LA URNA DE PAPEL

LA URNA DE PAPEL

© 2015 Pedro Aponte Vázquez

Aquel Pueblo había sufrido y soportado estoicamente increíbles desmanes desde hacía varios siglos, especialmente durante todo el siglo anterior. Cierto es que una y otra vez se esforzó por sacudirse los yugos, pero siempre fueron en vano sus rebeliones, pues primordialmente corrió siempre su propia sangre. Entretanto, muchos de sus hijos llegaron incluso a entregar su vida y su bienestar en aras de los intereses de su más reciente opresor, créalo usted o no.

Afortunadamente, un día recibieron inesperadamente, como por extraño sortilegio, la promesa del inicio de su liberación. Un ser de aspecto humilde y bondadoso les hizo saber desde la distancia que estaba en posesión de un conjunto de conocimientos para ellos desconocidos con los cuales echar abajo el manto de opresión que les impedía ver a todos la realidad que sólo unos pocos percibían. Los tenía en una urna de papel que, aunque sumamente frágil,  se había propuesto traerla y ponerla a la disposición de todo el Pueblo. Les dijo que cuarenta años había estado organizando a su propio riesgo esa colección libertaria sin otro propósito que el de ponerle fin con ella a la opresión del noble Pueblo de la mujer que le dio vida y sola lo hizo hombre. Solamente debían cumplir una simple condición: jamás abrir la urna o se disiparían los conocimientos y jamás serían libres.

Como la sabiduría popular dice que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, no importó que en verdad han tolerado unos cuantos siglos de humillantes abusos y de inmediato floreció la esperanza en el árido jardín de sus penas. Lamentablemente, humanos al fin y conocidos ante el mundo por su incapacidad para ponerse de acuerdo aun sobre el más insignificante asunto, el Pueblo se dividió de inmediato en lo que a cumplir esa condición se refería. Algunos insistieron sin lugar a equívocos en que era indispensable enterarse de antemano del contenido de la urna, a lo que otros se oponían tenazmente por el temor a nunca ser libres. Otros hasta dudaron de las motivaciones del extraño ser a quien nadie todavía siquiera había visto, pues insistía en no revelar cuándo serían libres si cumplían con la requerida condición. Este mantuvo firme su requisito sin importarle las desavenencias hasta que un buen día llegó con su delicada urna para obsequiársela al Pueblo en sesión extraordinaria celebrada en el principal anfiteatro del país.

Aquel recinto nunca había estado tan concurrido, ni siquiera cuando desde antaño habían discursado allí los más preclaros próceres de la nación. Vino gente curiosa sacrificialmente hasta de pueblos distantes sin importar que el evento había sido pautado para horas de la noche. El salón estaba abarrotado desde horas tempranas y, cuando ya habría de comenzar la presentación, había todavía personas afuera que no podían entrar y otras que a empujones trataban de acceder al interior, algunas con éxito. Los organizadores del acto debieron anticipar esa numerosa asistencia de público, pues la celebración del acto había recibido amplia e intensa promoción por todos los medios masivos disponibles. Además, durante semanas se rumoraba que había una enorme expectativa de éxito debido, precisamente, a la controversia que la extraña oferta había provocado.

Los encargados de la presentación, representantes de una de las entidades interesadas en que no se conociera el contenido de la urna, estaban tan entusiasmados que consumieron la mayor parte del tiempo en promocionar sus propias actividades y casi nada se dijo sobre la oferta que los convocó. Ese despiste causó que entre el público comenzaran unos a protestar y otros a abandonar el evento mientras los propios organizadores vociferaban sobre la necesidad que tenía el Pueblo de escucharlos disertar sobre las actividades de su organización.

Los más frustrados subieron furiosamente al proscenio y cuando el extraño ser, espantado, tomó la urna para llevársela a lugar seguro, un manotazo perdido se la destruyó en las manos. Todos los ojos se fijaron de inmediato como por el mismo sortilegio en la urna que allí yacía destrozada. Entonces, otros más subieron apresurados y con los ojos abiertos y las miradas fijas, todos descubrieron al unísono que nada había salido del interior de la urna al suelo; que la misma, en realidad, nada contenía, y de inmediato vieron atónitos al extraño ser esfumarse en vaporoso torbellino. #

Conjetura

“Como consecuencia de la rebelión indígena, gran parte de la población indígena murió y los que no murieron  se refugian  en la cordillera central o en las antillas menores, y algunos, muy pocos quedaron sometidos a los españoles”.

<http://elnegritoestaloco.com/2015/05/25/primer-repartimiento-de-indios-en-puerto-rico/>.

De estos últimos, añado, son gran parte de los genes de los antepasados de quienes hoy abogan por la colonia y la culminación del coloniaje: la mal llamada “estadidad”.

E. Francis Riggs y la Masacre de Río Piedras, 1935

Lea esta noticia publicada en el periódico La Democracia en 26 de octubre de 1935.

La misma comienza en la página de portada y termina en la página 8.

Al final de la página 1, se alude a las declaraciones del coronel y jefe de la Policía de Puerto Rico Elisha Francis Riggs, pero las mismas comienzan y terminan en la página de continuación, la 8.

Verá lo que verdaderamente dijo Riggs.

La Democracia, 26 oct 35, pág. 1

La Democracia, 26 oct 35, pág. 8

Nota en torno al libro LOCURA POR DECRETO: El papel de Luis Muñoz Marín y José Trias Monge en el diagnóstico de locura de don Pedro Albizu Campos (1994)

En septiembre de 1953, en su afán por socavar y destruir la credibilidad del prócer Pedro Albizu Campos y así desmentir sus denuncias de que era objeto de torturas por radiación atómica, la Administración del gobernador Luis Muñoz Marín decretó que el líder Nacionalista sufría graves trastornos mentales y lo expulsó de Ia cárcel de La Princesa sobre la base de un indulto condicional que el ilustre preso rechazó. Cinco meses después, el propio Gobernador ordenó su arresto y encarcelamiento por medio de una maniobra en la cual el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico servilmente se involucró. (La Justicia y la Historia claman por un estudio jurídico concienzudo de cada uno de los procesos judiciales contra Pedro Albizu Campos).

El decreto de locura, pese a sus obvias deficiencias y a las circunstancias en las cuales surgió, propias del oscurantismo, se arraigó de inmediato en la sociedad puertorriqueña y durante décadas ha permanecido en su memoria colectiva. Estos hechos, por demás irrefutables, permitieron que prevaleciera entre los incautos Ia posición del gobierno de Estados Unidos y de su gobierno títere en Puerto Rico de que Albizu no había sido objeto de torturas de índole alguna que le causaran Ia muerte a largo plazo. Por consiguiente, cuando en agosto de 1984 llevé personalmente las denuncias del prócer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, los medios de información aquí (y, por supuesto, allá) pasaron por alto el hecho. Hube de recurrir entonces a desarrollar, con muy escasa experiencia, una amplia campaña de divulgación que afortunadamente resultó efectiva.

Entre las nuevas generaciones, los que vieron los abusos terroristas del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos del sureste de Asia y contra Libia, así como contra Cuba y otras naciones latinoamericanas; los que dudaron las versiones oficiales sobre el golpe de estado al presidente John F. Kennedy; los que supieron de día a día sobre el escándalo de Watergate y vieron al presidente Nixon mentir con Ia mayor desfachatez; los que vieron las luchas de los negros y los nativos americanos en Estados Unidos por sus derechos civiles y humanos; los que se enteraron del entrampamiento y los asesinatos en Maravilla y el subsiguiente encubrimiento; los que aprendieron a dudar de la palabra de los políticos, esos rechazaron de plano el cuento de la locura o, cuando menos, lo pusieron en duda.

Entre las generaciones anteriores, los que acostumbraban aceptar pasivamente los dictámenes gubernamentales y no dejaban cabida a Ia duda siquiera con el fin de “conducir bien la razón”, a lo Descartes, han tropezado de repente con la admisión pública del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí, en efecto, la Comisión de Energía Atómica había estado utilizando a escondidas a mujeres embarazadas, niños y niñas retardados, militares y presidiarios desde la década de 1940 para hacer averiguaciones sobre los efectos dañinos de la radiación atómica en los seres humanos. Aunque la secretaria de energía Hazel O’Leary hizo la admisión al cierre del año de 1993, se sabe que los hechos ya habían comenzado a surgir en los medios noticiosos desde el año de 1971. Por desidia o, con más probabilidad, por razones políticas, la Prensa optó por no profundizar en el asunto y no dedicarle tiempo y espacio para el seguimiento. Peor aún, el New York Times, tan utilizado por los investigadores, se ocupó de restarle importancia a un informe de octubre de 1986 del Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el cual contenía las revelaciones que habrían de repercutir en el año de 1994 cual si se tratara de una noticia “acabada de recibir”. Según informa la Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism Review) en su edición de marzo-abril de 1994, el New York Times soslayó el contenido de más de 90 páginas del informe que aludían a lo antiético de los experimentos y llevó a sus lectores la idea de que las personas objeto de la experimentación atómica se habían sometido a la misma voluntariamente. “Voluntarios en E. U. sometidos a radiación”, fue el título del breve artículo sin firma que el Times de Nueva York publicó tímidamente en su página A-20.

La retrasada admisión del gobierno de Estados Unidos en torno a estos abusos contra sus propios ciudadanos causó, como por arte de magia, que en Puerto Rico hasta los intelectuales de butaca reclinable descartaran la versión oficial sobre las denuncias de tortura de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, en la primera semana de octubre de 2007, la agencia de noticias norteamericana Prensa Asociada dio a conocer que el Departamento de la Guerra de Estados Unidos (denominado de Defensa) recibió autorización para utilizar la radiación con el propósito de asesinar a líderes políticos extranjeros que fuesen desafectos al modo del gobierno de Estados Unidos de resolver determinados problemas políticos.[1]

Este escrito alude al diagnóstico de locura que se le fabricó a Albizu, a las espantosas deficiencias y contradicciones del mismo, al contexto político del cual surgió y a las decisiones contradictorias que le siguieron, con énfasis en el papel que desempeñaron el gobernador Luis Muñoz Marín y su leal secretario de justicia, José Trías Monge, así como los médicos y médicos siquiatras que de un modo o el otro tuvieron injerencia en el asunto.

Aunque los hallazgos de la investigación objeto de este ensayo han sido ampliamente divulgados aun desde antes de la primera edición de este libro en 1994, un monólogo de título Albizu: todo o nada nos presenta a un Albizu loco de remate, furioso y agresivo que en las postrimerías de su vida, todavía encarcelado, cree haber sido traicionado por los militantes de su partido. Al semanario Claridad no le pareció bien publicar un artículo de refutación que le sometí, por lo que he optado por incluirlo como apéndice en esta edición.

No me es posible mencionar a todas las personas que directa e indirectamente me ayudaron en este esfuerzo. De hecho, algunas quieren que no las mencione. Muchas otras han contribuido sin saberlo: las que han patrocinado mis publicaciones anteriores y las que con evidente entusiasmo me han exhortado a seguir en esta labor.

Agradezco, además, la gentileza de los estudiantes y empleados de Ia Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; de la señorita Hilda Chicón y sus compañeras y compañeros de la Sala de Referencia del Archivo Nacional de Puerto Rico (mal llamado Archivo General); y del joven archivero Julio Quirós Alcalá, de la Biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín. Al fotógrafo independiente José Luis León le agradezco sus servicios profesionales sin costo alguno aun en sus momentos de mayor necesidad. Además, recibí los servicios del Proyecto de Digitilización de Fotos del Periódico El Mundo, adscrito a la Biblioteca Lázaro. Las fotos aquí identificadas con las siglas en paréntesis de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son propiedad de ese Proyecto.

Verá usted que este trabajo de investigación no habría sido posible sin el peritaje que me proveyó, también sin costo alguno, el siquiatra forense Víctor J. Lladó y los servicios que obtuve del licenciado Alejandro Torres Rivera, del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico. El licenciado Torres Rivera me representó en la demanda que incoé en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de la Administración de Corrección para obtener copias de documentos públicos pertinentes a don Pedro Albizu Campos. Por orden del juez superior Arnaldo López Rodríguez esas entidades depositaron conjuntamente una gran cantidad de documentos, pero no todos, en nuestro Archivo Nacional. En la demanda participó, además, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ambas entidades y el licenciado Torres Rivera rindieron sus servicios libre de costo.

Desde que inicié mis tareas de investigación de la vida y Ia muerte de don Pedro Albizu Campos tuve el privilegio de contar con los testimonios y total respaldo de los siguientes discípulos suyos que participaron en los trabajos del Comité pro defensa de don Pedro Albizu Campos: Isabel Rosado Morales, José Rivera Sotomayor, Rosa Collazo, Lydia Collazo, Paulino Castro, Juanita Ojeda, José Antonio “Ñin” Negrón, Antonio Moya Vélez y Ruth M. Reynolds, quien, aunque no era Nacionalista, sufrió cárcel por parecerlo.

El Comité, a su vez, recibió el respaldo de varias y diversas entidades profesionales, sindicales, políticas, masónicas y estudiantiles. Coordinó los trabajos del Comité, con patriótico empeño, mi compañera y esposa Judith Ortiz Roldán. Extrañamente, los descendientes de Albizu por la línea de los Meneses apoyaron mi labor al inicio, pero sus palabras de aliento luego se convirtieron en insultos. De igual modo se condujo el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Como siempre, quedo como único responsable de lo que aquí expongo.

 

Pedro Aponte Vázquez

[1]. El semanario Claridad procedió entonces a entrevistarme sobre el asunto para su edición del 18 al 24 de octubre de 2007, páginas 4 y 5.

“War Against All Puerto Ricans”

Procuro terminar mi participación en la controversia sobre el libro War Against All Puerto Ricans exhortando al autor a revisarlo minuciosamente y determinar cuáles de las fallas que se le han señalado públicamente y en privado merecen ser corregidas antes de que se le traduzca al español y de que salga su tirada en rústica. Parece haber consenso en ese sentido entre quienes, en condición de escritores estudiosos de nuestra historia política, hemos criticado, algunos con justificada indignación, importantes aspectos de esa obra. Valdría la pena revisarlo y corregirlo porque el autor recoge y expone en el idioma del invasor lo que por décadas hemos denunciado los puertorriqueños en ambos idiomas, los de aquí y los de allá, en torno a los atroces atropellos que impunemente nos ha infligido el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica desde que invadió nuestro territorio nacional sin provocación alguna de este Pueblo. Sería una verdadera lástima que el contenido del libro permaneciera intacto y, peor aún, que en esas condiciones pasara al medio fílmico, pues correría el riesgo de que todo el esfuerzo creador del autor y su expresada motivación para escribirlo, a la larga se echaran a perder en más de un sentido.

War Against all Puerto Ricans… Who said?

War Against all Puerto Ricans

(Nelson Denis, Nation Books, 2015, 379 págs.)

Por Pedro Aponte Vázquez

Si usted desconoce parcialmente o por completo detalles sobre la denuncia de don Pedro Albizu Campos en el sentido de que se le estaba torturando con radiación atómica mientras estuvo en la cárcel La Princesa; o sobre datos biográficos del prócer con énfasis en sus luchas en pro de la libertad de su patria; o de la persecución política de la cual fue objeto, tiene a su disposición varios libros y numerosos artículos debidamente documentados sobre esos temas escritos en español por estudiosos boricuas educados en Puerto Rico y los cuales Nelson Denis, autor de  War against all Puerto Ricans sabiamente consultó, entre otras fuentes, para este libro. No obstante, si más bien le sobran razones para preferir enterarse a través del relato en inglés de un abogado y político neoyorkino de raíces cubano-boricuas graduado de la Universidad de Harvard, he aquí el libro.

Ahora bien, si lo que usted busca es iniciarse en el estudio de sucesos históricos y de personajes de la historia política de nuestra nación, como por ejemplo, el caso del doctor Rhoads y la vida de los patriotas José Maldonado Román (“Águila Blanca”) y Vidal Santiago Díaz, entonces este no es el libro para ello.

Eso sí, en este libro podrá disfrutar de una amena narración muy bien redactada que sólo tiende a la decepción cuando el autor se desvía del tema central y le aplica visos de ficción que la hacen parecer una historia parcialmente novelada. Por cierto, el título mismo está basado en una falacia, pues no es correcta la afirmación de Denis durante una de sus entrevistas según la cual el coronel de la Policía de Puerto Rico en 1935, Elisha Francis Riggs, había dicho que le declaraba la “guerra contra todos los puertorriqueños”, razón por la cual escogió ese título. En realidad, lo que ha prevalecido como hecho histórico es que la “declaración de guerra” que hizo Riggs a raíz de la “Masacre de Río Piedras”, obra de su propia Policía, iba dirigida, en sus palabras: hacia los “criminales” y “salvaje[s]” que portaban “armas prohibidas” y no se dejaban arrestar ―en inequívoca alusión a los Nacionalistas―. Así lo establece la edición del 25 de octubre de 1935 del periódico La Democracia.

Por otra parte, si usted disfruta de leer con sentido crítico los relatos sobre sucesos históricos, podría sentir mucho más que incomodidad ante el hecho de que en no pocas ocasiones el autor solamente dice que los detalles sobre un incidente que ha narrado se lo contaron varias personas de las muchas que entrevistó durante 40 años, pero no las identifica; ni siquiera agrega que antes de darle sus versiones esas personas le exigieron permanecer anónimas, como a veces válidamente ocurre.

En otras ocasiones, Denis alude a hechos históricos, a algunos erróneamente, y les agrega datos sin decir la procedencia de los mismos. Así, al aludir a “Águila Blanca” afirma que en septiembre de 1930 el doctor Cornelius Rhoads, quien llegó a Puerto Rico nueve meses después, en 15 de junio de 1931[1], lo inyectó y le provocó el cáncer que le causó la muerte ―una vieja especulación de militantes Nacionalistas que no ha sido comprobada― y que en 1898 las tropas invasoras estadounidenses no enfrentaron resistencia armada.

A propósito del doctor Rhoads, estimula la curiosidad el que solamente le dedica una página a ese caso y sobre él dice que era “un nuevo médico” del Hospital Presbiteriano. Omite el hecho de que la notoria  e influyente Fundación Rockefeller, con sede en la Ciudad de Nueva York, lo envió a San Juan con otros médicos a experimentar con mujeres, hombres y niños y que tomó parte activamente en el encubrimiento de los asesinatos que Rhoads confesó. Además, el autor no indica la procedencia del dato sobre el supuesto “secuestro” de Vidal Santiago por cuatro agentes del FBI a las 7 a.m. del 6 de octubre de 1950, algo nunca antes mencionado.

No obstante, el autor sí provee abundantes fuentes específicas del expediente del FBI sobre Luis Muñoz Marín cuando alude sin reparos  y sin advertencias al contenido de informes de los agentes federales sobre su supuesta conducta personal. Asimismo, es sorprendente el hecho de que informa con razonable rigor sobre las denuncias de Albizu de que era objeto de tortura por irradiación atómica en La Princesa. Mas por otra parte dice, sin mencionar fuente alguna, que el prócer guiaba un “Chrysler negro de 1941, sedán, con tablilla número 910” aunque Albizu nunca guió.

Lamentablemente, si bien el libro contiene numerosas referencias bibliográficas, los lectores que por conocer algunos aspectos de los sucesos aludidos detecten exageraciones, inexactitudes y errores, podrían dudar de la veracidad de los datos que no conocen y permanecer con la duda sobre qué es historia y qué es falaz. El resto probablemente creerán todo lo que lean.

El autor inicia el cierre de su libro con la siguiente osada exageración: “Las voces en este libro permanecieron sin ser escuchadas durante cien años”.

………

1. Pedro Aponte Vázquez, “Necator Americanus: O sobre la fisiología del Caso Rhoads”. Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 43, Núm. 1, febrero de 1982, pág.122.

Sobre la irradiación del prócer boricua Pedro Albizu Campos

Albizu afirmó desde el principio de su odisea que “el mejor aliado del atentado que se está perpetrando es la ignorancia del público sobre este ramo de la ciencia” en referencia a la ciencia nuclear.[1] A pesar de ese hecho, hubo ciudadanos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que se propusieron investigar científicamente sus denuncias. Algunas todavía vivían al momento en que escribí esto.

Se desprende del testimonio escrito de la líder pacifista Ruth M. Reynolds, quien tomó parte en la investigación de entonces y colaboró activamente en la actual, que allá para el mes de noviembre de 1953 había radiación en el cuerpo de Albizu. Reynolds entrevistó por separado a Albizu, Carmín Pérez, Doris Torresola e Isabel Rosado Morales en torno a la prueba que ellas hicieron con un instrumento para la detección de radiación y señaló en inglés:

“Interrogué a cada una de esas personas individualmente y cada una me dio la misma información sobre qué sucedió.  Cuando llevaron el Contador Geiger por la sala y el comedor, registró de cuatro a nueve sonidos (ticks) por minuto en varios puntos. Cuando lo llevaron al dormitorio de don Pedro, registró catorce por minuto. Entonces lo colocaron en la cama, junto a su cuerpo. Entonces el aparato se dañó súbitamente y dejó de funcionar del todo. Toda vez que este Geiger Counter se supone que suene solamente en presencia de radiación y dado que se comportó como lo hizo en casa de don Pedro, es lógico suponer que había radiación en la casa y que estaba concentrada en su dormitorio. Habida cuenta de que cesó de funcionar del todo cuan­do lo pusieron junto a su cuerpo, es lógico suponer que la cantidad de radiación allí presente era demasiado alta para este sencillo instrumento y se rompió”.[2]

Las personas que habían enviado de Nueva York el instrumento acordaron entonces adquirir otro, esta vez de tipo industrial, pero el Gobierno encarceló nuevamente a Albizu en marzo de 1954 luego de haberle dicho a la prensa que el ataque Nacionalista al Congreso norteamericano el 1ro de marzo fue “un acto de sublime heroísmo”.[3]

Las notas corresponden al libro ¡Yo acuso!: Y lo que pasó después, edición ampliada de ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos.

[1]Hernández Vallé,  lugar citado, pág. 61.

[2]Ruth M. Reynolds.  “The Geiger Counter”, artículo mecanografiado, dos págs., 1953; copia en el archivo del autor.  Archivo de R.M. Reynolds. Traducido por el autor.  Los papeles de R.M. Reynolds se encuentran en el Centro de estudios puertorriqueños de Hunter College, N.Y.

[3]Ruth M. Reynolds.  “Puerto Rican Political Prisoners” en Minority of One, noviembre, 1964, 2da Parte, pág. 61; ejemplares en el archivo del autor.  Sus declaraciones a la prensa supuestamente violaron la ley “de la mordaza”, aprobada festinadamente el 10 de junio de 1948, sólo unos cinco meses después de Albizu regresar de Estados Unidos, donde había cumplido seis años de cárcel en la penitenciaría federal en Atlanta. Sobre el encarcelamiento de Albizu en Atlanta, las condiciones en que salió en libertad y su reclusión en el Hospital Columbus, en N.Y., véase, Aponte Vázquez.  Pedro Albizu Campos:  Su persecución por el FBI.  San Juan:  Publicaciones RENÉ, 1991.

ASÍ FUE COMO PASÓ

El 6 de noviembre de 1950, la Policía de Puerto Rico arresta a Albizu y lo detiene en confinamiento solitario en el cuartel general de la Policía como consecuencia de la rebelión armada del Partido Nacionalista y seis días después se le traslada a la cárcel La Princesa, en el viejo San Juan, donde originalmente se le recluye también en solitaria. La rebelión fue provocada por los arrestos masivos de Nacionalistas y otros independentistas en toda la isla como lo disponía un plan del gobierno de Estados Unidos cuyo fin era evitar que Albizu y su partido entorpecieran con su prédica abstencionista el objetivo ulterior del partido de gobierno (Partido Popular Democrático) de lograr la aprobación en las urnas electorales del status llamado “estado libre asociado”. Sobre este plan, del cual el Partido Nacionalista ya tenía conocimiento, ha dicho la organización Americans for Puerto Rico’s Independence:

“Para poder participar en la consulta especial mediante la cual el Pueblo de Puerto Rico ejercería su autodeterminación para aceptar o rechazar la oportunidad de redactar una Constitución que cubra aquellos aspectos de gobierno local (sic) autorizados por el Congreso, se les requiere inscribirse expresamente para la misma. La fecha para esta consulta especial fue fijada para el primer fin de semana de noviembre de 1950. Unos días antes, sin embargo, el gobierno inició una nueva serie de arrestos de miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico y ese partido respondió con una revolución en toda la isla. El Partido Nacionalista había esperado que este ataque ocurriera en cualquier momento durante los seis meses anteriores, desde la visita a Puerto Rico de Louis Johnson, secretario de defensa del presidente [Harry S.] Truman, a fines de abril. Don Pedro Albizu Campos —quien había regresado a Puerto Rico en diciembre de 1947 y había seguido abogando por la no cooperación con el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y por acción inmediata para alcanzar la independencia—, había recibido informes de que el viaje del secretario Johnson tenía el propósito de impartir órdenes al comando militar en Puerto Rico de que —a través de instrucciones que el gobernador Luis Muñoz Marín le transmitiría a la Policía de Puerto Rico—, el Partido Nacionalista habría de ser liquidado y sus líderes encarcelados; en caso de que resultara difícil o imposible arrestar a los líderes, estos serían asesinados”.

El gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico había comprobado ya la eficacia de un plan de esa naturaleza a fines del año de 1935, cuando desató una ola de arrestos de Nacionalistas que culminaron con la muerte del jefe de la Policía, coronel E. Francis Riggs, el asesinato de los comandos que lo ajusticiaron, Hiram Rosado y Elías Beauchamp, y el encarcelamiento de Albizu y otros líderes del Partido Nacionalista en el año de 1936.

El 25 de octubre de 1935, al día siguiente de lo que ha sido denominado la Masacre de Río Piedras, Riggs le había declarado la guerra al Partido Nacionalista cuando, según informó el diario La Democracia, dijo que: “Nadie tiene derecho —a menos que [esté] legalmente autorizado—, a portar un arma prohibida. Si hay alguien que persista en ese delito, yo me adelanto a informar que habrá guerra, guerra sin cesar, no contra políticos, sino guerra contra criminales. Quien se niega a dejarse conducir arrestado por un agente del orden público es un criminal y un salvaje”.

A la declaración de guerra del militar norteamericano, Albizu respondió que el partido “recoge el guante” y que en efecto habría “guerra, guerra y guerra contra los yankis”.

Resultaba obvio, pues, para el gobierno de ocupación, que aquel patriota que desde sus tiempos de estudiante había rechazado las ofertas de empleo que le hizo el régimen, se había convertido ya en peligroso enemigo cuya conciencia no estaba a la venta. De hecho, en el año de 1932 Albizu ya había dicho que “el honor no está en el mercado a ningún precio.” Al ver que era imposible amedrentarlo o sobornarlo, el Gobierno de Estados Unidos lo sentenció a muerte.

Pedro Aponte Vázquez
San Juan de Puerto Rico

La política exterior de EE. UU.

La persona que en cualquier momento ocupe la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, sea quien sea, encarna en sí misma a dos aciagos personajes de barrio: al guapetón abusador y al bochinchero enreador. He ahí la esencia de su política exterior.

PEQUEÑESES PIPISTAS

Acabo de recibir por correo electrónico la información de que el texto de la tarja develada en el edificio en el viejo San Juan en cuya segunda planta vivió Albizu, lo redactaron prácticamente a última hora en la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con lo que suplantó el texto que como un favor redacté para el dueño de la estructura y que éste ya había aceptado. La senadora del PIP sufragó la tarja, se hizo responsable de su instalación y montó un espectáculo publicitario para el acto de develación. 

Vea a continuación el texto suplantado y contrástelo con el subsiguiente del PIP:

“En el segundo piso de este histórico edificio vivió y fue arrestado dos veces tras intensos tiroteos don Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador. De ascendencia negra, vasca y taína, dedicó vida y hacienda a luchar por liberar a Puerto Rico del control que ejerce Estados Unidos sobre esta Isla caribeña desde que la invadió en 1898. Hay dudas sobre si Albizu nació en 1891 o en 1893, pero sí se sabe que se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Por su tenaz lucha política, jurídica, diplomática y armada fue sentenciado en dos ocasiones (1936, 1951) a un total de 82 años de cárcel, de los que llegó a cumplir alrededor de veinte. El Maestro, como lo llamaban sus seguidores, murió el 21 de abril de 1965 y sus restos reposan en el cementerio municipal de San Juan, cerca de aquí. Calles, avenidas, escuelas y parques de la Isla llevan hoy su nombre”.

He aquí la versión aguada de la senadora Santiago del PIP:

“En este edifico estuvieron ubicadas las oficinas principales del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador y la residencia principal de quien lo presidía, el insigne patriota y dirigente independentista Pedro Albizu Campos. Durante los actos revolucionarios de 1950, en defensa de nuestro derecho a la independencia, esta edificación fue tiroteada durante dos días por la policía insular y la guardia nacional, sirviendo de trinchera para la defensa de las personas que en él se encontraban, entre ellas hombres y mujeres, hasta que los gases lacrimógenos lograron vencerlos y posteriormente fueron arrestados y encarcelados”.

Obsérvese que la tímida versión del PIP –“tímida” por no caracterizarla de otro modo– no se menciona el hecho de que Albizu y otros Nacionalistas se encontraban allí; que fueron esas personas y no el edificio los tiroteados; ni que estos opusieron resistencia armada ante los ataques. Más aún, no dice que Albizu era un dirigente Nacionalista, sino “independentista”, usando la adjetivación que se aplica a los miembros de su partido para distinguirlos del Partido Nacionalista-Movimiento Libertador. Se insinúa, además, que Albizu tenía más de una residencia, lo que es falso. Omite el texto de la senadora del PIP el hecho de que la Policía colonial y la mal denominada guardia nacional atacaron a tiros a Albizu en ese lugar no sólo en 1950, sino, además, en 1954. En fin, el contenido de esta tarja es causa de sonrojo al menos para quienes conocen a fondo los hechos aludidos.