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NEW BOOK DEPICTS LIFE OF PUERTO RICAN HEROINES

In Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 pp.), Puerto Rican historian Olga Jiménez de Wagenheim not only reminds her readers of the fact that Puerto Rican women were not (and still are not, allow me to add) invisible to our oppressor in the course of our struggle for independence from Yankee imperialism, but also guides us by the hand through a profusely and adequately documented exposition that provides a panoramic view of our most recent political history.

The book pays tribute to sixteen women, fifteen of which were persecuted and incarcerated for having participated or just seeming to the Invader to have participated in the Nationalist Party of Puerto Rico’s 1950s armed struggle, plus one who heroically survived the 1937 Ponce Massacre. Regarding that self-imposed limitation, Jiménez de Wagenheim says she is “aware that other Puerto Rican women have been imprisoned for their political ideals since the 1950s and also merit an in-depth study of their deeds and contributions to the cause of Puerto Rico’s independence” and adds: “Regret not being that scholar.” In addition, she provides a brief and vivid introduction with a much needed account of the objective conditions that led to the 1950 insurrection against U. S. tyranny.

Although the title indicates that it is about Nationalist women, she justifiably includes one who was not: pacifist Ruth M. Reynolds, from The Black Hills of the Lakota natives, who played a very important role in our struggle, but was not a member of the Nationalist Party ―a point Jiménez de Wagenheim does make clear. On the other hand, the book’s subtitle, Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, invites a semantic analysis, for it could be argued that these compañeras were not forgotten by History, insofar as the Peoples, their leaders, and their historians are the ones who forget. Furthermore, most of them seem to have been forgotten, not all of them.

Jiménez de Wagenheim, for long a member of the Puerto Rican diaspora who, although in the monster’s belly, has held fast to her own family surname and even to its graphic accent, is no newcomer to these endeavors, having published books and articles on other aspects of Puerto Rico’s political history, including our rebellion against the Spanish empire. Above all, she has done so with utmost care and respect for historical facts, a methodology some authors and even some critics seem to shun. For this book, she availed herself of primary sources such as public documents, most of them only recently made available, written testimonies, and tape-recorded as well as personal interviews with sources which, contrary to some authors, she duly identifies.

However, although evidently quite fond of details, Jiménez de Wagenheim avoids mentioning meaningful events if only, in this particular case, at least in bibliographical notes. Such is the case of the Rhoads scandal ―very likely one of the reasons the Nationalist party resorted to armed struggle―; Albizu’s claims of exposition to radiation ―which Carmín Pérez and Isabel Rosado mention in their interviews as does Rosa Collazo in her memoirs―; and the insanity diagnosis governor Muñoz Marín ordered specially for the Nationalist leader in order to counter those claims.

On the other hand, this book’s abundance of biographical data is such that, despite my having conversed now and then with nine of the women here portrayed and having interviewed most of them decades ago, there is an array of facts I have come to learn only from reading the meticulous narrative it contains.

Despite its use of the verb “assassinate” in reference to the attempt by freedom fighters to execute President Truman and to assertions regarding Albizu’s state of health while in the U.S. that can be refuted on the basis of the historical record, Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s is a reliable source of knowledge about our plight under U.S. imperialism. Written in English, it not only will tend to strengthen even more the cultural and political ties between Puerto Ricans in our motherland and those in the U. S. and elsewhere, but also will illuminate other readers who are just beginning to learn about our existence as a subjugated Caribbean nation.

Based on experience, one can reasonably expect the Puerto Rican Independentist Party to go out of its way to make sure that it is widely distributed throughout the Island.

Nota en torno al libro LOCURA POR DECRETO: El papel de Luis Muñoz Marín y José Trias Monge en el diagnóstico de locura de don Pedro Albizu Campos (1994)

En septiembre de 1953, en su afán por socavar y destruir la credibilidad del prócer Pedro Albizu Campos y así desmentir sus denuncias de que era objeto de torturas por radiación atómica, la Administración del gobernador Luis Muñoz Marín decretó que el líder Nacionalista sufría graves trastornos mentales y lo expulsó de Ia cárcel de La Princesa sobre la base de un indulto condicional que el ilustre preso rechazó. Cinco meses después, el propio Gobernador ordenó su arresto y encarcelamiento por medio de una maniobra en la cual el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico servilmente se involucró. (La Justicia y la Historia claman por un estudio jurídico concienzudo de cada uno de los procesos judiciales contra Pedro Albizu Campos).

El decreto de locura, pese a sus obvias deficiencias y a las circunstancias en las cuales surgió, propias del oscurantismo, se arraigó de inmediato en la sociedad puertorriqueña y durante décadas ha permanecido en su memoria colectiva. Estos hechos, por demás irrefutables, permitieron que prevaleciera entre los incautos Ia posición del gobierno de Estados Unidos y de su gobierno títere en Puerto Rico de que Albizu no había sido objeto de torturas de índole alguna que le causaran Ia muerte a largo plazo. Por consiguiente, cuando en agosto de 1984 llevé personalmente las denuncias del prócer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, los medios de información aquí (y, por supuesto, allá) pasaron por alto el hecho. Hube de recurrir entonces a desarrollar, con muy escasa experiencia, una amplia campaña de divulgación que afortunadamente resultó efectiva.

Entre las nuevas generaciones, los que vieron los abusos terroristas del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos del sureste de Asia y contra Libia, así como contra Cuba y otras naciones latinoamericanas; los que dudaron las versiones oficiales sobre el golpe de estado al presidente John F. Kennedy; los que supieron de día a día sobre el escándalo de Watergate y vieron al presidente Nixon mentir con Ia mayor desfachatez; los que vieron las luchas de los negros y los nativos americanos en Estados Unidos por sus derechos civiles y humanos; los que se enteraron del entrampamiento y los asesinatos en Maravilla y el subsiguiente encubrimiento; los que aprendieron a dudar de la palabra de los políticos, esos rechazaron de plano el cuento de la locura o, cuando menos, lo pusieron en duda.

Entre las generaciones anteriores, los que acostumbraban aceptar pasivamente los dictámenes gubernamentales y no dejaban cabida a Ia duda siquiera con el fin de “conducir bien la razón”, a lo Descartes, han tropezado de repente con la admisión pública del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado utilizando a escondidas a mujeres embarazadas, niños y niñas retardados, militares y presidiarios desde la década de 1940 para hacer averiguaciones sobre los efectos dañinos de la radiación atómica en los seres humanos. Aunque la secretaria de energía Hazel O’Leary hizo la admisión al cierre del año de 1993, se sabe que los hechos ya habían comenzado a surgir en los medios noticiosos desde el año de 1971. Por desidia o, con más probabilidad, por razones políticas, la Prensa optó por no profundizar en el asunto y no dedicarle tiempo y espacio para el seguimiento. Peor aún, el New York Times, tan utilizado por los investigadores, se ocupó de restarle importancia a un informe de octubre de 1986 del Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el cual contenía las revelaciones que habrían de repercutir en el año de 1994 cual si se tratara de una noticia “acabada de recibir”. Según informa la Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) en su edición de marzo-abril de 1994, el New York Times soslayó el contenido de más de 90 páginas del informe que aludían a lo antiético de los experimentos y llevó a sus lectores la idea de que las personas objeto de la experimentación atómica se habían sometido a la misma voluntariamente. “Voluntarios en E. U. sometidos a radiación”, fue el título del breve artículo sin firma que el Times de Nueva York publicó tímidamente en su página A-20.

La retrasada admisión del gobierno de Estados Unidos en torno a estos abusos contra sus propios ciudadanos causó, como por arte de magia, que en Puerto Rico hasta los intelectuales de butaca reclinable descartaran la versión oficial sobre las denuncias de tortura de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, en la primera semana de octubre de 2007, la agencia de noticias norteamericana Prensa Asociada dio a conocer que el Departamento de la Guerra de Estados Unidos (denominado de Defensa) recibió autorización para utilizar la radiación con el propósito de asesinar a líderes políticos extranjeros que fuesen desafectos al modo del gobierno de Estados Unidos de resolver determinados problemas políticos.[1]

Este escrito alude al diagnóstico de locura que se le fabricó a Albizu, a las espantosas deficiencias y contradicciones del mismo, al contexto político del cual surgió y a las decisiones contradictorias que le siguieron, con énfasis en el papel que desempeñaron el gobernador Luis Muñoz Marín y su leal secretario de justicia, José Trías Monge, así como los médicos y médicos siquiatras que de un modo o el otro tuvieron injerencia en el asunto.

Aunque los hallazgos de la investigación objeto de este ensayo han sido ampliamente divulgados aun desde antes de la primera edición de este libro en 1994, un monólogo de título Albizu: todo o nada nos presenta a un Albizu loco de remate, furioso y agresivo que en las postrimerías de su vida, todavía encarcelado, cree haber sido traicionado por los militantes de su partido. Al semanario Claridad no le pareció bien publicar un artículo de refutación que le sometí, por lo que he optado por incluirlo como apéndice en esta edición.

No me es posible mencionar a todas las personas que directa e indirectamente me ayudaron en este esfuerzo. De hecho, algunas quieren que no las mencione. Muchas otras han contribuido sin saberlo: las que han patrocinado mis publicaciones anteriores y las que con evidente entusiasmo me han exhortado a seguir en esta labor.

Agradezco, además, la gentileza de los estudiantes y empleados de Ia Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; de la señorita Hilda Chicón y sus compañeras y compañeros de la Sala de Referencia del Archivo Nacional de Puerto Rico (mal llamado Archivo General); y del joven archivero Julio Quirós Alcalá, de la Biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín. Al fotógrafo independiente José Luis León le agradezco sus servicios profesionales sin costo alguno aun en sus momentos de mayor necesidad. Además, recibí los servicios del Proyecto de Digitilización de Fotos del Periódico El Mundo, adscrito a la Biblioteca Lázaro. Las fotos aquí identificadas con las siglas en paréntesis de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son propiedad de ese Proyecto.

Verá usted que este trabajo de investigación no habría sido posible sin el peritaje que me proveyó, también sin costo alguno, el siquiatra forense Víctor J. Lladó y los servicios que obtuve del licenciado Alejandro Torres Rivera, del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico. El licenciado Torres Rivera me representó en la demanda que incoé en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de la Administración de Corrección para obtener copias de documentos públicos pertinentes a don Pedro Albizu Campos. Por orden del juez superior Arnaldo López Rodríguez esas entidades depositaron conjuntamente una gran cantidad de documentos, pero no todos, en nuestro Archivo Nacional. En la demanda participó, además, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ambas entidades y el licenciado Torres Rivera rindieron sus servicios libre de costo.

Desde que inicié mis tareas de investigación de la vida y Ia muerte de don Pedro Albizu Campos tuve el privilegio de contar con los testimonios y total respaldo de los siguientes discípulos suyos que participaron en los trabajos del Comité pro defensa de don Pedro Albizu Campos: Isabel Rosado Morales, José Rivera Sotomayor, Rosa Collazo, Lydia Collazo, Paulino Castro, Juanita Ojeda, José Antonio “Ñin” Negrón, Antonio Moya Vélez y Ruth M. Reynolds, quien, aunque no era Nacionalista, sufrió cárcel por parecerlo.

El Comité, a su vez, recibió el respaldo de varias y diversas entidades profesionales, sindicales, políticas, masónicas y estudiantiles. Coordinó los trabajos del Comité, con patriótico empeño, mi compañera y esposa Judith Ortiz Roldán. Extrañamente, los descendientes de Albizu por la línea de los Meneses apoyaron mi labor al inicio, pero sus palabras de aliento luego se convirtieron en insultos. De igual modo se condujo el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Como siempre, quedo como único responsable de lo que aquí expongo.

 

Pedro Aponte Vázquez

[1]. El semanario Claridad procedió entonces a entrevistarme sobre el asunto para su edición del 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5.

Sobre la irradiación del prócer boricua Pedro Albizu Campos

Albizu afirmó desde el principio de su odisea que “el mejor aliado del atentado que se está perpetrando es la ignorancia del público sobre este ramo de la ciencia” en referencia a la ciencia nuclear.[1] A pesar de ese hecho, hubo ciudadanos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que se propusieron investigar científicamente sus denuncias. Algunas todavía vivían al momento en que escribí esto.

Se desprende del testimonio escrito de la líder pacifista Ruth M. Reynolds, quien tomó parte en la investigación de entonces y colaboró activamente en la actual, que allá para el mes de noviembre de 1953 había radiación en el cuerpo de Albizu. Reynolds entrevistó por separado a Albizu, Carmín Pérez, Doris Torresola e Isabel Rosado Morales en torno a la prueba que ellas hicieron con un instrumento para la detección de radiación y señaló en inglés:

“Interrogué a cada una de esas personas individualmente y cada una me dio la misma información sobre qué sucedió.  Cuando llevaron el Contador Geiger por la sala y el comedor, registró de cuatro a nueve sonidos (ticks) por minuto en varios puntos. Cuando lo llevaron al dormitorio de don Pedro, registró catorce por minuto. Entonces lo colocaron en la cama, junto a su cuerpo. Entonces el aparato se dañó súbitamente y dejó de funcionar del todo. Toda vez que este Geiger Counter se supone que suene solamente en presencia de radiación y dado que se comportó como lo hizo en casa de don Pedro, es lógico suponer que había radiación en la casa y que estaba concentrada en su dormitorio. Habida cuenta de que cesó de funcionar del todo cuan­do lo pusieron junto a su cuerpo, es lógico suponer que la cantidad de radiación allí presente era demasiado alta para este sencillo instrumento y se rompió”.[2]

Las personas que habían enviado de Nueva York el instrumento acordaron entonces adquirir otro, esta vez de tipo industrial, pero el Gobierno encarceló nuevamente a Albizu en marzo de 1954 luego de haberle dicho a la prensa que el ataque Nacionalista al Congreso norteamericano el 1ro de marzo fue “un acto de sublime heroísmo”.[3]

Las notas corresponden al libro ¡Yo acuso!: Y lo que pasó después, edición ampliada de ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos.

[1]Hernández Vallé,  lugar citado, pág. 61.

[2]Ruth M. Reynolds.  “The Geiger Counter”, artículo mecanografiado, dos págs., 1953; copia en el archivo del autor.  Archivo de R.M. Reynolds. Traducido por el autor.  Los papeles de R.M. Reynolds se encuentran en el Centro de estudios puertorriqueños de Hunter College, N.Y.

[3]Ruth M. Reynolds.  “Puerto Rican Political Prisoners” en Minority of One, noviembre, 1964, 2da Parte, pág. 61; ejemplares en el archivo del autor.  Sus declaraciones a la prensa supuestamente violaron la ley “de la mordaza”, aprobada festinadamente el 10 de junio de 1948, sólo unos cinco meses después de Albizu regresar de Estados Unidos, donde había cumplido seis años de cárcel en la penitenciaría federal en Atlanta. Sobre el encarcelamiento de Albizu en Atlanta, las condiciones en que salió en libertad y su reclusión en el Hospital Columbus, en N.Y., véase, Aponte Vázquez.  Pedro Albizu Campos:  Su persecución por el FBI.  San Juan:  Publicaciones RENÉ, 1991.

Las memorias que don Pedro no escribió

Pedro Aponte Vázquez

 Fragmento del libro del mismo título presentado en

Casa Aboy

26 de octubre de 2001

Jamás se me ocurrió  pensar que fuese nada menos que la Madre Superiora quien mantuviera informado al FBI sobre mi persona y mis asuntos. El hecho de que el hospital Columbus fuera un hospital católico, había sido para mí una poderosa razón para aceptar la recomendación de Marcantonio[1] de recluirme allí al salir de la cárcel y, aunque noté que no le simpatizaba mucho a aquella hermana del Sagrado Corazón, no la creí capaz de llegar a ese extremo.

Creo que las presiones de los agentes del FBI sobre la administración del hospital, en su empeño por  escudriñar mi vida personal y mis actividades políticas, fueron tan fuertes que, aunque había sido miembro de los Caballeros de Colón  desde el 1921, eso en nada contribuyó a que aquella pobre hermana de la caridad fuera caritativa conmigo.[2]

A Yolanda Moreno, una jovencita enfermera de apenas 20 años que me atendía, tampoco le fue muy bien. Sólo duró allí tres o cuatro meses porque nada de bien que le caía la monjita.

Yolanda, quien, dicho sea de paso, no es puertorriqueña, sino italoamericana, optó por renunciar a su empleo y sin prestar la más mínima atención a mis consejos, ingresó voluntariamente en el ejército yanki. Aquel delicado ser  rebatió dulcemente mis argumentos con el hecho de que yo había hecho lo mismo durante la guerra anterior.

Cuando nos conocimos, Yolanda nada sabía de Puerto Rico y  aunque conoció a muchas de las personas que me visitaban con regularidad, no llegó a enterarse a fondo de lo que era nuestra lucha. Afortunadamente no perdimos contacto y subsiguientemente fue tanto lo que aprendió, que formó parte del Comité pro Defensa de Ruth Reynolds, a quien habré de referirme más adelante. En esos riesgosos menesteres conoció a Conrad Lynn, con quien se casó. Actualmente  traduce documentos del español al inglés para Lynn, quien representa a varios Nacionalistas  residentes en Nueva York, entre éstos Oscar[3].

El dilecto amigo Vito  Marcantonio (a quien con fraternal cariño llamábamos Marc) fue un sincero y consecuente defensor de Puerto Rico desde el año de 1935, por  lo que muchos  lo consideraban, con sobrada razón, “el congresista de Puerto Rico”.

Cierto es que la obligación primordial de un funcionario electo por voto directo es la de  atender las necesidades de sus electores y buscarles solución a sus problemas, pero Marcantonio iba mucho más lejos. No conforme con representar a los puertorriqueños que vivían en su distrito congresional, ayudaba a los que vivían en la isla. Esto lo hacía no sólo a través de sus servicios a  sus respectivas organizaciones, como asociaciones y uniones obreras, sino  incluso directamente a familias y a individuos. Por esa sincera dedicación, los Nacionalistas lo apoyamos en las urnas, lo que de paso deja demostrado que hemos sabido ser flexibles, contrario a nuestra fama de intransigentes.

Todavía recuerdo, cual si hubiera sido ayer, su furiosa indignación cuando un técnico de su confianza a quien consultó sobre un pequeño artefacto que encontré en mi habitación del hospital, le aseguró que era de los utilizados por la Policía y el FBI para escuchar conversaciones subrepticiamente.

Un individuo que, según se supo después, era un agente del FBI, había entrado en la habitación aprovechando que me duchaba y que no estaban ni Pinto[4] ni ninguna de las personas que acostumbraban hacerme compañía. Saliendo yo del baño, lo vi salir apresurado de la habitación, lo que, por supuesto, despertó mis sospechas. Luego de una insistente búsqueda con Pinto, resultó que había dejado oculto el artefacto de espionaje en un receptáculo de electricidad.

Además de Pinto, diariamente solía  venir  Ruth Reynolds, digna ciudadana oriunda de las Lomas Negras, tierras sagradas de los indios Lakotas en Dakota del Sur. De allí presumo que adquirió, como por osmosis, la religiosidad y el nacionalismo de Toro Sentado[5], complementados por profundas convicciones pacifistas.

Por cierto, cuando Toro Sentado se refugió en Canadá, luego de cruentas batallas con el ejército de ocupación yanki, merodeaba por la frontera aquel famoso perseguidor de indios que luego habría de invadir a Puerto Rico para supuestamente  traernos las bendiciones de la democracia: Nelson "Abrigo de Oso" Miles.

Desde que llegó a Nueva York en el año de 1941, Ruth se interesó en las luchas de liberación de los pueblos coloniales, contra el racismo en su propio país y contra las guerras y el militarismo. Al enterarse de la situación de Puerto Rico, fue tal su indignación que entró de lleno en nuestra lucha. Fue cofundadora en 1944, con otros norteamericanos, de la Liga Americana para la Independencia de Puerto Rico, entidad que representó como secretaria ejecutiva en vistas congresionales. El hecho de Ruth haber sido arrestada y encarcelada por supuestamente violar la ley de la mordaza en relación con nuestra reciente rebelión armada, dio lugar a que la Liga se desbandara y la abandonara a su suerte en la creencia errónea de que ella había abandonado sus principios pacifistas.[6]

Con frecuencia venía, además, Thelma Milke, otra norteamericana que abrazó nuestra lucha por la independencia y que luego fue nuestra observadora oficial en las Naciones Unidas. Thelma acaba de perder su acreditación ante la ONU como consecuencia de las presiones que ejerció Estados Unidos, como es su costumbre, sobre ese tímido organismo internacional. Lamentablemente, Thelma me ha pedido que no dé detalles sobre su colaboración en nuestras luchas.

Durante una época, antes de casarse con Abraham “Abe” Swickel, a quien conoció durante una marcha pro derechos civiles a principios de 1943, e irse a vivir a California, venía regularmente Jean Wiley, otra jovencita norteamericana pacifista y tan religiosa como Ruth, que era maestra de francés y alemán. Jean fue cofundadora con Ruth de la mencionada Liga Americana para la Independencia de Puerto Rico. Además, ambas pertenecían el Harlem Ashram, una entidad multirracial  religiosa y pacifista que hacía trabajo social con la gente pobre de Harlem.  Ruth y Jean componían la organización con Maude Pickett; el ministro Bautista Walter Bullen y Jay Holmes Smith, quien había sido misionero en la India. Todos aportaban a un fondo común para sostenerse, para lo cual trabajaban a jornada parcial.  El resto del tiempo se lo dedicaban a la gente que vivía en una cuadra que era considerada la peor de todo Harlem por la alta incidencia delictiva.

En fin que, cuando entré a bañarme, ninguna de estas personas estaba allí ni había llegado visitante alguno de los que solían venir de lugares tan distantes como la siempre orgullosa Francia y tan cercanos como el siempre hacinado Harlem.

Marcantonio, quien además era mi abogado, representaba al distrito 18, en el  lado este de Manhattan. Allí estaba, en El Barrio, la mayor concentración de puertorriqueños de la ciudad. Hasta mí había llegado en Atlanta su elocuente discurso del 11 de mayo de 1939 en la Cámara, en el que le propinó el golpe final al gobernador Blanton Winship[7], a quien Roosevelt destituyó  el día siguiente.

En ese discurso, Marcantonio dejó establecido fuera de toda duda que su interés en el destino de Puerto Rico no obedecía a falta de lealtad a su país, sino que brotaba de su  empeño en defender, en sus palabras, a “las víctimas más explotadas del más devastador imperialismo”.

Según me contaron, este deseo de defender a los explotados y desvalidos era innato en él, pues empezó a demostrarlo desde niño. Ese afán de justicia social  lo colocó de líder de una exitosa huelga de inquilinos cuando apenas tenía 18 años de edad. Asimismo, su privilegiada visión lo llevó a oponerse en el año de 1949, a la creación de la Agencia Central de Inteligencia –lo que llamamos la CIA– que el gobierno nacional yanki promovía en medio de una histeria colectiva que con ese fin había fomentado.

Marcantonio desconfió del excepcional  poder que le permitiría a la CÍA ocultarle al Congreso mismo la verdadera naturaleza de sus operaciones clandestinas y fustigó a sus compañeros legisladores por desprenderse de esa prerrogativa legislativa. Él sabía que el gobierno de Estados Unidos provoca temores entre los ciudadanos y utiliza esos temores como instrumento para aterrorizarlos. De ese modo “justifica” el coartarles sus derechos civiles y extender el control militar y policial a la vida cotidiana.

Algún día se podrá constatar que, no bien terminó la llamada segunda guerra, la CÍA comenzó a reclutar para el espionaje de los soviéticos a criminales de guerra nazi  mientras, para despistar, presentaba pruebas contra otros. Se sabe, además, excepción hecha de los incautos, que la CÍA adiestra a la Policía Secreta de naciones latinoamericanas y de otros países alrededor del mundo en técnicas de tortura, además de financiar y encubrir escuadrones de la muerte y múltiples tipos de fechorías.

Para esa misma época, en 1940, Marcantonio  intervino a favor de las familias aguadillanas del barrio –no sé si Malezas o Camaseyes o si de ambos– y de la comunidad de San Antonio, a quienes el gobierno de Estados Unidos estaba en el proceso de expropiar forzosamente –como de hecho las expropió– para establecer allí una base aérea. Ante las protestas de los aguadillanos así desposeídos, la metrópoli recurrió nada menos que a la amenaza directa de las armas del Regimiento 65 de Infantería.

Cuando murió repentinamente en una calle de Manhattan, ya me encontraba aquí en la penitenciaría[8], pues de Washington le ordenaron al gobernador colonial revocar el indulto condicional que nunca acepté. Luego supe que Concepción de Gracia[9] asistió a su entierro.

No puedo evitar detenerme aquí un poco por lo trascendental del  asunto de Vieques.

El planteamiento sobre lo doblemente abusivo de una expropiación que parte de una obsoleta tasación para determinar el monto de la compensación para el expropiado, cayó en oídos sordos, pues en otras regiones del país, ese gobierno arrogante y abusador estaba apropiándose de grandes extensiones de tierra para sus ejercicios bélicos y echando a la calle a sus legítimos propietarios.

En Vieques, a mediados de 1941, las fuerzas armadas de Estados Unidos se apoderaron por la fuerza de grandes extensiones de tierras al este y al oeste de la isla en lo que ha venido a ser un atraco  típico  de los norteamericanos.  Ese atraco lo supera sólo el que ejecutó contra España para apoderarse de nuestra patria a través del Tratado de París, que le puso fin a una guerra imperialista en la que no participamos.

En aquella Isla Nena del archipiélago puertorriqueño, llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos la vivisección de nuestra  nación. La sociedad de Vieques va muriendo hoy lentamente, extinguiéndose ante el ataque frío, inmisericorde y deliberado del gobierno terrorista de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos ha escogido a Vieques para repetir a plena luz de la civilización contemporánea  el crimen de genocidio; o sea, la destrucción deliberada, física o cultural, de una nacionalidad?

La explicación la encontramos en la vistas públicas que sobre el proyecto Tydings llevó a cabo el Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado de Estados Unidos en marzo de 1945. Para entonces me encontraba  todavía en el hospital Columbus, pero Ruth asistió a las mismas y me mantuvo informado.[10]

Ante ese comité compareció un vocero de la  Flota de  Estados Unidos, en nombre y representación del jefe de Operaciones Navales. Sus  puntos de vista, dijo, eran los mismos que la Marina había expresado ante el Senado casi dos años antes. Es decir, que el interés de las fuerzas navales en este proyecto para conceder la independencia a Puerto Rico, respondía, como todavía responde y siempre responderá, solamente al punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es así, dijo el vocero, porque Puerto Rico es de gran valor estratégico como base de operaciones navales debido a su posición y tamaño.

En los primeros días de la segunda guerra, la Marina se apoderó de más  territorio en Puerto Rico y construyó muchas nuevas instalaciones militares. Cuando eventualmente se logró dominar el peligro submarino y bloquear la flota de superficie alemana, la Marina no vio motivo para empacar y largarse de nuestro territorio nacional, sino que optó por quedarse y prepararse para estar afincada aquí para futuras guerras y durante todo el tiempo que se le antoje. Desde luego que, con esos planes, la Marina de Guerra se opone a cualquier asomo de posibilidad de independencia para Puerto Rico, pues ellos y sólo ellos tienen que ser los únicos jueces de sus propios requisitos militares y un Puerto Rico soberano sería un escollo insuperable.

El expresado deseo de las fuerzas navales de Estados Unidos siempre ha sido el de tener el derecho, adquirido por la fuerza de sus cañones, de establecer  y mantener en nuestro territorio nacional no sólo todas las bases navales y aéreas que estime que pueda necesitar en tiempos de paz. Su expresado deseo es también, el derecho de adquirir  tantos lugares adicionales como estime necesarios en caso de emergencia o guerra futura, para proteger sus intereses, que no sólo no son los nuestros, sino que son contrarios a los nuestros. Ellos son los únicos que deciden no sólo cuáles son sus necesidades, sino cuáles son las nuestras.

Estados Unidos ha declarado a todo el territorio nacional de Puerto Rico zona estratégica  en la forma  terminante y clara que  expresó el vocero de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Eso quiere decir que, si a juicio de Estados Unidos, hay que destruir cualquier municipio de Puerto Rico y lanzar su población a las vicisitudes del destierro forzoso, como lo hizo en Vieques, o si hay que desterrar a todos los puertorriqueños por la fuerza, eliminando de nuestro territorio nacional nuestra nacionalidad entera, si les conviene convertir a todo Puerto Rico en un bosque federal, así se hará y sin contar para nada con el derecho de la nación puertorriqueña.

Pues bien.  Antes de ingresar el 6 de junio de 1943 en el hospital Columbus, había cumplido en la mazmorra de Atlanta toda la extensión de la sentencia de seis años con trabajos forzados que me impuso el juez del tribunal de distrito yanki en Puerto Rico, Robert Cooper, porque, al luchar por la libertad de mi patria, cometí el grave delito de traicionar al enemigo que la esclavizaba. ¡Habrase visto mayor absurdo!

Cumplí la sentencia completa de seis años –esto es, además de los 11 meses que me retuvieron en la cárcel La Princesa– porque rehusé aceptar los 19 meses de la llamada bonificación por “buena conducta”, el incentivo con el que los penales procuran evitarse  contratiempos con la población penal. Esta  decisión, así como la de quedarme en Nueva York durante los cuatro años que debía estar en una probatoria que tampoco acepté, seguramente darán  lugar a conjeturas en cuanto a cuál habría sido el curso de los eventos históricos del país, en lo que a nuestra lucha de liberación se refiere, si hubiese  regresado seis años antes.

Esta incógnita lleva consigo el beneficio de la retrospección, el mismo que no tuve en mis pasadas circunstancias. De todos modos, para los historiadores han de ser eternamente fascinantes las posibles conjeturas,  pero lamentablemente sólo el Supremo Ser sabe la respuesta. Sólo Él sabe y sabía entonces si mi regreso en el 15 de noviembre de 1941 –o en diciembre del ‘40, si el gobierno yanki me hubiese acreditado los 11 meses que estuve en La Princesa– habría evitado el desarrollo de las nuevas fuerzas partidistas surgidas después de mi encarcelación y que han redundado en perjuicio de la lucha de liberación de Puerto Rico.

En verdad no fueron trabajos físicos fuertes los que tuve que hacer en La Casona, como denominan a la prisión federal de Atlanta, además de las tareas pedagógicas que me asignaron, pero sí eran absolutamente antihigiénicos. De todas maneras, estaba relativamente fuerte físicamente pues, si  bien nunca me caractericé  por poseer una constitución física atlética, en Machuelo me deleitaba el ejercicio físico: daba largas caminatas, que no siempre fueron espontáneas; disfrutaba de nadar en las frías aguas del río Portugués y levantaba pesadas piedras para ejercitar los músculos. Además, siempre he rechazado el vicio de fumar y jamás he atacado mi organismo con otras sustancias nocivas que, a pesar de serlo, muchos las consumen habitualmente.

Mis hábitos saludables, sin embargo, no evitaron que en la cárcel cayera en un estado de anemia, por lo que, durante una época de mi cautiverio, sentía continuamente una gran debilidad y en ocasiones me faltaban las fuerzas mientras, extenuado y sudoroso, “masajaba” con una sucia  manta el rústico piso de la galera, mirando al piso, con la frente en alto.

Cuando peor me sentía, me recuperaba, como por un potente influjo espiritual, con sólo pensar en las razones por las que estaba allí, cuando podía haber estado, como otros, disfrutando comodidades, privilegios y prebendas. Lo mismo decían sentir mis compañeros de lucha y de confinamiento  carcelario:  Pablo,  Erasmo, Luis Florencio y su joven  hijo Julio Héctor, el gallardo Juan y los exquisitos poetas Clemente y Juan Antonio.[11]

Dicho sea de paso, siempre me pareció extraño –y todavía no lo entiendo–  el hecho de que el fiscal federal dijera que no tenía pruebas contra Juarbe[12], con todo y ser mi secretario personal, y lo sustituyera con Julio Héctor, Juan Gallardo y Ortiz Pacheco. El retiro de los cargos contra Juarbe, no obstante, me dio la oportunidad de tener afuera a alguien de mi entera confianza que se ocupara de velar de cerca por el bienestar y la seguridad de mi esposa y de mis hijos, obra a la cual se dedicó por entero y ciertamente mucho más allá de lo que cualquiera habría razonablemente imaginado.

Por cierto, cuando vivíamos en Río Piedras,  mucha fue la ayuda que en el cuidado de la familia nos proveyó diariamente “Mingo” Zamot, quien  hacía simultáneamente funciones de armero del Partido. Él hubo de compartir espontáneamente, por su profundo patriotismo, las penurias en las que sobrevivíamos  y  solidariamente compartió conmigo las numerosas ocasiones en las que, de postre, me conformaba con comer azúcar. En la mañana del glorioso 30 de octubre de 1950 me llevó una pistola a la Junta Nacional por instrucciones de Raimundo.[13] Fue precisamente Zamot quien reparó y puso a funcionar la subametralladora, “importada” de Vieques, con la que Raimundo abrió fuego en La Fortaleza. Por otro lado, pena  me da decir hoy día, aunque ninguna sentí entonces, que al pobre de Ortiz Pacheco se le quebrantó el espíritu y se lo entregó de rodillas al enemigo de la patria uniéndose servilmente a la judicatura, la que él muy bien sabe que no es otra cosa que el perro guardián del régimen.

Procede señalar que mi motivo para hacerme ingresar en el hospital a los tres días de salir de la cárcel no fue que estuviera moribundo o en precario estado de salud. Esas fueron las razones que dimos para consumo del enemigo. El motivo fue el de ver si de ese modo podía colocarme fuera del alcance del largo brazo de la injusticia, pues había recibido informes en el sentido de que el propio Hoover[14] dirigía una campaña  para conseguir que me mandaran de vuelta a la cárcel, al menos mientras durara la guerra.

Hoover  parecía saber que desde el hospital dirigía directamente los asuntos del Partido mientras mi médico personal, Epaminondas Secondari, se encargaba de establecer que mi condición de salud sí era precaria. Como fue él quien ordenó recluirme, ningún médico del hospital tenía la autoridad de darme de alta. El plan dio resultado, con todo y que el FBI llegó a al menos sospechar que de eso se trataba.

Las causas de mi reclusión en Atlanta se remontan al mes de enero de 1936. Fue entonces cuando el fiscal Cecil Snyder, del gobierno de Estados Unidos, se propuso sacar de circulación a los principales líderes del Partido, es decir, de nuestro Movimiento Libertador, con el fin de arrancar de raíz la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia.

El gobierno de Estados Unidos y sus representantes en Puerto Rico, tanto extranjeros como del patio, habían observado que, comenzada la década de 1930, Puerto Rico  venía levantándose, irguiéndose, sacudiéndose del estupor de la derrota militar de la decaída madre patria por el naciente poderío de Estados Unidos. Cuando la fuerza de ocupación se convenció de que la patria se organizaba para el rescate de su soberanía, que el anterior nacionalismo de cartón se había transformado en un auténtico movimiento libertador, dio la voz de alarma y comenzó su propia movilización.

La verdad es que en el Partido Nacionalista sí habíamos iniciado una campaña de reclutamiento de voluntarios para organizar un ejército de liberación, así como para adquirir armas de todo tipo y prepararnos militar y económicamente para enfrentar el poderío del invasor. No obstante, tampoco era cuestión de facilitarle el trabajo al enemigo. Es por eso que optamos por negar las acusaciones, de las cuales estábamos orgullosos, y retamos al enemigo a que las probara.

En realidad, nada teníamos que perder, más allá de la libertad personal, lo que es poco decir ante la pérdida de la libertad de la patria misma. El enemigo sí perdía  aunque ganara, aun sin haber  hecho uso de trucos sucios, como lo fue la manipulación de la composición del  panel de jurados para el segundo juicio ante la falta de pruebas suficientes para condenarnos. En ese segundo Jurado estuvieron representadas algunas de las principales corporaciones yankis que operaban en Puerto Rico. Entre las mismas estaban el National City Bank, el Chase National Bank, la Compañía de Fertilizantes Armour, la Radio Corporation of America, la Compañía del Carbón, la Compañía de Tractores Caterpillar, la Compañía del Acero, la Compañía del Caucho, y la International Telephone and Telegraph.

Esa manipulación  la  expuso el escritor y pintor neoyorkino Rockwell Kent[15], norteamericano de ideas socialistas que luego mantuvo contacto con el Partido Nacionalista y conmigo en Nueva York durante varios años.

Kent era, además, agricultor, carpintero de barcos y explorador y gozaba de enorme popularidad en su país para la década de los años ‘30. Para mediados de los ‘40 la misma empezó a declinar al comenzar la del arte abstracto y empeoró  cuando manifestó una ideología de avanzada que en  1946 lo llevó a ser miembro del comité ejecutivo del Partido Laborista Americano, del que fue candidato al congreso.[16]

Si recuerdo bien, Kent vino a Puerto Rico por primera vez en el 1936 por motivo de su preparación para un mural que habría de pintar en el edificio del correo en Washington, D. C. El mural habría de demostrar la capacidad del servicio de correos para hacer entregas de correspondencia en climas diametralmente opuestos, por lo que tendría una escena de entrega de una carta en Alaska, país que también visitó con igual propósito, y otra en el Caribe.

Su visita coincidió con el primer juicio por traición al enemigo al cual fuimos sometidos los líderes del Movimiento Libertador y en el cual el Jurado no logró ponerse de acuerdo.

Terminado el juicio y cual si hubiera intervenido la Voluntad Divina, Rockwell Kent, a quien muchas veces se le ha confundido con su coetáneo y también pintor Norman Rockwell, se encontró en medio de una recepción en La Fortaleza en la que Winship deleitaba a fieles adeptos suyos. Es así que nuestro amigo se entera, nada menos que por voz del propio Snyder, de su trama para asegurarse de que, en el segundo juicio, el nuevo Jurado respondiera a los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos y no a los de la Justicia, como lo hizo el Jurado anterior.

Cerca de dos años después, enterado de que a Cooper se le estaba considerando para otro término en la judicatura, Kent, sin encomendarse a nadie, le narró los detalles de la trama al senador Henry Ashurst en una carta de cuatro páginas a espacio sencillo, además de divulgar el asunto a través de periódicos y revistas. Esto despertó la furia de su compatriota Cooper, quien a través de la prensa lo calificó de “embustero”, lo retó a que lo demandara por libelo y lo amenazó con la cárcel. Sólo los sabios consejos legales de Arthur Garfield Hays –otro sincero amigo de nuestra lucha– evitaron que Rockwell aceptara el reto –a lo cual, por otro lado, lo había instado Walter McK Jones, quien pertenecía al partido Liberal y era compañero suyo en el Committee for Fair Play to Puerto Rico.

Mck Jones le dijo que si complementaba su testimonio con la Declaración Jurada que sobre el mismo  asunto había hecho Elmer Ellsworth, quien había sido jurado, el asunto le daba la oportunidad de demostrar la “podredumbre del tribunal federal en Puerto Rico” y  de paso serviría  para “iluminar al pueblo de Estados Unidos sobre el gobierno colonial” que han implantado aquí.

Hays, por su parte, lo disuadió diciéndole que la jurisdicción en el caso la tendría Puerto Rico –por lo que se exponía a un entrampamiento–, que una demanda por libelo es algo muy técnico y que perderla  podría serle muy dañino.

“Rock”, como algunos lo llamaban, ya se había enfrentado al gobierno federal por defender el derecho de Puerto Rico a la independencia luego de incluir en el mencionado mural del correo el contenido de una carta que, en su concepción artística, le enviaba un esquimal, en su idioma, al pueblo de Puerto Rico.

El mensaje decía: “¡Al pueblo de Puerto Rico, nuestros amigos! Adelante. Cambiemos de amos. Sólo eso puede hacernos iguales y libres”.

La subsiguiente pugna entre Kent y el Tesoro de Estados Unidos, que se negaba a pagarle y hasta quería destruir el mural, incluyó no sólo aspectos políticos e ideológicos, sino  también  constitucionales y económicos, así como de derechos de autor.

Por si fuera poco, Kent se involucró como testigo –o por lo menos trató– en los casos de la Masacre de Ponce, a pesar de las amenazas de un alguacil federal que viajó a San Juan en el mismo avión, de que su presencia en el juicio podría desatar  otra  masacre y de que sería arrestado si testificaba o incluso  podría ser asesinado. En el tribunal, que estaba   rodeado de policías, fue sometido a un registro que incluyó lo que a él le pareció un examen prolongado de los genitales, por lo que le dijo al policía que con tanta sospecha lo registraba que aquello que de tal modo había despertado su curiosidad era “un instrumento para crear vida, no para destruirla”.

Finalmente, no se le permitió testificar, pero luego expresó su regocijo por haber tenido la ocasión de ver ejerciendo ante el tribunal a Ramos Antonini[17], a quien ya había escuchado tocar el piano. Sobre él dijo que, aunque no entendía lo que decía por ser  en español, por sus  gesticulaciones, ademanes y entonaciones  en la oratoria, concluyó que estaba, no sólo ante un artista de la música, sino ante “un artista del Derecho”.

Por cierto, para los años de la década de 1930 era muy conocido también el poeta canadiense Wilson MacDonald, a quien conocí por intermedio de Jean Wiley, con quien me visitó mientras estuve internado en el hospital Columbus. Wilson había apoyado la llamada primera guerra mundial, pero luego se convirtió en pacifista y los críticos literarios le daban de codo por su ideología socialista. Aunque publicaba sus poemas en revistas literarias y periódicos, tuvo que recurrir a publicar sus propios libros.

En una de mis cartas le comenté una vez que, en mis conversaciones con la Divinidad, repetidas veces le había pedido, siempre en vano, que me permitiera saber con certeza si mi presencia en este mundo tenía el propósito que presentía:  el de dedicarme por entero a luchar por la libertad de mi patria independientemente de las consecuencias.

MacDonald me respondió muy sabiamente que "la plegaria para una clarificación de la finalidad de la misión de uno no puede ser contestada, pues, si el propósito de la vida ha de ser trágico o glorioso, comoquiera que sea, la voluntad para cumplir el deber a plenitud podría debilitarse." Enseguida transcribí la carta de mi puño y letra y se la envié a Jean y a Abe a California.[18]

Pero sigamos. El fiscal Snyder, histérico ante un pueblo que se organizaba para la defensa propia, se las arregló para que el FBI investigara solapadamente las actividades del Partido Nacionalista porque le parecía que nos proponíamos cometer el grave delito de separar a Puerto Rico de Estados Unidos con el fin de convertirlo en una república, tal cual habían hecho los libertadores de su país.

Snyder, quien poco después fue presidente del mal llamado tribunal supremo de Puerto Rico, me describió ante Hoover como “dictador” del partido y calificó como insultos de mi parte al gobierno de Estados Unidos todas las monumentales verdades que le decía al pueblo de Puerto Rico en mis discursos por todo el país y en los artículos que escribía para el semanario La Nación.

La verdad  es que, a partir de enero de 1930, cuando asumí la presidencia del Partido Nacionalista, se dieron en el país una serie de sucesos que resultaron ser extraordinariamente significativos para nuestra lucha emancipadora, como lo fueron, entre otros, el surgimiento de la Asociación Patriótica de Jóvenes Puertorriqueños, de la que surgieron los Cadetes de la República y luego el Ejército Libertador; la reincorporación de las mujeres a la lucha patriótica frontal a modo de Cuerpo de Enfermeras; el caso de los asesinatos que cometió el  doctor Rhoads y su subsiguiente encubrimiento; el asalto al capitolio colonial tras el pretendido ultraje de nuestra bandera; la huelga de la caña en el ‘34; la Masacre de Río Piedras; el  ajusticiamiento de Riggs; los asesinatos de Rosado y Beauchamp; el surgimiento del semanario La Palabra luego de los sucesos de Río Piedras; la defensa a tiros de la bandera por Baldoni en Utuado[19]; el desarrollo de una campaña nacional de reclutamiento y de recaudación de fondos para establecer nuestro Ejército Libertador y otros a los que luego habré de aludir. En fin, fue una década de verdadera efervescencia  revolucionaria que llevó a la metrópoli a creer que nos levantaríamos en armas para las elecciones de 1936.

Ya para esa época, el poder interventor había comenzado a circular la versión de que padezco un complejo de inferioridad por mi composición racial y que es por esa razón  que combato la intervención extranjera en mi país y la explotación económica de mi pueblo. Alegan algunos que se me negaron honores y otras distinciones durante los años que estudié en Harvard y que resentí el que en el ejército me ubicaran con tropas no blancas.

La realidad ha sido otra. Ciertamente, siempre repudié y habré de repudiar, como es el deber de toda persona de conciencia, la discriminación racial y étnica que siempre ha caracterizado a las élites sociales y económicas de Estados Unidos –independientemente de si soy  víctima o no de las mismas. Presencié actos desgarradores de violación de la dignidad humana en Estados Unidos y hubo ocasiones en las que, de haber estado armado, la indignación habría podido llevarme más allá de las normas que rigen mi conducta. Orgulloso estoy de mis sentimientos en ese aspecto, pero creo que no han de ser muchas las personas, del color que sean, que hayan disfrutado no sólo en Harvard, sino aun dentro del ejército yanki, las atenciones, la consideración y el respeto de los que fui objeto. Creo que debería bastar, como prueba gráfica de ello, mi ubicación en el mismo centro de la primera fila en la foto donde estoy con condiscípulos de Harvard.

Ante las penurias económicas que durante esos años enfrenté con mi incipiente familia, hubo personas bien intencionadas, pero  equivocadas, como dicen algunos de mí, a quienes  les parecía que, en lugar de entregarme a la lucha de liberación, debía explotar económicamente mi preparación académica poniéndola, no ya al servicio de las empresas extranjeras, pues no osaban  ir tan lejos, pero sí al servicio de al menos empresas nativas de las que pudiera obtener razonables, sino sustanciales beneficios económicos. Estas personas no albergaban duda alguna, como tampoco yo, de que mis convicciones ideológicas, las que ellos describían como intransigentes, habrían de llevarme de cabeza  a los patíbulos de Atlanta.

A todo esto, no sabían ellos que estábamos creando nuestro propio arsenal, no sólo con armas que traíamos de contrabando, sino incluso de armas que adquiríamos de las instalaciones militares del invasor. En una ocasión, incluso traté de comprarle armas al barco Presidente Sarmiento, de la marina de guerra argentina, de paso por San Juan. No lo conseguimos, pero establecimos estrechos nexos con los oficiales, los cadetes y la tripulación. Cuando  zarparon, los hermanos Bassó[20] los despidieron pasando sobre la fragata una y otra vez con su avioneta con los acordes de La Borinqueña mientras los marinos permanecían en formación militar.

En la adquisición de armas contamos con la cooperación de algunos miembros de la llamada Guardia Nacional, ese ejército secundario que la metrópoli estableció para lanzarlo contra la población civil. Algunos las sustraían y las donaban y otros, no tan patrióticos, nos las vendían. El producto de las ventas de algunas rifas – labor esta en la que se destacaba Isabelita Rosado – iba dirigido a la compra de armas.

Aunque estábamos en el proceso de establecer un Ejército Libertador, sabíamos que  los golpes más fuertes que podíamos asestarle al poder interventor de Estados Unidos no eran los de tipo militar, pero sabíamos también que estos atraen la atención internacional, por lo que se convierten en golpes de índole moral. Unos y otros son imprescindibles, pues si bien no tenemos la capacidad para echar a pique su  poderío naval, tenemos sin duda la fortaleza moral para echar a pique su decadente prestigio ante el mundo.

A propósito, sé que muchos se preguntarán por qué ingresé en el ejército yanki. Mirando desde la perspectiva que nos da la distancia en el tiempo, creo que mi afán de interrumpir mis estudios universitarios para ingresar en el ejército fue un resultado directo de la campaña descomunal de propaganda que lanzó el gobierno de Woodrow Wilson, quien sin embargo había llegado a la presidencia con una campaña  pro paz.

En una sociedad que se consideraba a sí misma, democrática por excelencia, un gobierno pro paz montó una maquinaria propagandística pro guerra de proporciones industriales, como las que se dice que distinguen a los Estados totalitarios de los democráticos.

Esa maquinaria, a cargo de un periodista de nombre George Creel, bombardeaba de tal modo la mente de los ciudadanos que, si uno era extranjero, como en mi caso, lo menos que llegaba a sentir era que estaba fuera de lugar si  pensaba que no había razón para desear la destrucción total y permanente del pueblo alemán.

Causaba cuando menos una inquietud de conciencia ver a otros jóvenes, muchos de ellos estudiantes y pobres como uno mismo, engancharse orgullosos para ir a ofrecer su vida por ideales que uno compartía.

Aquella propaganda sin paralelo y sin precedentes, por todos los medios disponibles, tenía expresamente algún atractivo para cada sector de la sociedad. La misma prometía que, con la guerra contra Alemania, no sólo quedaría aniquilada la fortaleza industrial y militar alemana, sino que, supuestamente, se  cuidaban los intereses de los trabajadores, se  protegían los valores más preciados de las sociedades democráticas y quedarían resguardados los derechos de las naciones pequeñas al ser destruido el militarismo.

No me he arrepentido de mi servicio militar. Por el contrario, estoy convencido de que los ciudadanos de una nación, más aún de una nación que ha sido militarmente intervenida y ocupada, necesitan la experiencia de la vida militar y todo lo que la misma implica. Por eso fue que, al ofrecerme de voluntario, puse como condición que me enviaran al frente de guerra, lo cual el gobierno de Estados Unidos aceptó, pero no cumplió. Asimismo, tampoco niego que hoy día, mirando hacia atrás con la perspectiva que nos da el paso de los años, a veces me he preguntado si no debí conformarme con  los conocimientos de ciencias militares que adquirí mientras estudiaba en Harvard.

Afortunadamente, no fue poca la ayuda de naturaleza militar que  recibió el Movimiento Libertador de numerosos compatriotas que sirvieron durante la llamada Segunda Guerra en los  continentes de Europa  y África.  A uno lo conocí  precisamente  en el hospital Columbus. Conocí a “Ñin” Negrón, quien está aquí conmigo, en el año de 1945, cuando tuvo la osadía de visitarme vistiendo su uniforme de militar yanki. Había combatido al régimen nazi como miembro del Regimiento 65 de Infantería, del cual los altos oficiales del Pentágono se mofaban llamándolo el regimiento “del ron con Coca Cola”.

Antes de la guerra de Corea, en el Pentágono no creían a los puertorriqueños capaces de combatir, por  lo que al 65 de Infantería ni siquiera les proveían los adiestramientos básicos de combate. Por si fuera poco, el regimiento se componía de dos batallones, en lugar de los tres que debía tener y, aunque estaban a 60 millas uno del otro, carecían de lo más mínimo en materia de equipo de transportación. Para colmo, el regimiento tampoco tenía artillería.

Me impresionó sobremanera el gran sentido del humor de “Ñin”. Luego de hacernos reír un rato, al despedirse me dijo que salía de allí decidido a ingresar en el Partido Nacionalista y así lo hizo. En adelante, aquel muchacho reorientó su vida y utilizó su experiencia militar durante la revolución del ‘50 en su pueblo de Naranjito, donde dirigió un pequeño grupo de patriotas  que atacaba de noche y se ocultaba de día.[21] Por estar del lado del ejército yanki durante la guerra, fue elogiado como héroe pero, poco después, por  tomar las armas por la independencia de su patria, fue sentenciado a cumplir 65 años de prisión.

Pues bien, aunque se decía que aquella primera guerra en Europa, para la que me alisté voluntariamente, sería la gran guerra que acabaría con todos las guerras, el Tratado de Versalles que le puso fin trajo consigo la fértil semilla de la llamada Segunda Guerra Mundial.

En aquel tratado leonino –en el que la única participación de Alemania fue la de aceptarlo sin derecho a objetar–, Estados Unidos empotró cuanta cosa se le ocurrió para garantizar la inmisericorde  humillación  del  pueblo  alemán, con lo que inevitablemente sentó las bases para el arraigo de Hitler y de su Partido Nacional Socialista.

No conformes con desarmar a Alemania, paralizar su ejército y fragmentar y ocupar militarmente su territorio nacional, le cerraron sus mercados naturales y le sabotearon los que no le cerraron; le destruyeron sus fábricas y sus maquinarias; se apoderaron de sus minas; le confiscaron todos sus archivos y encima le impusieron una pago de compensación por daños que resultaba impagable aun si el país hubiese contado con la suficiente infraestructura industrial.

Alemania en efecto perdió unas 25 mil millas cuadradas de territorio con más de seis millones de habitantes, así como dos terceras partes de su mineral de hierro; casi la mitad del carbón; tres cuartas partes del zinc; una octava parte de sus terrenos agrícolas y el diez por ciento de sus establecimientos industriales.

La inflación desvaloró de tal modo al marco que los trabajadores que lograban tener un empleo cobraban sus salarios en sacos y sus esposas iban a recoger el dinero inmediatamente para hacer sus compras antes de que entrara en vigor la próxima devaluación. Aquello fue la cosa más absurda y, más que un tratado, fue un atraco más al estilo de los norteamericanos.

Con  todo esto, el mal llamado tratado alude al establecimiento de “relaciones abiertas, justas y honorables entre  las  naciones” bajo el derecho internacional como el modo de evitar las guerras  cuando, en realidad, los únicos derechos que quedaban protegidos eran los de Estados Unidos y los de sus aliados –en ese orden.

La economía del pueblo alemán prácticamente se desintegró y la nación no vivía, sino que luchaba arduamente por sobrevivir en un estado de progresiva estrangulación. Este estado del país  no sólo afectó a los trabajadores, que siempre  llevan la peor parte, sino que afectó incluso a la arrogante nobleza y a la feudal aristocracia.

Esa guerra imperialista fue consecuencia directa e inevitable de los atropellos y la humillación de la nación alemana por Estados Unidos y sus aliados. Esa fue una razón por la cual me opuse a esa guerra a pesar de que en el año de 1918 me alegré de que se le hubiera destrozado el espinazo al nazismo.

Otra razón fue, por supuesto, nuestro principio de no colaboración con el poder interventor de Estados Unidos – principio que jamás debemos descartar, sin importar las circunstancias.#

[1]1. Vito Marcantonio, congresista de Nueva York.– Editor

[2]2. Un informante le dijo al FBI en mayo de 1944, supuestamente citando a Albizu, que este ingresó en los Caballeros de Colón en el año de 1921. Según el informante, Albizu dijo que su propósito fue el de combatir desde allí el control de las logias masónicas por parte de la estructura suprema norteamericana, pero que, “por haber caído en desgracia” con esa organización, ahora procuraba lograr ese fin infiltrando a miembros del Partido en dichas logias. (Departamento de Justicia de EE. UU., Negociado Federal de Investigación (FBI). Expediente Núm, 105-11898, RE: Pedro Albizu Campos, Carpeta 3). Los datos categóricos que me proveyó el pasado 9 de mayo Susan H. Brosnan, Archivera del Concejo Supremo de los Caballeros de Colón,  a los efectos de que entre los años de 1913 y 1923 no existió un capítulo de esa entidad en Harvard, tienden a sostener que fue en el año de 1921 cuando  Albizu ingresó en esa entidad católica. Dijo Brosnan que en Cambridge había tres capítulos: el 74 instituido el 2 de abril de 1893; el 193, instituido el 25 de octubre de 1896 y el  912, instituido el 3 de julio de 1904. Los capítulos 193 y 912 se fusionaron en el año de 1927 con el capítulo 74. Esta información contradice, por sí sola, la versión de su esposa de que Albizu fue “presidente y fundador del capítulo de Harvard de los Caballeros de Colón”. (Laura de Albizu Campos. Albizu Campos y la independencia de Puerto Rico. N.Y.: La autora, 1961, pág. 19).– E.

[3]3. Se refiere a Oscar Collazo, quien atacó a tiros a los centinelas de la Casa Blair, residencia provisional del presidente Harry  S. Truman, el 1ro de noviembre de 1950, en compañía de Griselio Torresola, quien murió en el ataque.–E.

[4].  Se refiere al licenciado Julio Pinto Gandía, prominente líder del Partido Nacionalista, quien años después desapareció de su hogar misteriosamente.– E.

[5]. Prominente líder religioso y guerrero indio Hunkpapa, de la nación Sioux, cuyo nombre nativo era Tatanka Iyotanka. Nació en Dakota del Sur en el 1834. Fue asesinado por un policía indio el 15 de diciembre de 1890 en lo que algunos historiadores han calificado de “asesinato político”.– E.

[6]. Reynolds cumplió 19 meses de cárcel en Puerto Rico.– E.

[7]. Se refiere al gobernador de Puerto Rico  entre el 5 de febrero de 1934 y el 12 de mayo de 1939.

[8]. Se refiere a la Penitenciaría Estatal en Río Piedras, jurisdicción de San Juan, popularmente conocida como “El Oso Blanco”, donde fue internado en marzo de 1954.

[9]. El doctor Gilberto Concepción de Gracia fue abogado de Albizu en la década de los 30. Fue  el primer presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), electo en el 1948, luego de su fundación en el año de 1946.– E. 

[10].  Albizu salió del hospital Columbus el 9 de noviembre de 1945 y por voluntad propia siguió residiendo en la Ciudad de Nueva York hasta su regreso a la isla el 15 de diciembre de 1947.– E.

[11]10. Se refiere a Erasmo Velázquez Olmedo, Luis Florencio Velázquez y su hijo Julio Héctor, Juan Gallardo Santiago, Pablo Rosado Ortiz y a los consagrados poetas Clemente Soto Vélez y Juan Antonio Corretjer. Todos fueron sentenciados a distintas penas en el mismo caso con Albizu.– E

[12]. Juan Juarbe Juarbe.– E.

[13]. Raimundo Díaz Pacheco, líder del grupo que atacó La Fortaleza ese mismo día. E.

[14]. J. Edgar Hoover, director vitalicio del FBI.– E.

[15].  (1882-1971).E.

[16].  Kent fue electo miembro de la Academia de las Artes de la URSS en 1966 y el año siguiente recibió en Moscú  el premio Lenín de la Paz.– E.

[17]. Ernesto Ramos Antonini, para entonces pianista, abogado y orador. Luego cofundador del Partido Popular Democrático, legislador, autor de la ley que creó la Escuela Libre de Música  y  presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.– E.

[18].  Jean W. Swickel la donó con otras al Archivo Nacional de Puerto Rico.– E.

[19].  Luis Baldoni Martínez, conocido ya por haberle entregado a Albizu el original de la carta del doctor Cornelius P. Rhoads, a la cual se alude más adelante.– E.

[20]. Los hermanos Bassó eran unos pilotos comerciales nacionalistas que contribuían con su oficio a adelantar la lucha por la independencia.

[21]. Luego puso sus conocimientos y experiencia al servicio de la Revolución cubana.E.