Tag Archives: Muñoz Marín

NATIONALIST HEROINES: PUERTO RICAN WOMEN HISTORY FORGOT 1930S-1950S

NATIONALIST HEROINES

Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s

© 2016 Pedro Aponte Vázquez

(Leído el 16 noviembre de 2016 en el auditorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras).

Buenos días. Reciban un saludo fraternal y solidario en este momento histórico en el que la patria sufre los peores vejámenes a los que en su arrogancia la ha sometido El Invasor desde el impune asesinato del compañero Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005.

Le agradezco al compañero Amílcar Tirado que optara por ofrecerme el honor de presentarles el libro Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 págs.), de la prestigiosa historiadora boricua Olga Jiménez de Wagenheim. Con ello nos demuestra que es de esos profesionales, probablemente escasos, que no temen asumir riesgos. Por mi parte, dedico mi participación en este acto a la memoria de otra distinguida historiadora cuyo recuerdo la ingratitud opaca: la compañera Miñi Seijo Bruno.

Por más de un motivo he dicho que Amílcar no teme asumir riesgos. El de mayor peso es quizás el hecho de que mi determinación de decir libremente sobre cada asunto lo que crea necesario y a cada cual lo que estime que merezca, no es algo que me haya acarreado muchas simpatías. Otro motivo, tal vez de igual volumen, es el hecho de que recientemente tuve la osadía de asumir una posición diametralmente opuesta a la que optaron por defender un puñado de académicos, además de miembros prominentes del campo independentista ―y hasta algunos auténticos albizuistas―, en torno al contenido de un libro que abiertamente vilipendia al prócer Pedro Albizu Campos. la Historia nos dirá algún día con qué propósitos. Defender de ese modo la memoria de Albizu fue para algunos compatriotas hasta peor que haberle donado mi colección de documentos, fotos y algunos libros al Archivo histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín.

Con lo que estoy seguro de que no habrá desacuerdos es con mi afirmación en este momento de que el honor de presentar este libro debió ser para la doctora Aselar Laguna, pues ya lo reseñó detalladamente por medio de la internet con erudición y excelencia (El Post Antillano, 8 sept 2016). Espero estar hoy al menos cerca de la altura a la que habría estado su presentación.

En su reseña, la doctora Laguna alude con toda justicia a la “rigurosidad” con la que Jiménez de Wagenheim aborda y conduce sus investigaciones históricas ―virtud a la que hoy día ya hasta se le da de codo―, afirma que esta “informativa, importante y provocadora” obra disfruta del aval de la “distinguida y sólida carrera” de  la educadora Jiménez de Wagenheim “como catedrática en [la Universidad de] Rutgers” y añade que se le debe a ella, además, cito:

“[…] la introducción de los primeros cursos de historia oral, iniciando a estudiantes en esa disciplina y de paso, rescatando las contribuciones olvidadas de los puertorriqueños en las demostraciones y las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Rutgers y en la ciudad de Newark para los últimos años de los sesenta y principios de los setenta. Y conviene señalar ―agrega― su monumental y central desempeño en la fundación del archivo de la comunidad puertorriqueña en la Biblioteca Pública de Newark (el New Jersey Hispanic Research and Information Center), contribuyendo de modo exhaustivo a la recuperación y preservación del acervo de los puertorriqueños y otros latinos residentes en el estado de New Jersey”.

Precisamente, de rescatar del olvido y también de la indiferencia, es de lo que trata esta indispensable aportación de Jiménez de Wagenheim a nuestra historiografía y, por ende, a nuestra centenaria lucha de liberación nacional. En Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, la historiadora que ya es parte de la indisoluble nación boricua en las entrañas del monstruo, les recuerda a sus lectores el hecho de que las mujeres boricuas no eran invisibles para nuestro opresor en el curso de nuestra lucha por liberarnos del Invasor (y todavía no lo son, permítaseme agregar). Nos provee ella una breve y vívida introducción con una impresionante narración de las condiciones objetivas que llevaron a la insurrección de 1950 contra la tiranía de EE. UU. Luego nos lleva de la mano a través de una exposición amena, profusa y rigurosamente documentada que nos provee una vista panorámica de nuestra más reciente historia política.

El libro les rinde merecido tributo a dieciséis mujeres. A Dominga de la Cruz Becerril, quien heroicamente sobrevivió la Masacre de Ponce en 1937 y otras 15 que fueron perseguidas y encarceladas por haber participado, o parecerle al Invasor que habían participado, directa o indirectamente en la lucha armada del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador en los años de 1950. Estas son:

Blanca Canales

Leonides Díaz

Carmen María Pérez

Ruth Mary Reynolds

Isabel Rosado Morales

Doris Torresola Roura

Olga Isabel Viscal Garriga

Rosa Cortés Collazo

Lolita Lebrón Sotomayor

Carmen Dolores Otero de Torresola

Juana Mills Rosa

Juanita Ojeda Maldonado

Ramona Padilla de Negrón

Angelina Torresola de Platet y

Monserrate Valle de López de Victoria.

En alusión a esta prudente limitación que se impuso, Jiménez de Wagenheim dice estar “consciente de que otras puertorriqueñas han sido encarceladas por sus ideales políticos a partir de los años 50 y merecen también un estudio profundo de sus hazañas y contribuciones a la causa de la independencia de Puerto Rico” y con genuino pesar añade: “Lamento no ser yo la autora”.

Aunque el título nos indica que trata sobre “mujeres puertorriqueñas” Nacionalistas, justificadamente incluye a una que sin duda lo parecía mucho, pero que en realidad no fue ni borinqueña ni Nacionalista: la pacifista estadounidense Ruth M. Reynolds, oriunda de las Lomas Negras de los nativos Lakotas. Reynolds, quien perteneció al Comité Pro Defensa de don Pedro Albizu Campos que mantuve con doña Isabel Rosado y mi compañera Judith,  desempeñó un importantísimo papel en nuestra lucha, pero, pacifista al fin, no perteneció al Partido Nacionalista ―un detalle que Jiménez de Wagenheim se ocupa de mencionar. El hecho es que Ruth cumplió cárcel por parecer Nacionalista.

Por otra parte, el subtítulo del libro, Mujeres puertorriqueñas que la Historia olvidó, invita a un análisis semántico, pues sería razonable alegar que a estas compañeras no las olvidó la Historia, por cuanto los Pueblos, sus líderes, sus reseñadores, sus políticos, sus educadores y sus historiadores somos quienes olvidamos. Los lectores, por otra parte, no deberán interpretar como indicio de menosprecio de la capacidad de la mujer boricua el hecho de que Albizu le hubiera asignado un puesto de liderato en su partido a solamente  una de las mujeres aquí incluidas, toda vez que a algunas les encomendó ―y ellas no vacilaron en asumir― misiones no solo de alta confianza y responsabilidad, sino, además, de altísimo riesgo personal. Tampoco deberán los lectores conjeturar que esas militantes Nacionalistas hayan sido olvidadas o ignoradas por motivo del machismo que caracteriza a nuestra sociedad, pues no han sido pocos los hombres militantes del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador que han sido olvidados o ignorados no solo por los historiadores, sino incluso por las pasivas y autocomplacientes organizaciones patrióticas del presente.

Jiménez de Wagenheim, perteneciente por muchos años a la denominada “diáspora” boricua y quien, aunque en las entrañas del monstruo, ha mantenido contra la corriente su primer apellido con todo y tilde, no es neófita en estas lides, pues ha publicado libros y artículos sobre otros importantes sucesos de la historia política de Puerto Rico, incluyendo nuestra rebelión contra el otro imperio, el español. Sobre todo, es preciso recalcar, lo ha hecho como es su estilo y su costumbre: con el debido respeto a los hechos históricos y a las fuentes de información.

A propósito del concepto de “diáspora”, y del debido respeto a los hechos históricos y a las fuentes, alguien se quejó en un artículo publicado en la red en defensa del aludido libro que vilipendia a Albizu de que, en su opinión, “la diáspora siempre tiene que humillarse ante los pies de la nación para ser recibida con los brazos abiertos” y agregó que “Es interesante como se habla de nación en estos lugares sin considerar [a] los que no tienen país, [sic] porque no hay tiempo para reflexionar en eso, porque se tiene que trabajar, porque se tiene que sobrevivir, porque vivir no es posible”. Esos comentarios son cónsonos con el que publicó meses atrás con el mismo propósito, y en estos días repitió tranquilamente, el denominado National Institute for Latino Politics and Policy con base en ese mundo saturado de historia que es la Ciudad de Nueva York. Al igual que algunos comentaristas, esa entidad ha dicho que una razón por la que en nuestra patria algunos condenamos el libro aludido es que el autor es “nuyorican” y “cruzó la línea al escribir sobre un asunto que es visto como predio exclusivo de la izquierda en Puerto Rico”. Otra razón, asegura el supuesto instituto, es la “envidia” de los críticos residentes en la Isla, de quienes dice que hemos fracasado en “hacer el cruce” a la inversa, hacia la metrópoli. Ciertamente le queda mucho por aprender sobre los boricuas a ese instituto de política pública latina, aparente heredero ideológico de Ramón S. Vélez. De paso, los que escriben y hablan en nombre de ese grupo deben abandonar la práctica de valorar la confiabilidad del contenido de los libros y su utilidad didáctica en términos de la cantidad de ejemplares vendidos.

Es forzoso aludir aquí ahora al desagradable tema del referido libro por dos buenas razones: la autora del libro que les presento forma parte de esa diáspora y su contenido es un tema “de la izquierda puertorriqueña”, dicho lo último entre comillas. Esto quiere decir, a la luz de la insostenible posición de esos voceros, que la doctora Jiménez ha cruzado esa supuesta línea imaginaria que algunos han trazado con sus infundados criterios. En su ofuscamiento ideológico, ni los políticos ni los politicastros logran ver la irrefutable realidad de que no hay razón para que la diáspora boricua tenga que humillarse ante la nación a la que pertenece, ni ante entidad alguna, ni lo ha hecho ni lo hará. Es evidente que esa diáspora, a la que me integré durante unos 15 años en Nueva York, sí tiene país, pues de otro modo no sería diáspora, y ese país es Puerto Rico.

Sépase además, aquí y allá y por doquier, que los boricuas, dondequiera que estemos, tenemos el derecho y, sobre todo, el deber de exigir respeto por nuestra historia de parte de quienquiera que opte por escribir sobre la misma sin importar desde dónde lo haga ni qué organización política, decrépita o vigorosa, lo respalde. Por otra parte, a los autores de la diáspora boricua se les reconoce, como a cualquiera otro autor o autora, el derecho de escribir y publicar en el idioma que para ello escoja.

Nadie en la diáspora boricua, ya sea honesto intelectual, o colaborador de espías o mañoso explotador de la pobreza, tiene fundamento alguno para sostener que los escritores independentistas en Puerto Rico no recibimos con el debido respeto a los colegas que en sus obras a su vez respetan la Historia misma como ciencia social. Este hecho acaba de ser confirmado una vez más por la admiración y el afecto con los que hemos recibido en su patria a la compañera autora de este libro.

La concienzuda historiadora de nuestra diáspora, quien escribió este libro luego de su jubilación de la Universidad de Rutgers, cuando no se le podía aplicar aquello de “Publish or perish”, se valió principalmente de fuentes primarias tales como documentos públicos, la mayoría de los cuales vinieron a estar disponibles recientemente, testimonios escritos y entrevistas grabadas y personales con fuentes a las que ella, contrario a gárrulos de barbería, identifica debidamente. Sin embargo, por más que uno tenga preferencia por los detalles, como evidentemente es el caso de la compañera Jiménez de Wagenheim, siempre es propenso a omitir o dejar escapar o por algún motivo no resaltar sucesos que son especialmente significativos para algunos lectores. Por eso no encontré alusiones a otros asuntos de mi especial interés, como el caso Rhoads ―muy probablemente una de las causas por las cuales el partido Nacionalista recurrió a la lucha armada―; a las denuncias de Albizu de que se le exponía a la radiación ―las cuales Carmín Pérez e Isabel Rosado mencionan en sus entrevistas para el libro como lo hace Rosa Collazo en sus Memorias―; ni al diagnóstico de locura que el gobernador Muñoz Marín en su proverbial jaibería ordenó especialmente para Albizu con el fin de contrarrestar sus denuncias de tortura a la altura de la era atómica.

No obstante, es tal la abundancia de datos biográficos sobre las compañeras a las que ella alude en este valioso libro que, aunque durante unas décadas departí informalmente de vez en cuando con nueve de las compañeras aquí incluidas y de que entrevisté formalmente a algunas de ellas, encontré un caudal de datos que he venido a conocer solamente después de leer la meticulosa narración que generosamente optó por obsequiarle a su patria la doctora Jiménez de Wagenheim.

Habrá lectores a quienes, como a este autor, les extrañará su uso del verbo “asesinar” en referencia al intento de luchadores por la libertad de ejecutar o ajusticiar al presidente Truman, además de algunas afirmaciones sobre el estado de salud de Albizu mientras estuvo en Estados Unidos. Precisamente, en lo que se refiere al concepto de “asesinar” versus “ajusticiar” dentro del contexto de una lucha de liberación nacional contra un invasor militar, surgió aquí mismo en este recinto un intercambio de ideas durante un foro reciente en torno a la insurrección de 1950. Creo procedente señalar que la base de la distinción que los independentistas hacemos entre “asesinar” y “ajusticiar” es ideológica. Es  la misma que hacemos entre “robar” o “hurtar” y “expropiar”. Por eso, mientras la prensa dice, por ejemplo, que los Macheteros cometieron un robo contra la empresa Wells Fargo, nosotros decimos que fue una expropiación. Sobre esta cuestión, es mi interés recalcar un asunto consabido: que es necesario y prudente fomentar el análisis y las discusiones de las discrepancias, el manejo de conceptos controvertibles y otros aspectos de la disciplinada narración histórica, con la debida sobriedad en civilizadas discusiones con respeto y elegancia, sin recurrir a exageraciones ni a insultos ni a afirmaciones infundadas.

Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s es, además, una confiable fuente de información en torno a los atropellos de los que hemos sido y somos víctimas bajo el abusivo imperialismo estadounidense. Por estar escrito en inglés, el libro tenderá a fortalecer aún más los lazos culturales y políticos entre los borinqueños en nuestra patria y los radicados en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Además, iluminará a lectores del inglés, sean estadounidenses o de otras nacionalidades, quienes gracias a la internet están empezando a enterarse de nuestra existencia como nación caribeña subyugada.

En fin, esta nueva obra de 347 páginas de historia constituye un merecido reconocimiento de la autora a unas mujeres abnegadas, resueltas, dedicadas, que vivieron de modo cotidiano y en carne propia el postulado albizuista de organizarnos y entregarnos al rescate de nuestra soberanía con valor y sacrificio; mujeres que en el proceso ofrendaron vida y hacienda por la libertad y algunas hasta renunciaron a ser esposas y a ser madres. Constituye, de ese modo, un merecido homenaje no sólo a ellas, sino a la Mujer Boricua en general, la que con su temple, su valor, sus sacrificios y su firme determinación concebirá y alumbrará al fin una patria liberada. #

NEW BOOK DEPICTS LIFE OF PUERTO RICAN HEROINES

In Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s (N.J.: Markus Wiener Publishers, Inc., 2016, 347 pp.), Puerto Rican historian Olga Jiménez de Wagenheim not only reminds her readers of the fact that Puerto Rican women were not (and still are not, allow me to add) invisible to our oppressor in the course of our struggle for independence from Yankee imperialism, but also guides us by the hand through a profusely and adequately documented exposition that provides a panoramic view of our most recent political history.

The book pays tribute to sixteen women, fifteen of which were persecuted and incarcerated for having participated or just seeming to the Invader to have participated in the Nationalist Party of Puerto Rico’s 1950s armed struggle, plus one who heroically survived the 1937 Ponce Massacre. Regarding that self-imposed limitation, Jiménez de Wagenheim says she is “aware that other Puerto Rican women have been imprisoned for their political ideals since the 1950s and also merit an in-depth study of their deeds and contributions to the cause of Puerto Rico’s independence” and adds: “Regret not being that scholar.” In addition, she provides a brief and vivid introduction with a much needed account of the objective conditions that led to the 1950 insurrection against U. S. tyranny.

Although the title indicates that it is about Nationalist women, she justifiably includes one who was not: pacifist Ruth M. Reynolds, from The Black Hills of the Lakota natives, who played a very important role in our struggle, but was not a member of the Nationalist Party ―a point Jiménez de Wagenheim does make clear. On the other hand, the book’s subtitle, Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s, invites a semantic analysis, for it could be argued that these compañeras were not forgotten by History, insofar as the Peoples, their leaders, and their historians are the ones who forget. Furthermore, most of them seem to have been forgotten, not all of them.

Jiménez de Wagenheim, for long a member of the Puerto Rican diaspora who, although in the monster’s belly, has held fast to her own family surname and even to its graphic accent, is no newcomer to these endeavors, having published books and articles on other aspects of Puerto Rico’s political history, including our rebellion against the Spanish empire. Above all, she has done so with utmost care and respect for historical facts, a methodology some authors and even some critics seem to shun. For this book, she availed herself of primary sources such as public documents, most of them only recently made available, written testimonies, and tape-recorded as well as personal interviews with sources which, contrary to some authors, she duly identifies.

However, although evidently quite fond of details, Jiménez de Wagenheim avoids mentioning meaningful events if only, in this particular case, at least in bibliographical notes. Such is the case of the Rhoads scandal ―very likely one of the reasons the Nationalist party resorted to armed struggle―; Albizu’s claims of exposition to radiation ―which Carmín Pérez and Isabel Rosado mention in their interviews as does Rosa Collazo in her memoirs―; and the insanity diagnosis governor Muñoz Marín ordered specially for the Nationalist leader in order to counter those claims.

On the other hand, this book’s abundance of biographical data is such that, despite my having conversed now and then with nine of the women here portrayed and having interviewed most of them decades ago, there is an array of facts I have come to learn only from reading the meticulous narrative it contains.

Despite its use of the verb “assassinate” in reference to the attempt by freedom fighters to execute President Truman and to assertions regarding Albizu’s state of health while in the U.S. that can be refuted on the basis of the historical record, Nationalist Heroines: Puerto Rican Women History Forgot 1930s-1950s is a reliable source of knowledge about our plight under U.S. imperialism. Written in English, it not only will tend to strengthen even more the cultural and political ties between Puerto Ricans in our motherland and those in the U. S. and elsewhere, but also will illuminate other readers who are just beginning to learn about our existence as a subjugated Caribbean nation.

Based on experience, one can reasonably expect the Puerto Rican Independentist Party to go out of its way to make sure that it is widely distributed throughout the Island.

Inmerecido Homenaje a José Trías Monge

Foto 4-C  Trías Monge, cropped

José Trías Monge

 

© 1996 Pedro Aponte Vázquez

(Publicado en Claridad, 31 mayo–6 junio 96, pág. 22)

El papel que el licenciado Trías Monge optó por desempeñar en la historia política y judicial de Puerto Rico no lo hace merecedor del homenaje que le rinde la prestigiosa Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico al dedicarle su próximo número.

He aquí a una persona que ha sido capaz de engañar a un gran número de personas por gran parte del tiempo y a quien, aún así, hay quienes optan por rendirle honor y sin ocultarse para ello.

Y no es cuestión de que no se le reconozcan al licenciado Trías Monge sus méritos intelectuales y las valiosas aportaciones de esa naturaleza al estudio y la historia del derecho en nuestro país. 

De lo que se trata aquí es del porqué, a pesar de haber incurrido en conducta contraria a la ley y de haber sido portaestandarte de acometidas brutales contra los derechos humanos y civiles en nuestro país, se le sigue considerando no sólo persona respetable en la nación puertorriqueña, sino hasta en la comunidad académica, en el campo del derecho y, por si fuera poco, dentro del propio movimiento independentista contra el cual tuvo el placer de arremeter.

El hecho mismo de que estudiantes de derecho le rindan un inmerecido honor a un abogado de quien se sabe que en sus funciones de Secretario de Justicia incurrió en delitos y abusos de poder, debe ser motivo de profunda preocupación y de acción afirmativa para una sociedad donde la corrupción gubernamental es rampante. ¿Es que acaso esos futuros abogados del país están ajenos a los acontecimientos históricos de antigua y reciente divulgación en torno a las fechorías del astuto político Trías Monge, o es que dan como aceptable su conducta por tratarse de un intelectual del Derecho? ¿O es que, por algún extraño sortilegio, la corrupción de funcionarios públicos deja de serlo cuando no se trata de fraude contra el erario?

Con su defensa de los proyectos de ley de “La Mordaza”, el entonces profesor de Derecho se abrió camino cínica y hábilmente dentro de las estructuras del poder político, con lo que demostró que sus ansias de poder estaban por encima del concepto de lo que es justo. De ese modo se inició en un proceso de persecución política no sólo de los luchadores por la independencia, sino de los defensores de los derechos civiles y de las reivindicaciones obreras, proceso que desató y dirigió como Secretario de Justicia en estrecho y servil vínculo con el FBI.

En su cargo de Secretario de Justicia, el abogado a quien la mencionada Revista Jurídica homenajea, tomó parte en la confección de ―que se sepa― dos documentos falsos con fines puramente de estrategia político-partidista: una carta cuya autoría el gobernador Luis Muñoz Marín le atribuyó indecorosamente al presidente José Figueres, de Costa Rica, y un diagnóstico de locura hecho a la medida para un preso político ―don Pedro Albizu Campos.

Ambos documentos públicos iban de la mano hacia un mismo fin: el de socavar la credibilidad ante el mundo de un temido adversario político que alegaba ser víctima de irradiación atómica.

Cinco meses después, cuando las circunstancias políticas requirieron una vez más los servicios de un abogado de su estirpe, el homenajeado de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico desenfundó su ley predilecta, la de La Mordaza, para justificar la acción política de revocarle a aquel adversario político el indulto que, contra la voluntad del confinado, le había impuesto el Gobernador.

Existen pruebas circunstanciales de que el presidente Eisenhower le requirió a Muñoz Marín reencarcelar a Albizu en represalia por el ataque al Congreso, acción que Muñoz no había contemplado tomar, y había que satisfacer al imperio con otro sacrificio humano. El hecho de que ya se le había declarado loco y, por tanto era ilegal encarcelarlo, no habría de ser impedimento. Para eso estaba allí Trías Monge.

Uno de los funcionarios del Departamento de Justicia que sostuvieron ante el llamado Tribunal Supremo la decisión de Muñoz Marín de revocarle el indulto a Albizu en marzo de 1954, me dijo durante una entrevista personal que aun mientras llevaba el caso en contra de Albizu, su opinión era que el Gobierno no tenía pruebas suficientes.

El ex procurador general auxiliar Alcides Oquendo Maldonado indicó que comparte la opinión disidente de los jueces asociados Luis Blanco Lugo y Rafael Hernández Matos en el sentido de que la prueba no era suficiente para sostener la validez jurídica de la decisión de Muñoz Marín. (“Albizu y el indulto de Muñoz”, El Mundo, octubre de 1990 pág. 11-A).

Los referidos jueces disidentes dijeron que el único vínculo de Albizu con el ataque al Congreso surgía “única y exclusivamente de su condición de líder” del Partido Nacionalista.

Blanco Lugo y Hernández Matos opinaron, además, que “el calificativo de ‘sublime heroísmo’ a que tanto énfasis se ha dado podrá no corresponder con la opinión de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero ni aun con el mayor esfuerzo de imaginación puede decirse que sea una incitación al uso de la fuerza y violencia”. Tal vez Trías Monge pensaba lo mismo, pero había que doblegarse ante el imperio.

La peor de las fechorías ilegales de este héroe jurídico fue sin duda el haber persuadido y tal vez conminado al siquiatra Luis M. Morales a fabricar el diagnóstico en el cual declara paranoico a don Pedro Albizu Campos. Para ello, Trías Monge violó las disposiciones del Código de enjuiciamiento criminal de 1935, que requerían la intervención de tres peritos designados por el tribunal competente para dilucidar la cordura de un acusado o un convicto.

Fue insólito que el alegato de locura surgiera, no del penado, cual lo dispone el Código, sino de la propia rama ejecutiva del Gobierno: del gobernador Muñoz Marín y de su secretario de justicia, José Trías Monge. Es decir, si el penado no hace alegación de locura, el Gobierno toma la iniciativa.

Los miembros de la Junta Editora de la aludida Revista Jurídica harían bien en tomar nota de lo que dijo un profesor de siquiatría forense de su propia Escuela de Derecho en marzo de 1994 sobre ese diagnóstico.

El siquiatra forense Víctor J. Lladó examinó el informe del doctor Morales a Trías Monge, así como correspondencia interna del Departamento llamado de Justicia y reportajes de prensa y, en su informe a este autor, indicó que el procedimiento que siguió el doctor Morales “estuvo plagado de nulidad y representa una muestra del más despreciable mal uso y abuso de la psiquiatría por el Estado”. ¿Quién encargó y recibió semejante diagnóstico siquiátrico? José Trías Monge.

El doctor Lladó, ex presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Psiquiatría, señaló, además, que en las condiciones en que el doctor Morales hizo su alegada exploración mental de Albizu, “no es posible realizar una evaluación médica o psiquiátrica que sea válida ni confiable”.

Los conceptos de “validez” y “confiabilidad” de un instrumento o un mecanismo de medición se refieren, respectivamente, a que mida lo que se propone medir y que lo haga consistentemente. En el caso de una exploración para determinar el estado mental, lo que significa es que el procedimiento busque lo que se propone buscar y que siempre se encuentre lo mismo. En el caso de la alegada exploración siquiátrica de Albizu, pues, el carecer el procedimiento de “validez y confiabilidad” significa que el siquiatra no buscó lo que teóricamente se proponía buscar y que la repetición de una búsqueda como la que hizo arrojará resultados distintos. ¿Quién recibió y les divulgó a los medios noticiosos semejante diagnóstico? José Trías Monge.

Dice además el doctor Lladó que el doctor Morales, a quien describe como “ilustre colega” y “figura señera” de la psiquiatría en Puerto Rico, “lamentablemente en este caso erró y realizó un informe plagado de contradicciones y se aventuró a establecer diagnósticos psiquiátricos a pesar de que en su propio informe él mismo establece algunos de los parámetros fundamentales que invalidan y le restan confiabilidad a la alegada evaluación psiquiátrica. ¿Quién recibió gustosamente ese diagnóstico plagado de contradicciones? José Trías Monge.

Para el doctor Lladó resulta “incomprensible” que el doctor Morales no sólo hiciera “diagnósticos categóricos tan complicados  y severos” sin haber existido las condiciones apropiadas para una verdadera evaluación siquiátrica, sino que, además, dijo que otros dos confinados con quien Albizu compartía la celda  padecían de folie a trois, (o locura entre tres) “sin haber examinado psiquiátricamente y por separado a cada uno de los prisioneros”. ¿Quién recibió ese diagnóstico y publicó los nombres de los otros dos confinados? José Trías Monge.

El doctor Lladó señala en su informe que el folie a trois es “una extraña, rarísima y extremadamente difícil condición de diagnosticar” y agrega que el hecho de que “se prosiguiera con cualquier tipo de evaluación solapada o conversación alguna, aun a pesar del sujeto haberse negado a dar un consentimiento cabal” es “sumamente triste y sugiere treta o engaño”. ¿Quién originó y propició la treta para obtener el diagnóstico? José Trías Monge.

Concluye el doctor Lladó:

“A la luz de los principios básicos y derechos que contempla el Código de Salud Mental de Puerto Rico, la ley 116, la forma y manera que se llevó a cabo esta evaluación a Don Pedro Albizu Campos del 23 de septiembre de 1953, jamás debió ser permitida. Conviene aclarar que aunque no existiera esta legislación en aquel entonces, los principios básicos inviolables del consentimiento para los exámenes médicos sí existían desde hace muchísimos años, como el propio Dr. Morales lo hace constar en su informe del 25 de septiembre de 1953”.

¿Quién estaba detrás de esta patraña? José Trías Monge, quien no habría aceptado semejante diagnóstico si hubiera sido el abogado defensor.

Resulta evidente que así como, en palabras de Albizu, “la judicatura es el perro guardián del régimen”, Trías Monge fue por muchos años el “perro guardián” de la judicatura.

Por sus despreciables hazañas como Secretario de Justicia, cargo que ocupó entre los años de 1949 y 1957, su subsiguiente jefe político, Rafael Hernández Colón, lo premió en el 1974 con el cargo de juez presidente del mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico. Será precisamente el ex gobernador Hernández Colón quién tendrá el “honor” de hacer la apología de Trías durante la presentación del especial número de la revista el 28 de mayo en la Escuela de Derecho de la UPR.

Los siguientes futuros abogados componen la Junta Editora que le rindió tributo al licenciado José Trías Monge en su edición número 3 del volumen 65 del año de 1996 de la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico: Aníbal Espinosa Valentín, director, Carlos Candelaria Rosa, director asociado y Maricarmen Irizarry Marqués, Anabel Rodríguez Alonso y Lillian Mateo Santos, directoras asociadas.

¿Por qué un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho, presumiblemente destacados en sus estudios, seleccionan la triste figura de quien fue un corrupto funcionario público para rendirle tributo?

La directora asociada Anabel Rodríguez Alonso me informó durante una entrevista telefónica que la Junta Editora acordó en el verano pasado dedicarle un número a un puertorriqueño que se hubiera destacado en el campo del derecho, ya que anteriormente se le había dedicado un número a un jurista extranjero. Dijo que escogieron al licenciado Trías Monge, a pesar de ser una figura controvertible, por haber sido (1) miembro de la llamada Convención Constituyente de Puerto Rico, (2) Secretario de Justicia y (3) presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Señaló Rodríguez Alonso que los miembros de la Junta visitaron al licenciado Trías Monge y le notificaron sus planes y él les dijo que el mayor honor que ellos podían hacerle era el incluir artículos de sus críticos en el número de la Revista que habrían de dedicarle. (O sea, que se curó en salud). Agregó la directora asociada de la Revista Jurídica que los autores invitados seleccionaron los temas sobre los cuales habrían de escribir y que, de los 15 artículos incluidos, sólo uno llena ese requisito. Esa falta de críticos del homenajeado la atribuyó a que en la Junta Editora “no conocemos a todo el mundo en Puerto Rico”.

Trías Monge tuvo la enorme oportunidad de contribuir a que esos estudiantes conocieran a más personas en Puerto Rico exhortándolos a hurgar hasta encontrar un candidato más apropiado, o una candidata más apropiada, en lugar de conformarse con echar mano al más popular. Además, pudo haberles recalcado que ha habido y hay muchos abogados puertorriqueños que los jóvenes de hoy quizás no conocen, o de cuyas ejecutorias no se han percatado, que consistentemente han prestigiado la profesión… incluso aunque hayan participado activamente en la vida política. Pero bendito, es que la oportunidad de ser grande se les escapa siempre a los pequeños de espíritu.

Nota en torno al libro LOCURA POR DECRETO: El papel de Luis Muñoz Marín y José Trias Monge en el diagnóstico de locura de don Pedro Albizu Campos (1994)

En septiembre de 1953, en su afán por socavar y destruir la credibilidad del prócer Pedro Albizu Campos y así desmentir sus denuncias de que era objeto de torturas por radiación atómica, la Administración del gobernador Luis Muñoz Marín decretó que el líder Nacionalista sufría graves trastornos mentales y lo expulsó de Ia cárcel de La Princesa sobre la base de un indulto condicional que el ilustre preso rechazó. Cinco meses después, el propio Gobernador ordenó su arresto y encarcelamiento por medio de una maniobra en la cual el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico servilmente se involucró. (La Justicia y la Historia claman por un estudio jurídico concienzudo de cada uno de los procesos judiciales contra Pedro Albizu Campos).

El decreto de locura, pese a sus obvias deficiencias y a las circunstancias en las cuales surgió, propias del oscurantismo, se arraigó de inmediato en la sociedad puertorriqueña y durante décadas ha permanecido en su memoria colectiva. Estos hechos, por demás irrefutables, permitieron que prevaleciera entre los incautos Ia posición del gobierno de Estados Unidos y de su gobierno títere en Puerto Rico de que Albizu no había sido objeto de torturas de índole alguna que le causaran Ia muerte a largo plazo. Por consiguiente, cuando en agosto de 1984 llevé personalmente las denuncias del prócer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, los medios de información aquí (y, por supuesto, allá) pasaron por alto el hecho. Hube de recurrir entonces a desarrollar, con muy escasa experiencia, una amplia campaña de divulgación que afortunadamente resultó efectiva.

Entre las nuevas generaciones, los que vieron los abusos terroristas del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos del sureste de Asia y contra Libia, así como contra Cuba y otras naciones latinoamericanas; los que dudaron las versiones oficiales sobre el golpe de estado al presidente John F. Kennedy; los que supieron de día a día sobre el escándalo de Watergate y vieron al presidente Nixon mentir con Ia mayor desfachatez; los que vieron las luchas de los negros y los nativos americanos en Estados Unidos por sus derechos civiles y humanos; los que se enteraron del entrampamiento y los asesinatos en Maravilla y el subsiguiente encubrimiento; los que aprendieron a dudar de la palabra de los políticos, esos rechazaron de plano el cuento de la locura o, cuando menos, lo pusieron en duda.

Entre las generaciones anteriores, los que acostumbraban aceptar pasivamente los dictámenes gubernamentales y no dejaban cabida a Ia duda siquiera con el fin de “conducir bien la razón”, a lo Descartes, han tropezado de repente con la admisión pública del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado utilizando a escondidas a mujeres embarazadas, niños y niñas retardados, militares y presidiarios desde la década de 1940 para hacer averiguaciones sobre los efectos dañinos de la radiación atómica en los seres humanos. Aunque la secretaria de energía Hazel O’Leary hizo la admisión al cierre del año de 1993, se sabe que los hechos ya habían comenzado a surgir en los medios noticiosos desde el año de 1971. Por desidia o, con más probabilidad, por razones políticas, la Prensa optó por no profundizar en el asunto y no dedicarle tiempo y espacio para el seguimiento. Peor aún, el New York Times, tan utilizado por los investigadores, se ocupó de restarle importancia a un informe de octubre de 1986 del Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el cual contenía las revelaciones que habrían de repercutir en el año de 1994 cual si se tratara de una noticia “acabada de recibir”. Según informa la Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) en su edición de marzo-abril de 1994, el New York Times soslayó el contenido de más de 90 páginas del informe que aludían a lo antiético de los experimentos y llevó a sus lectores la idea de que las personas objeto de la experimentación atómica se habían sometido a la misma voluntariamente. “Voluntarios en E. U. sometidos a radiación”, fue el título del breve artículo sin firma que el Times de Nueva York publicó tímidamente en su página A-20.

La retrasada admisión del gobierno de Estados Unidos en torno a estos abusos contra sus propios ciudadanos causó, como por arte de magia, que en Puerto Rico hasta los intelectuales de butaca reclinable descartaran la versión oficial sobre las denuncias de tortura de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, en la primera semana de octubre de 2007, la agencia de noticias norteamericana Prensa Asociada dio a conocer que el Departamento de la Guerra de Estados Unidos (denominado de Defensa) recibió autorización para utilizar la radiación con el propósito de asesinar a líderes políticos extranjeros que fuesen desafectos al modo del gobierno de Estados Unidos de resolver determinados problemas políticos.[1]

Este escrito alude al diagnóstico de locura que se le fabricó a Albizu, a las espantosas deficiencias y contradicciones del mismo, al contexto político del cual surgió y a las decisiones contradictorias que le siguieron, con énfasis en el papel que desempeñaron el gobernador Luis Muñoz Marín y su leal secretario de justicia, José Trías Monge, así como los médicos y médicos siquiatras que de un modo o el otro tuvieron injerencia en el asunto.

Aunque los hallazgos de la investigación objeto de este ensayo han sido ampliamente divulgados aun desde antes de la primera edición de este libro en 1994, un monólogo de título Albizu: todo o nada nos presenta a un Albizu loco de remate, furioso y agresivo que en las postrimerías de su vida, todavía encarcelado, cree haber sido traicionado por los militantes de su partido. Al semanario Claridad no le pareció bien publicar un artículo de refutación que le sometí, por lo que he optado por incluirlo como apéndice en esta edición.

No me es posible mencionar a todas las personas que directa e indirectamente me ayudaron en este esfuerzo. De hecho, algunas quieren que no las mencione. Muchas otras han contribuido sin saberlo: las que han patrocinado mis publicaciones anteriores y las que con evidente entusiasmo me han exhortado a seguir en esta labor.

Agradezco, además, la gentileza de los estudiantes y empleados de Ia Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; de la señorita Hilda Chicón y sus compañeras y compañeros de la Sala de Referencia del Archivo Nacional de Puerto Rico (mal llamado Archivo General); y del joven archivero Julio Quirós Alcalá, de la Biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín. Al fotógrafo independiente José Luis León le agradezco sus servicios profesionales sin costo alguno aun en sus momentos de mayor necesidad. Además, recibí los servicios del Proyecto de Digitilización de Fotos del Periódico El Mundo, adscrito a la Biblioteca Lázaro. Las fotos aquí identificadas con las siglas en paréntesis de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son propiedad de ese Proyecto.

Verá usted que este trabajo de investigación no habría sido posible sin el peritaje que me proveyó, también sin costo alguno, el siquiatra forense Víctor J. Lladó y los servicios que obtuve del licenciado Alejandro Torres Rivera, del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico. El licenciado Torres Rivera me representó en la demanda que incoé en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de la Administración de Corrección para obtener copias de documentos públicos pertinentes a don Pedro Albizu Campos. Por orden del juez superior Arnaldo López Rodríguez esas entidades depositaron conjuntamente una gran cantidad de documentos, pero no todos, en nuestro Archivo Nacional. En la demanda participó, además, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ambas entidades y el licenciado Torres Rivera rindieron sus servicios libre de costo.

Desde que inicié mis tareas de investigación de la vida y Ia muerte de don Pedro Albizu Campos tuve el privilegio de contar con los testimonios y total respaldo de los siguientes discípulos suyos que participaron en los trabajos del Comité pro defensa de don Pedro Albizu Campos: Isabel Rosado Morales, José Rivera Sotomayor, Rosa Collazo, Lydia Collazo, Paulino Castro, Juanita Ojeda, José Antonio “Ñin” Negrón, Antonio Moya Vélez y Ruth M. Reynolds, quien, aunque no era Nacionalista, sufrió cárcel por parecerlo.

El Comité, a su vez, recibió el respaldo de varias y diversas entidades profesionales, sindicales, políticas, masónicas y estudiantiles. Coordinó los trabajos del Comité, con patriótico empeño, mi compañera y esposa Judith Ortiz Roldán. Extrañamente, los descendientes de Albizu por la línea de los Meneses apoyaron mi labor al inicio, pero sus palabras de aliento luego se convirtieron en insultos. De igual modo se condujo el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Como siempre, quedo como único responsable de lo que aquí expongo.

 

Pedro Aponte Vázquez

[1]. El semanario Claridad procedió entonces a entrevistarme sobre el asunto para su edición del 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5.

ASÍ FUE COMO PASÓ

El 6 de noviembre de 1950, la Policía de Puerto Rico arresta a Albizu y lo detiene en confinamiento solitario en el cuartel general de la Policía como consecuencia de la rebelión armada del Partido Nacionalista y seis días después se le traslada a la cárcel La Princesa, en el viejo San Juan, donde originalmente se le recluye también en solitaria. La rebelión fue provocada por los arrestos masivos de Nacionalistas y otros independentistas en toda la isla como lo disponía un plan del gobierno de Estados Unidos cuyo fin era evitar que Albizu y su partido entorpecieran con su prédica abstencionista el objetivo ulterior del partido de gobierno (Partido Popular Democrático) de lograr la aprobación en las urnas electorales del status llamado “estado libre asociado”. Sobre este plan, del cual el Partido Nacionalista ya tenía conocimiento, ha dicho la organización Americans for Puerto Rico’s Independence:

“Para poder participar en la consulta especial mediante la cual el Pueblo de Puerto Rico ejercería su autodeterminación para aceptar o rechazar la oportunidad de redactar una Constitución que cubra aquellos aspectos de gobierno local (sic) autorizados por el Congreso, se les requiere inscribirse expresamente para la misma. La fecha para esta consulta especial fue fijada para el primer fin de semana de noviembre de 1950. Unos días antes, sin embargo, el gobierno inició una nueva serie de arrestos de miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico y ese partido respondió con una revolución en toda la isla. El Partido Nacionalista había esperado que este ataque ocurriera en cualquier momento durante los seis meses anteriores, desde la visita a Puerto Rico de Louis Johnson, secretario de defensa del presidente [Harry S.] Truman, a fines de abril. Don Pedro Albizu Campos —quien había regresado a Puerto Rico en diciembre de 1947 y había seguido abogando por la no cooperación con el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y por acción inmediata para alcanzar la independencia—, había recibido informes de que el viaje del secretario Johnson tenía el propósito de impartir órdenes al comando militar en Puerto Rico de que —a través de instrucciones que el gobernador Luis Muñoz Marín le transmitiría a la Policía de Puerto Rico—, el Partido Nacionalista habría de ser liquidado y sus líderes encarcelados; en caso de que resultara difícil o imposible arrestar a los líderes, estos serían asesinados”.

El gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico había comprobado ya la eficacia de un plan de esa naturaleza a fines del año de 1935, cuando desató una ola de arrestos de Nacionalistas que culminaron con la muerte del jefe de la Policía, coronel E. Francis Riggs, el asesinato de los comandos que lo ajusticiaron, Hiram Rosado y Elías Beauchamp, y el encarcelamiento de Albizu y otros líderes del Partido Nacionalista en el año de 1936.

El 25 de octubre de 1935, al día siguiente de lo que ha sido denominado la Masacre de Río Piedras, Riggs le había declarado la guerra al Partido Nacionalista cuando, según informó el diario La Democracia, dijo que: “Nadie tiene derecho —a menos que [esté] legalmente autorizado—, a portar un arma prohibida. Si hay alguien que persista en ese delito, yo me adelanto a informar que habrá guerra, guerra sin cesar, no contra políticos, sino guerra contra criminales. Quien se niega a dejarse conducir arrestado por un agente del orden público es un criminal y un salvaje”.

A la declaración de guerra del militar norteamericano, Albizu respondió que el partido “recoge el guante” y que en efecto habría “guerra, guerra y guerra contra los yankis”.

Resultaba obvio, pues, para el gobierno de ocupación, que aquel patriota que desde sus tiempos de estudiante había rechazado las ofertas de empleo que le hizo el régimen, se había convertido ya en peligroso enemigo cuya conciencia no estaba a la venta. De hecho, en el año de 1932 Albizu ya había dicho que “el honor no está en el mercado a ningún precio.” Al ver que era imposible amedrentarlo o sobornarlo, el Gobierno de Estados Unidos lo sentenció a muerte.

Pedro Aponte Vázquez
San Juan de Puerto Rico

Comentarios en torno a “King of the Towels”

En su artículo King of the Towels: The Torture and Murder of Pedro Albizu Campos ―subtítulo que a su vez es una copia literal del subtítulo de la primera edición de mi libro ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos―, Nelson Denis afirma que el expediente del FBI sobre el prócer “demuestra que […] fue una de las 16,000 personas sometidas a un experimento de radiación”.

A pesar de hacer una afirmación categórica, Denis no ofrece la procedencia del dato, al menos no en su aludido artículo, aparte de decir que según el diario The New York Times, esos experimentos ocurrieron desde la llamada Segunda Guerra Mundial hasta la mitad de la década de los 70.

El autor luego afirma que Albizu fue sometido a Irradiación Total del Cuerpo (TBI por sus siglas en inglés) en su celda ―sin indicar en qué cárcel― y más adelante añade que esa exposición “continuó durante varios años hasta matarlo”, ambas veces sin citar su fuente.

Denis, autor de un nuevo libro en torno a nuestra historia bajo el yugo yanqui, presenta en su artículo varios datos erróneos además de una que otra exageración y concluye con la afirmación, sin mencionar su fuente, de que el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, a quien el Pueblo boricua suele describir acertadamente como “el carcelero” de Albizu, “sabía todo” lo que le hacían a este y “colaboró con el gobierno de EE. UU. en la tortura y asesinato de Albizu Campos”.

Toda vez que estas afirmaciones y otras que no he mencionado, independientemente de lo simpáticas que las pertinentes a Muñoz Marín puedan resultar para el pueblo independentista, no coinciden con los hallazgos de las investigaciones que realicé durante el curso de varias décadas, invito al autor a proveernos sus fuentes a través de los mismos medios por los cuales ha hecho público su artículo, por si procediera corregir mis relatos.

El “N-1”: Traidor de la patria

Simulado arresto del traidor Salvador González Rivera, el "N-1".

Ese que aparece con camisa de franjas y simulando que forcejea con agentes de espionaje político de la Policía, es el traidor de la patria Salvador González Rivera, cuyo nombre de clave como informante de la Policía era “N1” (Colección El Mundo, UPR).

Salvador González, carta de Roig a LMM, 1ro feb 54Salvador González, carta de LMM, 1ro feb 54, pág. 2

 

 

Sobre Albizu y la Fundación Luis Muñoz Marín


(Papel Machete)

Desde que, en mi condición de hombre libre, opté por donarle al Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín miles de copias de páginas de documentos además de grabaciones, libros y datos de fuentes primarias que obtuve a lo largo de más de tres décadas de rigurosa investigación histórica, varias personas me han preguntado, algunas por mera curiosidad, otras con agenda oculta, por qué escogí donarlos a una entidad fundada nada menos que en memoria de quien fue el carcelero del personaje histórico objeto de mis investigaciones. Hoy he sabido que el asunto ya ha sido mencionado a través de al menos un medio de comunicación radial y considero que, aunque algunas personas no merezcan contestación alguna, muchas otras sí la merecen, por lo que diré aquí el porqué a pesar de que nunca obtuve ni solicité fondos de fundaciones de clase alguna.

La razón es sencilla. Si uno se viera en la obligación de dar a un hijo o hija en adopción, buscaría a una familia que por sus características uno supiera que ha de proveerle todo cuanto necesite y que lo hará con profundo amor. Primeramente consideré donar mis documentos al llamado archivo General de Puerto Rico el que siempre he llamado Archivo Nacional, pero a pesar de que esa entidad reúne algunas de las características indispensables, carece de otras. Es decir, el personal de ese archivo cuidaría los documentos con profundo amor, pero carece de los recursos necesarios para proveerles las condiciones indispensables. Luego consideré la Colección de Autores Puertorriqueños de la biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a la cual le había permitido reproducir las entrevistas que había grabado y copias de otras que me habían suministrado. Lamentablemente, no tenía yo los medios para llevarles todas las cajas de documentos y la Colección Puertorriqueña me dijo que podía venir a buscarlas, perono importa cuántas veces más lo niegue nunca lo hizo. Fue entonces cuando pensé en el Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. Ya había estado en mi condición de investigador en ese archivo y sabía de su modo de funcionar y de su sentido de responsabilidad histórica. Ese Archivo tiene, además, las condiciones indispensables para la adecuada conservación de documentos históricos.

Si uno fuese a llegar al extremo de preferir dar en adopción a un hijo o una hija a una entidad a sabiendas de que no habrá de criarlo y de cuidarlo o cuidarla como uno lo desea, porque la familia que es apropiada lleva el apellido de una persona que a uno le desagrada, estaría cometiendo una injusticia. Es cierto que Luis Muñoz Marín persiguió con su Policía a Albizu, a sus seguidores y a otros independentistas, pero Muñoz Marín no está en el archivo de la fundación que lleva su nombre. Allí están personas de otras generaciones que son respetuosas de la historia y que, aun cuando no tengan la ideología de Albizu, lo admiran y lo respetan. Mi opinión educada es que ese es el lugar más adecuado para su conservación, independientemente de la paradoja.

¿O es acaso que las personas de ideología nacionalista o independentista que censuran el que donara mis papeles al Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín se abstienen, por ejemplo, de utilizar las carreteras, las escuelas públicas y otras instalaciones de nuestro País por el hecho de que en su construcción han desfilado dólares del gobierno que nos invadió y nos sojuzga y, por si fuera poco, no van ni de visita al aeropuerto internacional que lleva su nombre?

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo a Las memorias que don Pedro no escribió

Pólogo, LAS MEMORIAS QUE DON PEDRO NO ESCRIBIÓ

Ahora disponible, además, en Librería Mágica en Río Piedras.

http://www.lulu.com/spotlight/albizu

Con Las memorias que don Pedro no escribió, Pedro Aponte Vázquez añade a la bibliografía albizuista una aportación fuera de lo ordinario, como lo es proveer algo que no existe a la fecha y, mientras tanto, mantener la fidelidad histórica, la exactitud del pensamiento del hombre que fue Albizu, en esta organización creativa de algunos de  los escritos significativos de Pedro Albizu Campos. Ingenioso es, por demás, escudriñar infinidad de documentos, discursos, materiales inéditos, materiales provenientes de los archivos del Buró Federal de Investigación y del Hospital Presbiteriano, escritos de diverso origen para de ellos espigar una línea de ideario vital, de un hombre fuera de lo común, como fue Pedro Albizu Campos. Esa labor, de por sí tediosa y fastidiosa para a quien no lo mueva el amor a la investigación y a la memoria del personaje biografiado, es ya, de por sí, un acto heroico; pero reconocemos en Aponte Vázquez a uno de los más consagrados al tema de Albizu y especialmente al Albizu menos conocido: el victimado por  las atrocidades científicas (Yo acuso: Tortura y asesinato de Pedro Albizu Campos, 1985); el perseguido por J. Edgar Hoover y su siniestro aparato de esculcar los insatisfechos (Albizu: su persecución por el FBI, 1991 y 2000, 2da. ed. ampliada); el Albizu de Locura por decreto, (1994) y el de Crónica de un encubrimiento, Albizu Campos y el caso Rhoads, (1992.)