Los años de prisión de Albizu

Según publica Democracy Now! en su artículo “Guerra contra los puertorriqueños: la represión contra Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista” (21 de abril de 2015), el prócer Pedro Albizu Campos “estuvo casi 26 años en la cárcel” y, además, desde la cárcel “en reiteradas ocasiones denunció ser objeto de experimentos con radiación”. Veamos en primer lugar los casos contra Albizu, sus sentencias, y los meses naturales que cumplió.

Casos federales:

A principios de abril de 1936, Albizu y los más altos líderes del Partido Nacionalista fueron arrestados y acusados de varios cargos de conspiración sediciosa –excepto su secretario personal, a quien extrañamente le retiraron los cargos. Albizu fue sentenciado a seis años de prisión por un primer cargo de conspiración y a dos más en probatoria por cada uno de otros dos cargos por la  misma causa.

La sentencia de Albizu fue como sigue: “Seis años en la penitenciaría de Estados Unidos en Atlanta, Ga., en el primer cargo; confinamiento por dos años en la misma penitenciaría  en cada uno de los cargos  segundo y tercero a ser suspendida al terminar de cumplir la sentencia por el primer cargo, cuando se le pondrá en probatoria por cuatro años”.

El prócer apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston y, mientras tanto, fue encarcelado juntos a otros compañeros suyos en la cárcel La Princesa en San Juan. El referido tribunal confirmó las convicciones y las sentencias y el 8 de junio de 1937 fueron internados en la penitenciaría federal de Atlanta, capital del estado sureño de Georgia, Estados Unidos. Albizu cumplió seis años completos por el primer cargo, pues no aceptó la bonificación por “buena conducta” y salió en libertad el 3 de junio de 1943 a pesar de no haber aceptado las condiciones de la probatoria. (Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Negociado Federal de Investigación, Expediente  No. 105-11898, RE: Pedro Albizu Campos, Carpeta 1).

Casos coloniales:

Caso #                        “Delito”                          Sentencia                                        

F_2796           Ataque p/c asesinato              7 a 15 años                

F_2795           Ley 53, 1948 12 cargos          54 años                        

M_6336          Ley 67, 1934, Art. 12                2 y medio años          

M_6337          Ley 67, 1934, Art.11                 6 años                        

M_6338          Posesión ilegal armas              9 meses                     

M_6340          Posesión ilegal armas              1 año                          

M_6341          Posesión ilegal armas               6 meses

(Fuente: DECLARACION  JURADA del Alcaide del presidio, capitán Gerardo  Delgado, 16 septiembre1961 ante el licenciado Francisco Agraít Oliveras, 2 págs., Archivo Nacional de Puerto Rico, Fondo: Departamento de Justicia; Serie: Documentos Nacionalistas; Tarea: 90-29).

Arrestan a Albizu en 6 de noviembre de 1950, lo indultan en 30 de septiembre de 1953, cuando había cumplido 34 meses de cárcel de su segunda encarcelación, y lo expulsan de la cárcel. Lo arrestan nuevamente en 6 de marzo de 1954 y está en libertad 5 meses,  pues el Gobernador le revoca el indulto como secuela del ataque armado en el Congreso. Lo encarcelan en el presidio, lo hospitalizan en marzo y noviembre de 1956 como preso en el hospital Presbiteriano. Todavía en el hospital presbiteriano en calidad de preso, el Gobernador lo indulta en noviembre de 1964 al cabo de 9 años y 8 meses (=116 meses).

Albizu murió el 21 de abril de 1965, a sólo cinco meses del último indulto. En total, cumplió en cárcel 150 meses, equivalentes a 12.5 años más 6 años en la cárcel federal, para un total de 18.5 años. La diferencia de casi ocho años de cárcel, desde luego, no es significativa ―excepto para quien los cumple.

Si Democracy Now tiene documentos o siquiera pruebas circunstanciales de que “reiteradamente”, o al menos en algún momento, Albizu dijo que era objeto de experimentación con radiación, debe compartirlas con sus lectores.

Según fiscal, Albizu fue encarcelado sin pruebas

Según Fiscal Alcides Oquendo, Albizu

Inmerecido Homenaje a José Trías Monge

Foto 4-C  Trías Monge, cropped

José Trías Monge

 

© 1996 Pedro Aponte Vázquez

(Publicado en Claridad, 31 mayo–6 junio 96, pág. 22)

El papel que el licenciado Trías Monge optó por desempeñar en la historia política y judicial de Puerto Rico no lo hace merecedor del homenaje que le rinde la prestigiosa Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico al dedicarle su próximo número.

He aquí a una persona que ha sido capaz de engañar a un gran número de personas por gran parte del tiempo y a quien, aún así, hay quienes optan por rendirle honor y sin ocultarse para ello.

Y no es cuestión de que no se le reconozcan al licenciado Trías Monge sus méritos intelectuales y las valiosas aportaciones de esa naturaleza al estudio y la historia del derecho en nuestro país. 

De lo que se trata aquí es del porqué, a pesar de haber incurrido en conducta contraria a la ley y de haber sido portaestandarte de acometidas brutales contra los derechos humanos y civiles en nuestro país, se le sigue considerando no sólo persona respetable en la nación puertorriqueña, sino hasta en la comunidad académica, en el campo del derecho y, por si fuera poco, dentro del propio movimiento independentista contra el cual tuvo el placer de arremeter.

El hecho mismo de que estudiantes de derecho le rindan un inmerecido honor a un abogado de quien se sabe que en sus funciones de Secretario de Justicia incurrió en delitos y abusos de poder, debe ser motivo de profunda preocupación y de acción afirmativa para una sociedad donde la corrupción gubernamental es rampante. ¿Es que acaso esos futuros abogados del país están ajenos a los acontecimientos históricos de antigua y reciente divulgación en torno a las fechorías del astuto político Trías Monge, o es que dan como aceptable su conducta por tratarse de un intelectual del Derecho? ¿O es que, por algún extraño sortilegio, la corrupción de funcionarios públicos deja de serlo cuando no se trata de fraude contra el erario?

Con su defensa de los proyectos de ley de “La Mordaza”, el entonces profesor de Derecho se abrió camino cínica y hábilmente dentro de las estructuras del poder político, con lo que demostró que sus ansias de poder estaban por encima del concepto de lo que es justo. De ese modo se inició en un proceso de persecución política no sólo de los luchadores por la independencia, sino de los defensores de los derechos civiles y de las reivindicaciones obreras, proceso que desató y dirigió como Secretario de Justicia en estrecho y servil vínculo con el FBI.

En su cargo de Secretario de Justicia, el abogado a quien la mencionada Revista Jurídica homenajea, tomó parte en la confección de ―que se sepa― dos documentos falsos con fines puramente de estrategia político-partidista: una carta cuya autoría el gobernador Luis Muñoz Marín le atribuyó indecorosamente al presidente José Figueres, de Costa Rica, y un diagnóstico de locura hecho a la medida para un preso político ―don Pedro Albizu Campos.

Ambos documentos públicos iban de la mano hacia un mismo fin: el de socavar la credibilidad ante el mundo de un temido adversario político que alegaba ser víctima de irradiación atómica.

Cinco meses después, cuando las circunstancias políticas requirieron una vez más los servicios de un abogado de su estirpe, el homenajeado de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico desenfundó su ley predilecta, la de La Mordaza, para justificar la acción política de revocarle a aquel adversario político el indulto que, contra la voluntad del confinado, le había impuesto el Gobernador.

Existen pruebas circunstanciales de que el presidente Eisenhower le requirió a Muñoz Marín reencarcelar a Albizu en represalia por el ataque al Congreso, acción que Muñoz no había contemplado tomar, y había que satisfacer al imperio con otro sacrificio humano. El hecho de que ya se le había declarado loco y, por tanto era ilegal encarcelarlo, no habría de ser impedimento. Para eso estaba allí Trías Monge.

Uno de los funcionarios del Departamento de Justicia que sostuvieron ante el llamado Tribunal Supremo la decisión de Muñoz Marín de revocarle el indulto a Albizu en marzo de 1954, me dijo durante una entrevista personal que aun mientras llevaba el caso en contra de Albizu, su opinión era que el Gobierno no tenía pruebas suficientes.

El ex procurador general auxiliar Alcides Oquendo Maldonado indicó que comparte la opinión disidente de los jueces asociados Luis Blanco Lugo y Rafael Hernández Matos en el sentido de que la prueba no era suficiente para sostener la validez jurídica de la decisión de Muñoz Marín. (“Albizu y el indulto de Muñoz”, El Mundo, octubre de 1990 pág. 11-A).

Los referidos jueces disidentes dijeron que el único vínculo de Albizu con el ataque al Congreso surgía “única y exclusivamente de su condición de líder” del Partido Nacionalista.

Blanco Lugo y Hernández Matos opinaron, además, que “el calificativo de ‘sublime heroísmo’ a que tanto énfasis se ha dado podrá no corresponder con la opinión de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero ni aun con el mayor esfuerzo de imaginación puede decirse que sea una incitación al uso de la fuerza y violencia”. Tal vez Trías Monge pensaba lo mismo, pero había que doblegarse ante el imperio.

La peor de las fechorías ilegales de este héroe jurídico fue sin duda el haber persuadido y tal vez conminado al siquiatra Luis M. Morales a fabricar el diagnóstico en el cual declara paranoico a don Pedro Albizu Campos. Para ello, Trías Monge violó las disposiciones del Código de enjuiciamiento criminal de 1935, que requerían la intervención de tres peritos designados por el tribunal competente para dilucidar la cordura de un acusado o un convicto.

Fue insólito que el alegato de locura surgiera, no del penado, cual lo dispone el Código, sino de la propia rama ejecutiva del Gobierno: del gobernador Muñoz Marín y de su secretario de justicia, José Trías Monge. Es decir, si el penado no hace alegación de locura, el Gobierno toma la iniciativa.

Los miembros de la Junta Editora de la aludida Revista Jurídica harían bien en tomar nota de lo que dijo un profesor de siquiatría forense de su propia Escuela de Derecho en marzo de 1994 sobre ese diagnóstico.

El siquiatra forense Víctor J. Lladó examinó el informe del doctor Morales a Trías Monge, así como correspondencia interna del Departamento llamado de Justicia y reportajes de prensa y, en su informe a este autor, indicó que el procedimiento que siguió el doctor Morales “estuvo plagado de nulidad y representa una muestra del más despreciable mal uso y abuso de la psiquiatría por el Estado”. ¿Quién encargó y recibió semejante diagnóstico siquiátrico? José Trías Monge.

El doctor Lladó, ex presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Psiquiatría, señaló, además, que en las condiciones en que el doctor Morales hizo su alegada exploración mental de Albizu, “no es posible realizar una evaluación médica o psiquiátrica que sea válida ni confiable”.

Los conceptos de “validez” y “confiabilidad” de un instrumento o un mecanismo de medición se refieren, respectivamente, a que mida lo que se propone medir y que lo haga consistentemente. En el caso de una exploración para determinar el estado mental, lo que significa es que el procedimiento busque lo que se propone buscar y que siempre se encuentre lo mismo. En el caso de la alegada exploración siquiátrica de Albizu, pues, el carecer el procedimiento de “validez y confiabilidad” significa que el siquiatra no buscó lo que teóricamente se proponía buscar y que la repetición de una búsqueda como la que hizo arrojará resultados distintos. ¿Quién recibió y les divulgó a los medios noticiosos semejante diagnóstico? José Trías Monge.

Dice además el doctor Lladó que el doctor Morales, a quien describe como “ilustre colega” y “figura señera” de la psiquiatría en Puerto Rico, “lamentablemente en este caso erró y realizó un informe plagado de contradicciones y se aventuró a establecer diagnósticos psiquiátricos a pesar de que en su propio informe él mismo establece algunos de los parámetros fundamentales que invalidan y le restan confiabilidad a la alegada evaluación psiquiátrica. ¿Quién recibió gustosamente ese diagnóstico plagado de contradicciones? José Trías Monge.

Para el doctor Lladó resulta “incomprensible” que el doctor Morales no sólo hiciera “diagnósticos categóricos tan complicados  y severos” sin haber existido las condiciones apropiadas para una verdadera evaluación siquiátrica, sino que, además, dijo que otros dos confinados con quien Albizu compartía la celda  padecían de folie a trois, (o locura entre tres) “sin haber examinado psiquiátricamente y por separado a cada uno de los prisioneros”. ¿Quién recibió ese diagnóstico y publicó los nombres de los otros dos confinados? José Trías Monge.

El doctor Lladó señala en su informe que el folie a trois es “una extraña, rarísima y extremadamente difícil condición de diagnosticar” y agrega que el hecho de que “se prosiguiera con cualquier tipo de evaluación solapada o conversación alguna, aun a pesar del sujeto haberse negado a dar un consentimiento cabal” es “sumamente triste y sugiere treta o engaño”. ¿Quién originó y propició la treta para obtener el diagnóstico? José Trías Monge.

Concluye el doctor Lladó:

“A la luz de los principios básicos y derechos que contempla el Código de Salud Mental de Puerto Rico, la ley 116, la forma y manera que se llevó a cabo esta evaluación a Don Pedro Albizu Campos del 23 de septiembre de 1953, jamás debió ser permitida. Conviene aclarar que aunque no existiera esta legislación en aquel entonces, los principios básicos inviolables del consentimiento para los exámenes médicos sí existían desde hace muchísimos años, como el propio Dr. Morales lo hace constar en su informe del 25 de septiembre de 1953″.

¿Quién estaba detrás de esta patraña? José Trías Monge, quien no habría aceptado semejante diagnóstico si hubiera sido el abogado defensor.

Resulta evidente que así como, en palabras de Albizu, “la judicatura es el perro guardián del régimen”, Trías Monge fue por muchos años el “perro guardián” de la judicatura.

Por sus despreciables hazañas como Secretario de Justicia, cargo que ocupó entre los años de 1949 y 1957, su subsiguiente jefe político, Rafael Hernández Colón, lo premió en el 1974 con el cargo de juez presidente del mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico. Será precisamente el ex gobernador Hernández Colón quién tendrá el “honor” de hacer la apología de Trías durante la presentación del especial número de la revista el 28 de mayo en la Escuela de Derecho de la UPR.

Los siguientes futuros abogados componen la Junta Editora que le rindió tributo al licenciado José Trías Monge en su edición número 3 del volumen 65 del año de 1996 de la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico: Aníbal Espinosa Valentín, director, Carlos Candelaria Rosa, director asociado y Maricarmen Irizarry Marqués, Anabel Rodríguez Alonso y Lillian Mateo Santos, directoras asociadas.

¿Por qué un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho, presumiblemente destacados en sus estudios, seleccionan la triste figura de quien fue un corrupto funcionario público para rendirle tributo?

La directora asociada Anabel Rodríguez Alonso me informó durante una entrevista telefónica que la Junta Editora acordó en el verano pasado dedicarle un número a un puertorriqueño que se hubiera destacado en el campo del derecho, ya que anteriormente se le había dedicado un número a un jurista extranjero. Dijo que escogieron al licenciado Trías Monge, a pesar de ser una figura controvertible, por haber sido (1) miembro de la llamada Convención Constituyente de Puerto Rico, (2) Secretario de Justicia y (3) presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Señaló Rodríguez Alonso que los miembros de la Junta visitaron al licenciado Trías Monge y le notificaron sus planes y él les dijo que el mayor honor que ellos podían hacerle era el incluir artículos de sus críticos en el número de la Revista que habrían de dedicarle. (O sea, que se curó en salud). Agregó la directora asociada de la Revista Jurídica que los autores invitados seleccionaron los temas sobre los cuales habrían de escribir y que, de los 15 artículos incluidos, sólo uno llena ese requisito. Esa falta de críticos del homenajeado la atribuyó a que en la Junta Editora “no conocemos a todo el mundo en Puerto Rico”.

Trías Monge tuvo la enorme oportunidad de contribuir a que esos estudiantes conocieran a más personas en Puerto Rico exhortándolos a hurgar hasta encontrar un candidato más apropiado, o una candidata más apropiada, en lugar de conformarse con echar mano al más popular. Además, pudo haberles recalcado que ha habido y hay muchos abogados puertorriqueños que los jóvenes de hoy quizás no conocen, o de cuyas ejecutorias no se han percatado, que consistentemente han prestigiado la profesión… incluso aunque hayan participado activamente en la vida política. Pero bendito, es que la oportunidad de ser grande se les escapa siempre a los pequeños de espíritu.

Did Doctor Kill 8?

Did doctor kill 8Find out who was “Ferdie” and see abundant references to the full record of the cover-up, the Rockefeller Foundation’s role in it, and much more in: http://www.lulu.com/…/the-u…/paperback/product-18863705.html

News item: New York Daily News, Sunday, June 20, 1982.

 

En torno al desaforo del prócer Pedro Albizu Campos

Foro en torno al desaforo del prócer Pedro Albizu Campos y la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de sostener el mismo

(Este foro fue convocado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en 10 de febrero de 1988 con la participación de los licenciados Carlos Gallisá y Carlos Vizcarrondo y el profesor Pedro Aponte Vázquez).

A continuación el testimonio de Pedro Aponte Vázquez:

El desaforo hace medio siglo del más prominente de cuantos abogados han prestigiado la profesión del Derecho en Puerto Rico, fue otro acto de represión de parte del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro Movimiento de Liberación y quedará  en la historia de la Humanidad como un bochorno más para la población blanca de esa nación agresora.

Por otra parte, la negativa del mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico  de reinstalar póstumamente como gesto simbólico a don Pedro Albizu Campos a la matrícula del Colegio de Abogados y subsanar así aquella grave ignominia, constituye un acto de servilismo y de cobardía de quienes se opusieron.

A los jueces que se opusieron de ese modo a la justicia nada les importó el hecho  de que sus igualmente serviles antecesores de hace medio siglo carecieran en este asunto de fundamento legal para el desaforo, como tampoco les importó la conspiración judicial que precedió la convicción del licenciado ALBIZU CAMPOS que dio lugar a su desaforo.

Con estos atropellos ha quedado demostrado inequívocamente lo acertado del señalamiento del compañero ALBIZU al asegurarnos que “en todo gobierno, la judicatura es el perro guardián del régimen”.

Antecedentes y ambiente espiritual

Desde el año de 1932, cuando ALBIZU desenmascara ante la opinión pública mundial las actividades criminales del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico a través de la Fundación Rockefeller, la clase dominante yanki se vio en la necesidad de arremeter duramente contra aquel insobornable líder revolucionario hasta destruir el movimiento libertario del Partido Nacionalista.  De esa necesidad surgen la Masacre de R¡o Piedras, la subsiguiente declaración de guerra del Jefe de la Polic¡a, el coronel Francis Riggs, la ejecución sumaria de Hiram Rosado y Elías Beauchamp, el enjuiciamiento de ALBIZU y del resto de los altos líderes del Partido Nacionalista, la Masacre de Ponce, el encarcelamiento de esos líderes en Atlanta y el desaforo que ha venido a ser un prestigio para el prócer y una vergüenza para la Judicatura.

Con toda seguridad, el desaforo del más prominente abogado puertorriqueño no fue meramente una oportunidad más de represión, sino una de las metas inmediatas del invasor. De hecho, es así como se nos presenta  al final de una cadena de estremecedores acontecimientos que conducen hacia la inmovilización del Partido Nacionalista con la encarcelación de sus miembros y, finalmente, hacia la tortura y el asesinato del intimidante orador; del genial defensor.

Por si hubiera alguna duda sobre cuál había sido el impacto de Albizu en nuestra nación a principios de la década del ’30 y sobre el ambiente espiritual de la época, oigamos lo que compuso un cantor desconocido en pie forza’o en esa época:

¡Viva mi Borinquen bella

que tiene un libertador

viva su brillante sol y

sus lucientes estrellas

viva la mujer que en ella

al hombre mitiga el llanto

viva el partido que en tanto

la independencia proclama,

viva Cuba, viva España

viva Pedro Albizu Campos!

Nótese que desde principios de la década a Albizu ya se le llamaba “Libertador”. A mediados de la misma década nos dice Julia de Burgos:

…aquí está  tu tierra

tu única vaquita

tu tala y tu yegua

contémplalo todo:

fachadas, banqueros, monedas;

empuña bien fuerte el machete

y prosigue y d¡ “¡Hasta la vuelta!”

Acércate, hay muchos que esperan

la llegada tuya

que es hoy decisiva

en la causa nuestra

agarra tu azada

empuña el machete

y abraza las filas

de la independencia.

¡Traidores y Judas, TEMBLAD!

que es nuestra la hora,

nuestra la victoria,

nuestra la república

nuestra su grandeza.

Síntesis

Del choque dialéctico entre la solicitud del Colegio de Abogados de que sea borrado el desaforo y la cobarde y antipuertorriqueña conducta del tribunal de Puerta de Tierra de sostener el mismo, surge la posibilidad de una interesante síntesis. De lo que he logrado aprender hasta ahora sobre la personalidad del compañero Albizu Campos me llega la impresión de que él se habría opuesto a la solicitud de que se borrara su desaforo. Creo que para él habría sido como arrebatarle algo que se había ganado tras ardua lucha.

Considérese el hecho de que Albizu no tuvo necesidad alguna del título de abogado para dedicar su vida a defender la dignidad del Pueblo puertorriqueño (de todos los puertorriqueños.) No lo necesitó tampoco para obligar al enemigo de su Pueblo a deshacerse de las leyes de La Mordaza que servilmente preparó a la medida para él aquel sastre jurídico de nombre José Trías Monge con el propósito de volver a encarcelarlo y asestarle el golpe final a su Movimiento Libertador. El desaforo NO le impidió tampoco actuar de asesor legal de sus abogados. Más aún, con todo y desaforo, son muchos más los abogados que admiran y hasta tratan de emularlo, y algunos logran acercarse, que los que admiran y tratan de emular a los propios jueces que han decretado y sostenido la represión del perro gurdián del régimen en contra del prócer.

Finalmente, las opiniones de Albizu han sido sostenidas después de 50, 60 y hasta 70 años por el Tribunal Supremo de la Historia, hecho que no distingue al tribunal de Puerta de Tierra. Es forzoso concluir, pues, que un Albizu sin desaforo sería un Albizu incompleto. Un prócer trunco.

Hoy día, cuando el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el mismo que siempre le dio la espalda, se ha percatado de lo injusto que ha sido históricamente para con el más prominente de sus miembros, el mal llamado Tribunal Supremo pone en sus manos una oportunidad más de reivindicarse ante la Historia y ante la Humanidad. El Colegio de Abogados tiene hoy la histórica opción de reinstalar simbólicamente al licenciado Pedro Albizu Campos a su matrícula por encima del desaforo en condición de “MIEMBRO HONORARIO DISTINGUIDO,” designación que deberá  existir exclusivamente para el Maestro y Mártir.

Rockefeller Foundation Tried to Perpetuate Cover-up of Rhoads Case

Hesburgh, Theodore, carta a, 23 sept 81carta de T. Hesburgh, 29 sep 1981@2007-05-03T01;47;02Lyman, Richard, Fund. Rockfr., carta a, 2 oct 1981Lyman, Richard, Fund. Rockfr., carta de, 22 oct 1981Hesburgh, Theodore, carta a, 7 nov 81@2004-11-21T22;07;54Hesburgh, carta, 12 nov 1981

Me lanza lodo apologeta de Nelson Denis

El ciudadano presuntamente puertorriqueño Eduardo Alberto González-¿? sale en defensa del político neoyorkino Nelson Denis ante las fundamentadas críticas que como escritor he hecho del contenido de su libro y, aunque indica en su página de Facebook ser una persona con especializada formación académica universitaria, recurre a ello mediante la vulgar técnica del lanzamiento de lodo.

A Eduardo no sólo le disgusta mi selección del contenido hacia el cual llamo la atención de los lectores, sino que me condena por haber sido premiado para estudiar en la Universidad de Fordham con una beca de la Fundación Rockefeller, entidad que yo mismo luego expuse ante el mundo como una de las encubridoras de los asesinatos que cometió en Puerto Rico el asesino en serie Cornelius P. Rhoads. Opta el defensor de Denis por omitir el hecho de que yo mismo di a conocer –en la contraportada de uno de mis libros sobre el caso– que esa Fundación me otorgó una beca a través de Aspira de América, Inc. cuando todavía no sabía yo del papel de la Fundación en el caso Rhoads. De ese modo, Eduardo deja la impresión de que es un dato secreto que él y los suyos acaban de descubrir. (Lo que no he publicado hasta este momento es que obtuve esa beca como resultado de competir con miles de solicitantes de P. R. y todas las provincias de Estados Unidos).

Cuando expuse ese caso y a sus encubridores en febrero de 1982 por medio de la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Nelson Denis ya era abogado, pero guardó silencio a pesar de que el asunto fue noticia en el diario Daily News de la ciudad de Nueva York, donde nació, se crió y estudió. Ahora en el 2015, Nelson Denis volvió a dejar afuera a esa Fundación en el libro que Eduardo defiende con sus bajunos ataques personales. Por supuesto, es comprensible que Denis guarde silencio, pues se trata de una muy influyente entidad con sede en esa ciudad donde él se desempeña como político electoral.

Por carecer de argumentos de persona inteligente con los cuales refutar mis señalamientos en torno al contenido del notorio libreto de Denis, Eduardo recurre a catalogarme de “vago profesional”. Si él se refiera a los años de desempleo que tuve como consecuencia de la persecución política de la que fuimos víctimas tantos independentistas, resulta evidente que le queda mucho que aprender sobre la historia política de nuestra patria durante las décadas entre los 60 y los 90. Por otra parte, si dedicarse alguien a escudriñar documentos viejos y a entrevistar de verdad a fuentes confiables a las que luego cita e identifica y a compartir por todos los medios posibles los hallazgos de sus investigaciones es ser “vago profesional” no hay duda de que lo soy.

Desconoce Eduardo Alberto González-¿? los resultados que trajo mi investigación del caso Rhoads. “¿Qué resultados reales trajo la investigación de Rhoads por Aponte-Vazquez?” se pregunta retóricamente. Algunos resultados, Eduardo, fueron el conocimiento que del mismo tienen hoy día miles de personas, incluyendo a aquellas que insisten en hacer creer que ese asesino no cometió los asesinatos que confesó. El propio Denis se nutrió de mis investigaciones. Además, corre de boca en boca mi teoría de que Rhoads fue el autor intelectual de la muerte de Albizu, asunto que llevé ante la ONU en 1984 y traje ante la opinión pública nacional. (Por cierto, ¿qué hizo o siquiera dijo sobre eso Denis?) Ambos asuntos son hoy de conocimiento internacional gracias a que los desenterré y a duras penas los publiqué. De no ser por mis investigaciones, Eduardo, ni tú ni tu amigo siquiera mencionarían a Rhoads ni la irradiación de Albizu.

Finalmente, el hecho de que ni Rhoads ni la Fundación “pagaron” por sus crímenes se debe a la conspiración que surgió para su encubrimiento y a la renuencia del secretario de justicia de Puerto Rico de seguir adelante con la investigación luego de que por solicitud y a insistencias mías reabrió el caso cuando todavía vivía uno de los cómplices.

Fallaste, Eduardo; tu lodo no me alcanza.

Donovan, Cosby, Booth, Denis…

Entre 1973 y 1975, el abogado y espía profesional William Cosby fue director de la CIA y, al igual que el abogado y cineasta Nelson Denis, fue abogado corporativo en el bufete que en 1929 fundó William Donovan, considerado el “Padre” de esa notoria agencia de espías. Es muy probable que Denis, graduado de Derecho en 1980, se haya enterado de la existencia del militar y espía Waller Booth, a quien menciona erráticamente (http://www.vieques1910-1950.com/Comentando.html) en su libro, debido al estrecho vínculo de ambos ―en épocas distintas― con este ambiente de espionaje. El bufete de Donovan cesó operaciones en 1998.

¿Historiador?

El historiador y ex coronel del ejército Héctor Andrés Negroni ha dicho aquí que el caso del médico y ex coronel del mismo ejército Cornelius P. Rhoads fue debidamente investigado por la autoridades y médicos de aquella época y “no se descubrio ninguna evidencia de que el Dr. Rhoads había exterminado a ningun puertorriqueño”.

Agregó que “el Doctor Rhodes [sic] dijo que escibio la carta cuando estaba borracho y furioso porque le habian vandalizado su automobil. (Citado textualmente). Luego me dijo que su fuente de información para llegar a esas conclusiones fue “wikipedia.org”. Le dije que esa fuente no era confiable, “al menos no para este asunto” y le sugerí leer The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhoads: An Indictment.

Le dije que las fuentes principales de ese libro son documentos del equivalente de Departamento de Justicia de P. R. así como de la propia Fundación Rockefeller y de la American Philosophical Society y responde el historiador Negroni, sin haber leído el libro y sin haber examinado mis fuentes: “pedro Aponte. Yo no confío de tus fuentes. El hecho de que no fue procesado apoya mis fuentes. Todos pueden tener opiniones pero los hechos no mienten”.

Ese historiador es el mismo que dijo en su Historia militar de Puerto Rico, publicada por el Instituto de Cultura de P. R., que en el ataque a La Fortaleza murieron “todos” los Nacionalistas que participaron (pág. 455).

THE UNSOLVED CASE OF DR. CORNELIUS P. RHOADS: AN INDICTMENT

Foreword

This work began to unfold in 1978 on the very moment that my co-worker J. Ramón Olmo-Olmo gave me what he believed was the manuscript of a letter in which an obscure North American physician nicknamed “Dusty” boasted about killing people in Puerto Rico. I worked then as a journalist in community relations functions for the National Puerto Rican Forum in New York and was contemplating quitting –which I promptly did– on account of having observed what seemed to me to be illegal administrative practices.

Once unemployed, I was free to dedicate myself to finding out what was the story behind “Dusty”. From there on, I had the benefit of the splendid services of the New York City Public Library System as well as those of the Colección Puertorriqueña of the José M. Lázaro Library of the University of Puerto Rico at Río Piedras; the Puerto Rico National Archives; the Manuscript Division of the Library of Congress, and the Rockefeller Foundation Archive Center.

While still in New York, Brooklyn College professor Antonio Nadal couldn’t help getting involved in my efforts to find out who was “Dusty” and the other persons the physician refers to in his infamous letter and what he had actually done in Puerto Rico. His enthusiasm was an asset to me in this process.

Insofar as Olmo-Olmo had told me that the Puerto Rico Nationalist Party had taken custody of the original document, I wanted to know what had been that party’s role in the matter. Fortunately, I was able to find at his home in Puerto Rico the very person who had brought the letter to Nationalist Party president Pedro Albizu-Campos and had the privilege of listening to his version of the events. Subsequently, his family has been very supportive of my continuous research and, on his death, bestowed upon me the privilege of  his eulogy.

The Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, a legal journal of the Puerto Rico Bar Association, published in 1982 the findings of what I consider the first stage of my investigation, the one I carried out in the City of New York. Its editor then was University of Puerto Rico law professor and historian Carmelo Delgado Cintrón.

Then, the news media, specially El Vocero, The San Juan Star, and weekly Claridad, complemented the coverage of this historical and tragic episode in Puerto Rican history and thus made it possible for a real cross-section of Puerto Rico’s population and others beyond, to be properly informed during the course of the investigation. I was able to spread my findings also by means of radio and television interviews.

Today, this matter has come to the attention of the scientific community in the United States due to the fact that the American Association for Cancer Research (AACR) was forced to remove Dr. Cornelius P. Rhoads’s name from an award it had established in his honor. Insofar as the AACR has chosen to hide this fact from the rest of the population there by keeping it away from the news media, I have updated this English version, originally written around 1982, for the benefit of those who are not able to read Spanish.

When I thought I had finished gathering all the pertinent data on the subject, I learned of the existence of very important documents through the bibliography contained in an essay by historian Susan Lederer, of Yale University School of Medicine, discussed herein. Through the excellent professional services of Robert S. Cox, curator of the American Philosophical Society Library, I was able to examine not only the documents Lederer cited, but some more I didn’t know about.

Librarian Evangelina Pérez, of the School of Natural Sciences of the University of Puerto Rico at Río Piedras, diligently sent me a copy of a very important article I requested by mail, but after she went on vacation, acting librarian Julia Vélez refused to send me a second one consisting of a single page. Ms. Vélez told me in no uncertain terms that it was against the prevailing norms to mail copies of documents out to authors who are not employed by that public institution and gave me unsolicited advice on how to improve my working habits. I hope that the University of Puerto Rico some day reviews the policies of its Libraries System and adopts uniform measures that don’t even give the slightest impression of being unfair to independent researchers. This should include giving appropriate attention to the Digitalization Project of the enormous collection of photos it acquired from El Mundo daily after it folded.

Despite the support of the persons I have mentioned and still others in conducting this research and making this book public, I am, of course, absolutely responsible for its conclusions and assertions.

 

Pedro Aponte-Vázquez

San Juan