sea que se debiera a injustificada incredulidad o a comprensible temor a represalias, esta desafortunada situación ha contribuido a evitar el inicio de la investigación científica de la causa primaria de la muerte del prócer, pues ha dejado la impresión de que las denuncias carecían de fundamento.

He dicho que ya el resto del Pueblo de Puerto Rico le había expedido su “pasaporte” a las denuncias que hizo Albizu durante los primeros años de la década del 50 porque el apoyo y el estímulo para continuar en este esfuerzo no lo he encontrado en la intelectualidad, sino en asociaciones profesionales, organismos sindicales, logias masónicas, organizaciones estudiantiles, estudiantes y trabajadores no organizados, artistas, artesanos y personas desempleadas. Procede señalar que pude publicar por primera vez la referida ponencia gracias al interés y el empeño del desaparecido compañero que laboraba en PRISA, Reverendo Alberto González.

El hecho de que, en violación de lo que parece ser un tabú, salgo a la calle a vender mis libros, me ha permitido recibir retrocomunicación del público y he visto y escuchado que la opinión pública no pone en duda lo que denunció Albizu. Han sido estas personas y unos pocos intelectuales quienes se han ocupado de ampliar y extender más allá del entorno isleño la divulgación de los hechos y las teorías pertinentes al asesinato político en torno al cual conversaremos hoy.

Cuando se investiga un asesinato, es elemental que uno se pregunte si los probables sospechosos tenían motivo, oportunidad y medios para perpetrar el crimen. Toda vez que el asesinato de Albizu no fue el resultado inmediato de un acto, sino de un largo proceso que comenzó a principios del año de 1951 y culminó a mediados del 1965, debemos mirar hacia las décadas del 30 y del 40 y el inicio de la del 50 con el fin de buscar respuestas a las interrogantes sobre “motivo, oportunidad y medios”.

Motivo

Desde mediados de la década del 30, el sospechoso, el gobierno de Estados Unidos, tuvo deseos de encarcelar a Albizu por motivo de sus expresiones y acciones revolucionarias con la esperanza de que así les daría un escarmiento a él y a sus seguidores y terminaría destruyendo al Partido Nacionalista. Hasta entonces, tal vez hasta el año de 1934, Albizu había sido para el gobierno una especie de “majadero” al cual los funcionarios federales luego vieron como “insolente” y finalmente como peligroso “subversivo”. Su última “majadería” puede haber sido su intervención en la huelga de trabajadores de la caña en el 1934. Su declaración en el 1935 en el sentido de que aceptaba la declaración de guerra del jefe de la Policía, Elisha Francis Riggs, fue tal vez lo que lo convirtió de “majadero” en “insolente” y el ajusticiamiento del propio Riggs en ese mismo año tras la Masacre de Río Piedras lo transformó en peligroso “subversivo”. No parece correcta, sin embargo, la afirmación categórica de algunos historiadores en el sentido de que Albizu fue objeto de torturas en la cárcel federal en Atlanta, a menos que aceptemos como tortura el hecho de que no se le proveyó pronta atención médica cuando padeció de anemia.

Su periodo de confinamiento en Atlanta y en el Hospital Columbus en Nueva York es sin duda el menos estudiado hasta el presente y, por consiguiente, el que más mitos encierra. No es correcto, por ejemplo, que las autoridades federales le prohibieran regresar a Puerto Rico cuando fue excarcelado el 3 de junio de 1943 y que por esa razón tuvo la Ciudad de Nueva York por cárcel. La realidad es que Albizu venía obligado a regresar a San Juan y por su cuenta decidió que él para donde iba era para Nueva York. Esto, por supuesto, no fue del agrado de las autoridades federales, a las que se les formó un embrollo burocrático y legal porque no sabían a cuál oficina de probatoria le correspondía supervisarlo, si a la de San Juan o a la de Nueva York. (Las decisiones de Albizu de no aceptar la bonificación por buena conducta, recluirse en un hospital al salir de la cárcel y luego permanecer en Nueva York hasta diciembre de 1947 y las probables implicaciones históricas de las mismas, serían un interesante tema de investigación).

Mientras tanto, a Albizu le habría importado un bledo la confusión, pues, de todos modos, entre otras probables razones, él había salido de la cárcel sin aceptar las condiciones de la probatoria. Luego de que un oficial de probatoria de Nueva York le requirió que firmara en el hospital los papeles que rehusó firmar antes de salir de la cárcel, el Departamento de Justicia –asi llamado– concluyó que la gestión no tenía visos de legalidad porque era la Oficina de Probatoria de San Juan la que tenía jurisdicción. Esta conclusión del Departamento de Justicia demuestra que, en efecto, Albizu venía obligado a regresar a San Juan cuando salió de la cárcel de Atlanta. Además, el juez que lo sentenció, Robert Cooper, había ordenado el 29 de marzo de 1940 que Albizu quedaba bajo la custodia del oficial de probatoria de San Juan y que debía reportarse ante ese oficial personalmente o por correo, según lo dispusiera el referido funcionario.

El hecho mismo de que fuera liberado sin haberse comprometido a cumplir con las condiciones de la probatoria que el tribunal federal le había impuesto, fue causa de gran irritación y frustración para el corrupto director vitalicio del Negociado Federal de Investigación (FBI) John Edgar Hoover, quien de inmediato comenzó a tramar el que se le revocara la probatoria. Albizu le complicó aún más la situación al recluirse el subsiguiente 6 de junio en el Hospital Columbus, en la Ciudad de Nueva York, de donde no salió hasta el 9 de noviembre de 1945 –29 meses después. Albizu estaba bajo el cuidado de un médico personal, el doctor Epaminondas Secondari, por lo cual ningún médico del hospital podía darlo de alta, para mayor frustración de Hoover y su FBI. En resumidas cuentas, habría de ser Albizu quien decidiría hasta cuándo iba a permanecer en el hospital.

Es razonable, sino imperioso, colegir del expediente del FBI sobre Albizu, que al paranoico Hoover le causó ira el no poder lograr su reencarcelación, sobre todo cuando se enteró de que el presidente Franklin D. Roosevelt había ordenado que no se procurara revocarle la probatoria.[2] (F. D. Roosevelt murió en abril de 1945, seis meses antes de Albizu darse de alta del hospital).

Hoover se enfureció también con el director del Negociado de Prisiones, James Bennett y con el Procurador General interino, Charles Fahey, porque estaba en la creencia –errónea, eso sí, pero no sin fundamentos– de que estos funcionarios habían persuadido al presidente a tomar esa decisión en reacción a las presiones que sobre ellos habían estado ejerciendo múltiples entidades del país y del exterior. Su antagonismo contra estos funcionarios no disminuyo cuando se enteró de que la decisión de Roosevelt obedeció a que, a la luz de una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 9 de noviembre de 1942 (Braverman vs. U.S., 317 U.S. 49) no se le podía exigir a Albizu cumplir los cuatro años de las sentencias por dos casos adicionales de conspiración.

Por si fuera poco, Hoover debe de haberse sentido burlado, pues estaba convencido de que Albizu, quien aparentemente desconocía también la opinión del Tribunal Supremo en el caso de Braverman, se había internado en el hospital sin necesidad médica alguna y desde allí continuaba dirigiendo el Partido Nacionalista.

Todo parece indicar que, en efecto, la condición de salud de Albizu no ameritaba su reclusión en un hospital y mucho menos durante dos y medio años.[3] Así, pues, tampoco es correcta la versión en el sentido de que Albizu salió “moribundo” de la cárcel de Atlanta. (Lo que acabo de afirmar lo he escrito antes y parece no haber sido del agrado de uno que otro historiador, pero no es mi función acomodar los datos históricos a mis preferencias o a las de otros autores).

No bien hubo regresado Albizu a San Juan el 15 de diciembre de 1947, le hizo saber inequívocamente al Pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Estados Unidos que la persecución y la prisión definitivamente no le habían servido de “escarmiento”. Por el contrario, reanudó los preparativos para un levantamiento armado para fines del año de 1952. La insurrección del 50 a la cual el gobierno llevó al Partido, debe de haberle hecho concluir al mafioso Hoover que a Albizu sólo podría detenerlo la muerte.

Oportunidad

La rebelión de 1950 y la subsiguiente encarcelación de Albizu en la cárcel de La Princesa en San Juan tuvo el efecto práctico de colocarlo a merced del gobierno de Estados Unidos y de sus representantes en Puerto Rico. Bajo el ojo avizor del FBI, el “perro guardián del régimen”, como Albizu había descrito a la judicatura, se ocupó de mantenerlo fuera de circulación por el mayor tiempo posible aunque para ello tuviera que pasar por alto la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos –el único tribunal supremo en Puerto Rico– en el caso Braverman. El tribunal había dicho en este caso por voz de su presidente: “Ya sea que el objeto de un solo acuerdo sea el de cometer uno o muchos crímenes, comoquiera que sea, es el acuerdo lo que constituye la conspiración que el estatuto castiga. El solo acuerdo no puede verse como que constituye varios acuerdos y por consiguiente varias conspiraciones porque contemple la violación de varios estatutos y no de uno”.

Albizu fue convicto doce veces por una misma conspiración y, conjuntamente con la violación de otras leyes, fue sentenciado a cumplir de 72 a 80 años de cárcel, 54 de los cuales fueron por las doce conspiraciones. Para todo propósito práctico, Albizu había sido sentenciado a cárcel de por vida, pues hay prueba documental de que no aceptó la libertad “bajo palabra” que le ofrecieron por intermedio de su hermana Rosa cuando se encontraba recluido en el Hospital Presbiteriano.

Mientras estaba a merced de las autoridades federales y coloniales, había oportunidad de ocasionarle la muerte, pero no debía ser por los medios comunes y corrientes, pues se trataba de un preso político de estatura internacional a cuyos seguidores el gobierno consideraba sumamente peligrosos –a algunos de ellos sin razón. (Hubo Nacionalistas “peligrosos” que se convirtieron en peligrosos delatores, como lo fueron, entre otros, Gonzalo Lebrón Sotomayor y Julio Ramón del Río Adames. No he podido determinar si el confidente de la Policía Salvador González Rivera llegó a ser Nacionalista o si nunca lo fue).

Es entonces cuando, en mi opinión, entra en escena un médico norteamericano que había estado en San Juan en el año de 1931 y en cuyos oídos había retumbado el nombre de don Pedro Albizu Campos por no buenas razones: el doctor Cornelius Packard Rhoads. En aras de la brevedad no entraré en detalles en torno al caso Rhoads; tan sólo los remito a este triste y bochornoso episodio de nuestra historia con la advertencia de que es pura filfa lo que muchos historiadores han escrito sobre el mismo.[4]

Desde el año de 1932, a Rhoads y a Albizu los separaba una profunda enemistad porque fue Albizu quien denunció ante el mundo los asesinatos que aquel médico de la Fundación Rockefeller cometió en el Hospital Presbiteriano de San Juan mientras experimentaba con hombres, mujeres y niños. (No debe pasar inadvertido el hecho de que el gobierno optó por recluir a Albizu en ese mismo hospital, el cual, desde su reclusión hasta hoy día, ha tenido total dominio de su expediente clínico).

En el año de 1950, cuando Albizu es encarcelado, hacía sólo unos 19 años que el prócer lo había acusado de genocidio y tan sólo cinco años que el médico asesino había ingresado en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos en condición de asesor médico. La presencia de Rhoads en la Comisión de Energía Atómica, hoy Departamento de Energía, aumentó considerablemente la oportunidad del gobierno para darle muerte en prisión con la expectativa de no dejar rastros mediante el uso de la radiación.[5] En realidad, no es que no dejara rastros, sino que los mismos no fueran detectables a simple vista y que se tuviera el poder para impedir su detección por los medios apropiados.

Durante la década del ’40, mientras estuvo empeñado en que se le revocara la probatoria a Albizu no bien hubo salido de la cárcel de Atlanta, Hoover se enteró a través de un informe, del tropiezo que Rhoads había tenido con Albizu por los asesinatos que él mismo confesé haber cometido en San Juan. Sabía Hoover, pues, no sólo que Rhoads era un asesino consumado, sino que, además, tenía razón suficiente para considerar a Albizu su enemigo. Tenían, pues, un enemigo en común.

Medios

Debemos dar por sentado que Hoover había compilado un minucioso expediente sobre el doctor Rhoads antes de que se le reclutara para ser asesor médico de la Comisión de Energía Atómica. Creo que hasta los historiadores más incrédulos estarían dispuestos a aceptar esta premisa, pues estaba de por medio lo que el gobierno de allá denomina “seguridad nacional”. Además, seguramente esos mismos historiadores han leído extensamente sobre el siniestro personaje que fue John Edgar Hoover y saben de su pericia como manipulador de voluntades, incluyendo las de los presidentes que tuvieron el infortunio de tener que soportarlo como director del FBI. Es decir, deben de saber que Hoover acostumbraba archivar información sobre quienquiera que a él se le antojara aunque no hubiera de por medio consideración alguna de “seguridad nacional”. Se sabe, por ejemplo, que era su norma examinar de antemano el expediente que le preparaban sobre cada una de las personas que visitaban su oficina. Hoover mantenía el expediente sobre su escritorio mientras duraba la visita y, si había algo allí que la persona quisiera que jamás se divulgara, se lo mencionaba y le aseguraba que nadie habría de enterarse.[6]

Con toda la información de índole profesional y personal que Hoover debe de haber recogido sobre Rhoads, debe de haberlo visto como magnífica fuente de información en torno a las posibles aplicaciones de la energía atómica para solucionar el problema que Albizu representaba para la estabilidad de los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico. El asesino Rhoads era el experto que podía asesorarlo muy bien en torno a qué medios y qué sustancias utilizar con el propósito de causarle la muerte a su enemigo común lentamente y sin dejar rastros.

Cabe la probabilidad, sin embargo, de que la trama la haya originado el propio Rhoads y se la haya obsequiado a Hoover. Esto redundaría en doble beneficio para él, pues, por un lado se vengaba de Albizu y por el otro se congraciaba con el siniestro conspirador. Hoover no tenía motivos para sospechar de Rhoads y sus intenciones, pues de su expediente se desprendía no sólo que era un asesino, si no, sobre todo, un asesino al cual el gobierno de Estados Unidos había protegido cuando cometió los asesinatos en Puerto Rico. Además, hacía sólo cinco años que su Gobierno lo había condecorado por su contribución al desarrollo de la guerra química.

Esta es la teoría que me parece más probable, pues sin duda alguna a Rhoads, quien además era director del Hospital Sloan_Kettering en Manhattan, volvió a retumbarle en los oídos el nombre de don Pedro Albizu Campos en conexión con la Rebelión de Octubre y el glorioso ataque a la Casa Blair.

Pruebas

Una vez identificado el sospechoso, procede obtener las pruebas y determinar si las mismas lo vinculan con el delito. El extinto Partido Nacionalista de Puerto Rico obtuvo pruebas objetivas en aquella época de que existía radiactividad en el cuerpo de Albizu, pero las mismas desaparecieron durante los allanamientos que efectuó el gobierno títere de Puerto Rico en moradas, oficinas y talleres de trabajo de militantes del Partido. De aquellos exámenes objetivos hoy sólo quedan los testimonios.

Es precisamente por no haber acceso a esas pruebas que es tan importante que un equipo de expertos médicos y forenses examinen el expediente clínico completo del Hospital Presbiteriano sobre los cerca de nueve años que Albizu estuvo recluido allí en condición de preso político. Hay varios especialistas puertorriqueños que espontáneamente me han ofrecido sus servicios para realizar esta labor, pero esto no ha sido posible por las siguientes razones: En primer lugar, el hijo mayor del prócer, señor Pedro Albizu Meneses, rehusó hace unos diez años solicitarle al Presbiteriano copia del expediente. En segundo lugar, aunque el Hospital le entregó copia del mismo a la Cámara de Representantes luego de una resolución que ese cuerpo legislativo aprobó por unanimidad, toda la documentación está en poder del Representante David Noriega (PIP), quien a su vez no me ha permitido acceso a la información. (Durante el curso de mi investigación, el señor Albizu Meneses se opuso también a la exhumación del cadáver, lo que dio lugar a que el Colegio de Abogados de Puerto Rico eliminara una comisión que, por instancias de este autor, había creado con el propósito de auspiciar una investigación científica).

El diagnóstico de locura

El hecho de que el gobernador Luis Muñoz Marín y su secretario de justicia, José Trías Monge, lograran que el doctor Luis M. Morales declarara paranoico a Albizu a fines de septiembre de 1953, antes de que se le expulsara de la cárcel, aparentemente dio lugar a que el Pueblo en general dudara o no creyera que en verdad se le estuviera quemando con radiación. Tal parece que sus denuncias sólo tuvieron acogida dentro de las más altas esferas del Partido Nacionalista y del Partido Independentista. Es probable, sin embargo, que la aparente incredulidad en el resto del Pueblo haya sido más bien un reflejo del comprensible temor a inminentes represalias.

Comoquiera que haya sido, el resultado fue el total abandono del asunto aun por parte de quienes no tenían duda alguna ni temor a represalias. Afortunadamente, varios Nacionalistas veteranos de las gloriosas luchas del partido, a quienes entrevisté en el curso de la investigación, se incorporaron de inmediato a la campaña de divulgación y de presión del Comité pro Defensa de don Pedro Albizu Campos , el cual había comenzado a organizar en Nueva York. Estos fueron: Isabel Rosado Morales, Rosa y Lydia Collazo, José Rivera Sotomayor, Paulino Castro, José Antonio Negrón, Juanita Ojeda y Antonio Moya Vélez. Anteriormente, en Nueva York, ya había entrevistado a Carlos Feliciano, quien ya no militaba en el partido, y a Ruth M. Reynolds, quien, por ser pacifista, nunca perteneció, pero fue una de las personas más allegadas al prócer y formó parte del Comité. (De éstos sólo sobreviven [en 1995] Isabel Rosado Morales, Lydia Collazo Cortez y José Rivera Sotomayor).

El siquiatra Morales tuvo la osadía de declarar loco a Albizu al cabo de una visita de una hora y 25 minutos que le hizo en su celda de la cárcel de La Princesa y durante la cual estaban presentes otros dos presos Nacionalistas –Juan Jaca y Roberto Díaz–, así como dos periodistas –Teófilo Maldonado, de El Imparcial y el ex Nacionalista Miguel Santín, de El Mundo.

Ante tan obvias anomalías, a principios del pasado año le pedí al siquiatra forense Victor J. Lladó que examinara el proceso que llevó a Morales a su diagnóstico y le sometí los documentos pertinentes. El doctor Lladó, quien se describió a sí mismo como admirador de la obra profesional del doctor Morales, me sometió un informe escrito en el cual afirmó inequívocamente que el diagnóstico de su ilustre colega constituye un ejemplo “del más despreciable abuso y mal uso de la psiquiatría por parte del Estado”.[7]

Finalmente, en diciembre de 1993, la secretaria de energía de Estados Unidos, Hazel O’Leary, dio a conocer que, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado experimentando con seres humanos a quienes expuso a la radiación. O’Leary admitió que la Comisión expuso a la radiación a mujeres embarazadas, niños retardados, fuerzas de combate propias y presidiarios, sin su consentimiento o sin consentimiento debidamente informado. Los experimentos incluyeron, además, comunidades civiles enteras sin su conocimiento.

Las revelaciones del Departamento de Energía no eran nuevas. Las mismas habían comenzado a circular desde el año de 1971 con menos detalles y el Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos las había divulgado en un informe de más de 90 páginas en el 1986. En enero de 1983 mencioné en una columna en el semanario Claridad que la Comisión de Energía Atómica había iniciado en el año de 1945 experimentos con radiación “en cárceles y hospitales para observar los efectos de la radiación en seres humanos” y que, además, “expuso a la radiación en múltiples ocasiones a tropas de combate [propias] con el fin de observar la capacidad de las tropas para combatir luego de haber sido expuestas a un ataque atómico.”[8]

Las expresiones de la Secretaria de Energía han tenido impacto no sólo por el hecho mismo de venir de la persona que dirige ese departamento, sino porque su información ha sido más amplia y específica y, además, porque se ha destinado un fondo millonario para indemnizar a las víctimas o sus herederos.


[1]Albizu fue arrestado en noviembre de 1950 por su participación en la Insurrección de Octubre y fue acusado de conspirar para derrocar el gobierno de Puerto Rico (ley de la mordaza) así como de ataque para cometer asesinato y violación de las leyes de armas y de explosivos, casos por los cuales fue sentenciado a cumplir de 73 a 80 años de cárcel.

[2]La copia del expediente del FBI que obtuve al amparo de la Ley de libertad de información contiene 20 carpetas o secciones y, por supuesto, esa entidad federal de represión política retuvo numerosos folios y no son pocos los que aparecen casi totalmente tachados. No es correcto, sin embargo, que sea imposible obtener información valiosa de este expediente. Es imposible, sí, obtener del mismo información sobre el estado de salud de Albizu para la década del ’50. La información sobre este asunto está totalmente tachada.

[3]En torno al empeño de Hoover de que se le revocara la probatoria a Albizu y a pormenores relacionados con sus años en la cárcel de Atlanta y en el Hospital Columbus, véase: Pedro I. Aponte Vázquez. Pedro Albizu Campos: Su persecución por el FBI San Juan: Publicaciones RENÉ, 1991.

[4]Sobre la incredulidad de gran número de historiadores ante el caso Rhoads, véase: Pedro I. Aponte Vázquez. “Necator Americanus: O sobre la fisiología del caso Rhoads” en Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 43, Núm. 1, febrero, 1982, pp. 117-142.

[5].Véanse más detalles sobre el caso Rhoads en: Pedro I. Aponte Vázquez. Crónica de un encubrimiento: Albizu Campos y el caso Rhoads. San Juan: Publicaciones RENÉ, 1992 y The unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhoads: An Indictment, <www.lulu.com/albizu>.

[6]Sobre la trastornada personalidad y las malas mañas de Hoover, véanse: Curt Gentry. The Man and the Secrets. N.Y.: Penguin Books, 1992. Anthony Summers. The Secret Life of J. Edgar Hoover. N.Y.: Pocket Star Books, 1994, y Mark North. Act of Treason. N.Y.: Carroll & Graff, 1992. North acusa a Hoover de traición porque, luego de enterarse de que padrinos de La Mafia estaban tramando hacer que el presidente Kennedy fuese asesinado, no tomó acción alguna ni alertó a las autoridades federales pertinentes como se lo exigía la ley.

[7]Véase un detallado análisis de este asunto en: Pedro Aponte Vázquez. Locura por decreto: El papel de Luis Muñoz Marín y José Trías Monge en el diagnóstico de locura de don Pedro Albizu Campos. San Juan: Publicaciones RENÉ, 1994 y <www.lulu.com/albizu>. Véase, además, el informe completo del doctor Lladó en Pensamiento Crítico, Año XVII, Núm.77, abril-mayo, 1994.

[8]Claridad, 14_20 enero 83, pág. 16.