Ancestros de don Pedro Albizu Campos por la línea de su madre

Además de don Pedro Albizu Campos tener vínculos ancestrales con el País Vasco a través de su padre, los tenía también con la República Dominicana, Venezuela y México.

De acuerdo con el árbol genealógico de la autoría de “daneldíaz” en el portal de Ancestry.com, Juana Campos (Juana Díaz, 1862 – 1892) la madre de don Pedro Albizu Campos (Ponce, 1891-1965) era hija de Juana de Dios Campos Collazo, quien nació en Caracas, Venezuela el 8 de marzo de 1846 (¿?) y murió antes de 1886. Juana de Dios, fue esposa de Manuel Morel Araújo, quien nació en la República Dominicana cerca de 1803 (¿?) y murió antes de 1886. Juana de Dios Campos y Manuel Morel tuvieron cuatro hijos: Emilio (¿- ?), José 1846-c.1920) Juan (1857-1896) y Ramón (c.1864-¿), todos de apellidos Morel Campos. Obsérvese que la fecha de nacimiento de José Morel Campos es la misma que la fecha de nacimiento de Juana de Dios, su madre. Es por eso que he colocado signos de interrogación después de las fechas del padre y de la madre. Podemos concluir que la fecha es errónea, al considerar que parece estar confirmado que Juan nació en 1857, cuando de otro modo ella tendría once años de edad. Juana de Dios, por su parte, fue madre soltera de Juana Campos en 1862. Por consiguiente, para pesar de algunos, la madre de don Pedro era hermana de madre de Juan Morel Campos, lo que hace al músico tío del prócer.

Los padres de Juana de Dios, es decir, los bisabuelos de don Pedro por parte de madre, fueron Tomás Campos (c. 1822-¿) y Andrea Fierro Ogas (c.1822-¿), naturales de Chihuahua, México. Sus tatarabuelos por la misma línea fueron por un lado, José Manuel Campos Muñoz (c. 1800-¿ y Gertrudis Armendáriz (c. 1800-¿) oriundos de Chihuahua y por otro lado José Antonio Fierro Antillón (1875-¿) quien nació en Chihuahua y murió en Nevada, EE. UU y María de la Luz Ogas Guerra (1800-¿) natural de Chihuahua.

 

 

Sobre las últimas horas de Albizu en el cincuentenario de su muerte física: O, cuando lo dice un nativo no se puede creer, pero comoquiera lo digo

Sobre las últimas horas de Albizu en el cincuentenario de su muerte física: O, cuando lo dice un nativo no se puede creer, pero comoquiera lo digo

Por Pedro Aponte Vázquez

(Segmento de © 2004 Pedro Aponte Vázquez, Las memorias que don Pedro no escribió <www.lulu.com/spotlight/albizu>).

 

El expediente que durante 29 años le mantuvo el FBI a Albizu revela que, según le informó el doctor Eduar­do Mon­tilla a esa agencia federal de espionaje en abril de 1956, Albizu sufrió una “trombosis cerebral en el lado izquierdo de la cabeza que le causó la pérdida del habla y la paralización del lado derecho del cuerpo”[1]. Eso ocurrió el 26 de marzo de 1956 y pasó tres días sin atención médica alguna. Finalmente lo sacaron sigilosamente en la oscuridad de la noche por una salida trasera del penal y lo condujeron al Hospital Presbiteriano, sin poder hablar y con su lado derecho paralizado.

El 2 de abril de 1956, el doctor Montilla se ocupó de hacerles claro a los agentes  Phillip T. King y Wirt R. Jones del FBI que lo entrevistaron, que Albizu había sido admitido en el Hospital Presbiteriano “la noche del jueves 29 de marzo” de 1956 y que él, “como Jefe de Servicios Médicos del hospital, no tuvo más remedio que proveerle tratamiento”[2].

El gobernador Luis Muñoz Marín había accedido a ordenar su traslado al hospital de distrito de Bayamón a las 5:15 de la tarde del 29 de marzo de 1956[3]. No obstante, por razones de seguridad, no fue llevado a Bayamón, sino al Hospital Presbiteriano en el sector de El Condado, en San Juan aunque, de todos modos, el coronel de la Policía, Salvador T. Roig, no consideró adecuado ese lugar en términos de seguridad[4].

El 20 de abril de 1956, el gobernador Muñoz Marín se reunió en su oficina con el coronel Roig y el agente del FBI a cargo de la oficina de San Juan y entre otros asuntos generales relacionados con el Partido Nacionalista, quiso saber la opinión de cada uno en torno a si Albizu debía ser devuelto al presidio[5]. Roig, según el testimonio del citado agente del FBI, dijo “enfáticamente” que él sí creía que debía ser de­vuelto al penal y que debía ser “lo más pronto posible”. Entonces el gobernador le preguntó al agente del FBI su opinión y este le dijo falsamente que eso no le concernía al FBI.

Muñoz Marín les dijo entonces a ambos funcionarios que el propósito de reunirse con ellos era decirles que estaba contemplando la posibilidad de no devolver a Albizu al presidio, sino trans­ferirlo del Hospital Presbiteriano a un hospital en el cual el pueblo de Puerto Rico tuviera la certeza de que se le proveía un cuidado médico “de primera clase”. Ingresarlo nuevamente en el presidio, dijo, “equivaldría a recluirlo en obscuro rincón y dejarlo morir”.

Muñoz Marín argumentó durante la reunión, según el agen­te del FBI, que hacer eso no era políticamente conveniente debido a las probables implicaciones, no sólo en Puerto Rico, sino en el resto de la América Latina. Aludió el gobernador, según el agente del FBI, a que, “cuando el procurador general José Trías Monge y Cecil Snyder, para entonces juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico (1953-1957), estuvieron recientemente en Estados Unidos, representantes de varias naciones latinoamericanas les preguntaron sobre la condición de salud de Albizu.” Esto  indicaba, dijo Muñoz Marín, que el nombre de Albizu  “todavía significa algo en la América Latina” y debía tomar eso en cuenta.

El agente federal le informó de esta reunión al director vitalicio del FBI, John Edgar Hoover, el 25 de abril de 1956 y dos semanas después éste notificó a la división de Seguridad del Departamento de Estado esta idea que Muñoz Marín estaba “contemplando”[6]. Todo parece indicar que de allá le pusieron fin a su contemplación, pues cerca de un mes después, a las 5:40 de la mañana del 5 de junio de 1956, Albizu fue devuelto al presidio sin haber mejorado su cuadro clínico[7] y luego de la Policía avisar al FBI[8].

Al reingresar en el presidio, se le hizo un examen médico general, así como análisis de laboratorios, pero los resultados de estos exámenes no fueron divulgados y no figuran entre los documentos que han hecho públicos el Hospital Presbiteriano y el gobierno de Puerto Rico. Allí se le recluyó en una celda equipada como habitación de hospital y dos prisioneros fueron adiestrados en enfermería para su cuidado. Sólo se le permitía a su hermana Ana María Campos visitarlo.

A principios de agosto tuvo pulmonía y, ya recuperado, dejó de consumir alimentos y sólo ingería pequeñas cantidades de jugos y agua, por lo que Montilla personalmente le administraba alimentación intravenosa. El 30 de agosto, según información publicada en el diario El Mundo el día siguiente, Albizu volvió a consumir alimentos sólidos, pero cesó una vez más el 9 de octubre.

Aunque el doctor Montilla y las autoridades especularon que se trataba de una huelga de hambre, ello era contrario a la ideología de Albizu, quien sostenía que los revolucionarios tienen la obligación de cuidar de su salud. Por otro lado, se sabe que la exposición a la radiación puede causar pérdida del apetito.

Un mes más tarde, el 9 de noviembre de 1956, Albizu fue conducido nuevamente al Hospital Presbiteriano ante el temor de las autoridades de que muriera debido a que no ingería alimentos, por lo que se le inyectaba glucosa forzadamente cada dos días. Albizu volvió a ingerir alimentos el 11 de noviembre.

El siguiente día 13, su abogado para asuntos en la esfera federal, Conrad Lynn, radicó un recurso de excarcelación (habeas corpus) ante el tribunal federal alegando que los derechos civiles de Albizu fueron violados cuando el gobernador le revocó el indulto, toda vez que no le dio oportunidad de defenderse. Muñoz Marín le revocó el indulto por Albizu haber expresado simpatías con el ataque al congreso del 1ro de marzo de 1954, aunque no se le vinculó con el mismo. Sobre el tapete estaba la cuestión de si Albizu había violado con sus declaraciones las condiciones del indulto condicional que él nunca aceptó. Lynn requirió, además, que el tribunal federal ordenara que se le permitiera visitar a su representado en el Hospital Presbiteriano, lo que el gobierno de Puerto Rico no le había permitido.

No bien hubo Lynn radicado el recurso de excarcelación, el juez federal Clemente Ruiz Nazario le dijo al fiscal federal interino Rubén Rodríguez Antongiorgi confidencialmente y sin hacer honor a su nombre, que habría de denegar el recurso, lo cual hizo el siguiente 16 de noviembre, a tres días de radicado[9].

Subsiguientemente, el juez Julio Suárez Garriga, del tribunal superior de San Juan, denegó otro recurso de excarcelación, presentado esta vez por Jorge Luis Landing en representación de Rosa Albizu Meneses, hija de Albizu[10].

Al ser entrevistado por los agentes del FBI Wirt R. Jones y John E. Byrnes el 23 de agosto de 1954, Landing les había dicho que no pertenecía ni había pertenecido al Partido Nacionalista, pero que nada de malo era que hubiera un poco de violencia de vez en cuando para atraer la atención internacional hacia Puerto Rico[11].

Aparentemente, Muñoz Marín pensaba también que actos esporádicos de violencia mantendrían la atención internacional enfocada en la condición colonial de Puerto Rico, pues, como medio para evitarlos, se empeñó en mantener a Albizu fuera del alcance de sus seguidores. Así se lo expresó personalmente al agente del FBI a cargo de la oficina de San Juan, Carroll Doyle, el 16 de julio de 1957[12]. Le dijo Muñoz Marín a Doyle que Albizu “continuaría por el resto de su vida en el Hospital Presbiteriano y que esto era más conveniente, pues se genera menos actividad en Puer­to Rico y en el exterior estando Albizu preso en donde se le provee adecuado cuidado médico que estando en el presidio.” Agre­gó Muñoz Marín, según el agente Doyle, que “hay menos probabilidad de violencia esporádica mientras los miembros del Partido Nacionalista no puedan ver a Albizu ni conversar con él.”

De todos modos, aunque el FBI y el gobierno de Puerto Rico sentían terror por la violencia que pudiera desatarse al morir Albizu, sobre todo si moría estando todavía preso, el haberlo aislado y alejado de su pueblo y de sus seguidores estaba, en opinión de algunos informantes, “desgastando” al Partido Nacionalista. Los referidos delatores señalaban que el Partido Nacionalista “era lo que era debido al fuerte liderato de Albizu y que la mayor parte de las actividades de la organización no se debía si no a la devoción y el respeto por su líder”[13].

Para fines de julio de 1959, se encontró que  Albizu tenía sangre en la orina y hepatitis, lo que reanudó la profunda preo­cupación de las agencias represivas, preocupación que, como se sabe, se debía a la probabilidad de que hubiera violentas represalias de los Nacionalistas ante su muerte. Estos temores fueron aún mayores luego de que, en el mes de septiembre de 1959, “una fuente confidencial” le dijo al FBI que en las ciudades de Nueva York y Chicago había Nacionalistas que no sólo estaban interesados en comprar armas, sino que tenían el dinero para comprarlas y que se proponían hacerlas llegar a Puerto Rico vía Nueva Orleans[14].

La acción legal que más parece haberle preocupado a Muñoz Marín fue la del recurso de excarcelación que radicó el norteamericano Arthur Harvey el 12 de septiembre de 1961 a modo de regalo de cumpleaños para Albizu, quien nació en esa fecha[15]. El mismo fue preparado por un estudiante de derecho de la Universidad de Columbia, en Nueva York, a quien Harvey identificó como D. C. Gelers[16]. Harvey alegó en su recurso que el gobernador había actuado arbitrariamente, pues carecía de pruebas para demostrar que Albizu estuvo involucrado en las decisiones del Partido Nacionalista de usar la fuerza y la violencia después de ser expulsado de la cárcel el 30 de septiembre de 1953.

Muñoz Marín, consciente de que, en efecto, carecía de prue­bas, estaba sumamente preocupado a pesar de que podía contar con que el perro guardián del régimen respaldaría su arbitraria decisión. Primeramente, le pareció a Muñoz Marín que necesitaría el testimonio del ya ex agente del FBI Richard Godfrey a los efectos de que Albizu constituía un grave peligro para la estabilidad del régimen. Era lógico para el gobernador que Godfrey declarase en el tribunal durante la vista del recurso, pues en varias ocasiones ellos habían conversado sobre el peligro que Albizu representaba para los intereses de Estados Unidos, a pesar de que ya ni siquiera podía decir el más breve discurso. A Godfrey, quien ya se había retirado del FBI y trabajaba para la empresa de bienes raíces IBEC, no le gustó la idea y adujo a un juramento que le impedía divulgar información obtenida mientras ejercía de agente. Señaló, además, que de todos modos no recordaba qué información le había suministrado. Muñoz Marín, empeñado en lograr su propósito, le pidió al agente Speaks, a cargo de la oficina del FBI en San Juan, que le permitiera a Godfrey refrescar su memoria con los expedientes del FBI y lo autorizara a testificar, a lo que Speaks contestó que mejor obtuviera información de fuentes que no fueran el FBI, como la Policía. Le pareció a Speaks que el gobernador trataría de obtener del Departamento de Justicia o de la Casa Blanca la autorización para que Godfrey testificara, lo que sugiere cuán ansioso debe de haber estado el Gobernador.

Muñoz  Marín habló del asunto con Godfrey en La Fortaleza el 14 de septiembre de 1961 en compañía de su secretario de justicia, Hiram Cancio y del agente Speaks[17].

La solución del agente Belmont, de la oficina central del FBI, fue que Speaks buscara en los archivos qué datos le había dado el FBI a la Policía de Puerto Rico y entonces se lo hiciera saber al Gobernador y que, de ser necesario, Speaks declarase en la vista que el FBI sí mantenía enlace con el Gobernador y le suministraba información, pero que no proveyera documentos ni revelara fuentes. Belmont, por su parte, buscaría en los archivos de la oficina central para ver qué información podía someterle a Speaks.

El interés de Muñoz Marín era demostrar que decidió revocar el indulto que le impuso a Albizu basado en la información que Godfrey le había estado suministrando debido a la estrecha relación que tenía con el FBI. Su problema era que nadie le había suministrado información alguna que le sirviera de fundamento. Finalmente, Speaks fue autorizado a testificar, pero no llegó a hacerlo, pues el 18 de septiembre de 1961 el juez Willis Ramos lo hizo innecesario con su decisión de que Albizu no había autorizado a Harvey a radicar el recurso de excarcelación. Ya el notorio fiscal José Candelario Aponte le había anticipado dos días antes al agen­te Speaks que su testimonio no se necesitaría.

Esta decisión del perro guardián del régimen le vino a Muñoz Marín como pedrada al ojo de censor de imprenta, pues mientras tanto él se había percatado de que, después de todo, no le convenía que quedara manifiesta la dependencia del gobierno de Puerto Rico de las agencias federales porque “le daría visos de realidad a la imagen de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos”[18].

Aunque la radicación de un recurso de excarcelación no constituye delito alguno, Harvey fue objeto, por el hecho mismo, de investigación por el FBI.

La decisión del juez Ramos dio lugar a que los abogados Juan Mari Bras, Lorenzo Piñeiro y Carlos Carrera Benítez, actuando independientemente de Harvey, solicitaran permiso del tribunal para visitar a Albizu y pedirle autorización para presentar el recurso. El mismo no se materializó, pues Albizu, según su yerno, Luis Manuel O’Neill, no lo autorizó.

Subsiguientemente, Conrad Lynn radicó otro recurso en nombre de Ruth Reynolds para la excarcelación de Albizu el 18 de septiembre de 1962 en el tribunal superior  en San Juan y el juez Rafael Ydrach Jordán lo declaró nulo y sin valor el siguiente 26 de noviembre. Lynn apeló ante el llamado tribunal supremo de Puerto Rico el 17 de enero de 1963 alegando que la revocación del indulto había sido un acto inconstitucional, toda vez que nunca se demostró que Albizu hubiera violado las condiciones del mismo –aquellas que le impusieron y que él no aceptó. La vista del caso tuvo lugar el 12 de febrero de 1964, con la licenciada Irene Curbelo en representación del gobierno de Puerto Rico. Lynn y su esposa Yolanda Moreno regresaron a Nueva York el 16 de febrero y Ruth Reynolds lo hizo el día siguiente, todos vigilados por agentes de espionaje político de la Policía de Puerto Rico. Lynn y su esposa se hospedaron en el Hotel Normandie y Reynolds en la residencia del señor comerciante Nacionalista de Río Piedras, Julio Díaz Rodríguez.

En lugar de producir una opinión basada en la vista celebrada, el tribunal señaló otra vista más para el 25 de mayo, lo que le daría al gobierno de Muñoz Marín más tiempo para proveerle al tribunal algo que justificara la opinión que el gobernador necesitaba.

Era evidente que el Departamento de Justicia no tenía prue­ba alguna para justificar la revocación del indulto condicional que Albizu había rechazado, tal cual me lo dijo durante una entrevista personal el licenciado Alcides Oquendo, uno de los fiscales que tomó parte en la preparación del caso. Es así que, diez años después de la arbitraria y abusiva revocación del indulto y la subsiguiente encarcelación de un ciudadano a quien el propio Departamento de Justicia había declarado loco, ese mismo departamento andaba desesperado buscando aunque fuera el dato más insignificante del cual pudiera agarrarse para justificar lo injustificable.

Recayó sobre el secretario de justicia Hiram R. Cancio recurrir al FBI como ya lo había hecho tres años atrás Muñoz Marín, en busca de ese dato milagroso que el Gobernador necesitaba. El 15 de mayo de 1964, le dijo Cancio al agente Bishop, entonces a cargo de la oficina de San Juan del FBI, que el llamado Tribunal Supremo había señalado una “vista final” para el 25 de mayo y que en esa fecha emitiría su decisión[19]. Agre­gó Cancio, según relato del FBI, que en esa fecha el gobierno de Puerto Rico debía presentar toda la prue­ba pertinente a la revocación del indulto, pero que “el caso está basado primordialmente en declaraciones de Albizu a un periódico de San Juan.”

Admitió Cancio, según un mensaje del FBI, que su Departamento “no tiene otra prueba directa” y “solicitó la ayuda del Negociado en términos de información que hubiera en los archivos del Negociado que pudiera implicar a Albizu en el ataque a tiros al Congreso el 1ro de marzo de 1954.”

Cancio, quien quería reunirse con el ex agente Godfrey, le dijo  al FBI que “estaba bajo la impresión de que, al momento de ser arrestado, uno de los principales en el tiroteo al Congreso tenía en su bolsillo una nota manuscrita que implicaba a Albizu” y que “la revisión de los archivos de SJO [Oficina de San Juan], hasta la fecha ha sido negativo en cuanto a esto”, continuó el referido mensaje.

Cancio, en la creencia errónea de que el aparato judicial habría de actuar con sentido de justicia, temía que el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico “dejará en libertad a Albizu” a menos que el Departamento de Justicia “pueda producir prueba directa de [su] complicidad en el tiroteo al Congreso.”

La oficina de San Juan del FBI le pidió con urgencia a la oficina central y a la de Nueva York “hacerle saber si tenían alguna prueba, como en lo tocante a la mencionada nota, y sobre la existencia y disponibilidad de testigos que con sus declaraciones pudieran implicar a Albizu en ese asunto.” Una nota manuscrita al final del mensaje, presumiblemente de Hoover, dice: “Dar toda la ayuda que poda­mos”.

El director vitalicio del FBI, cuyo nombre se le impuso al edificio donde están las oficinas centrales de esa agencia federal de represión política, le ordenó por teletipo a la oficina de Nueva York “revisar inmediatamente” sus archivos “a tono con la petición” reseñada “dando atención especial a cualquier testigo o prueba que vincule a Albizu con el tiroteo en el Congreso el 1ro de marzo de 1954”. Hoover proveyó, asimismo, los nombres de informantes con sus respectivas claves de identificación (nombres y claves están tachados, por supuesto)[20].

Uno de los informantes que fue localizado expresó estar disponible para testificar, pero según la oficina del FBI en San Juan, el individuo “nunca ha provisto información que pudiera positivamente implicar” a Albizu en el ataque al Congreso. Lo que según el FBI en San Juan parecería pertinente de lo que dijo el aludido informante es que  Rosa Collazo, esposa de Oscar Collazo y militante del Partido Nacionalista por derecho propio, había dicho a su regreso a Nueva York de San Juan, donde había visitado a Albizu, que éste se había quejado de que en Estados Unidos “no había habido actividad y que no se había tirado ni un tomate ni un aguacate.”

El mensaje del FBI de San Juan dice que “esto no parece ser prueba directa que vincule a [Albizu] con el tiroteo en el Congreso” y agrega que la información recibida en torno al asunto  “revela que el memo que Rosa Collazo trajo de [Albizu] a la Junta de Nueva York del PNPR concernía meramente la reorganización de la Junta de Nueva York y no contenía instrucciones para que sus miembros participaran en violencia, según lo informó T-18 (tachado) en las páginas 120 y 121”.

El documento del FBI alude a un viaje de Lolita Lebrón a Chicago el 11 de febrero de 1954 para visitar a su hermano Gonzalo Lebrón Sotomayor, a lo cual “T-18″ hizo referencia en su informe. Además, alude a una carta de la oficina del FBI de Nueva York sobre el contenido de una  entrevista que agentes del FBI de Nueva York le hicieron a Lebrón Sotomayor antes de convertirse en delator hasta de su propia hermana. De acuerdo con el propio FBI, Gonzalo Lebrón dijo que su hermana Lolita Lebrón había dicho que “el partido” exigía  “acción violenta inmediata en Estados Unidos”, pero “nunca mencionó algún acto de violencia o blanco alguno en específico.” Aunque no vuelve a aparecer el nombre de Gonzalo Lebrón Sotomayor, sino que, donde debe estar el nombre hay tachaduras, del estudio del documento y de otros, así como del modo del FBI ocultar la identidad de sus informantes, se desprende que el nombre bajo las tachaduras es el de Gonzalo Lebrón Sotomayor. Un memorando al que aludiré más adelante lo confirma.

La referida carta de la oficina de Nueva York, fechada el 5 de agosto de 1954, reveló que Gonzalo Lebrón [el nombre está tachado] estaba en la creencia de que Pedro Albizu Campos, como líder el PNPR, debe de haber ordenado el ataque al Congreso o, al menos, ordenó realizar actos de violencia en Estados Unidos. El informante agre­gó que “el partido había enviado a Dolores Lebrón a Chicago a preparar acciones violentas inmediatas”, pero sin embargo, continúa el informe aludiendo a la carta de la oficina de Nueva York, dijo también que “en ningún momento durante su conversación con Dolores Lebrón implicó ella que Pedro Albizu C[a]mpos o algún otro oficial del partido le hubiera ordenado visitar a Chicago. Ella simplemente usó la palabra ‘partido’ en referencia a quién ordenó su visita”, dijo.

El documento que vengo reseñando dice que una tercera persona que estaba presente durante la conversación de Gonzalo y Lolita Lebrón Sotomayor, concluyó que ella estaba actuando por instrucciones de Albizu.

En referencia a la nota que se le encontró a Lolita Lebrón en el momento de su arresto el 1ro de marzo de 1954, el informe del que cito hace referencia a otro del agente Seymor Fred Phillips con fecha del 7 de marzo de 1954 que dice: “La nota no parece contener instrucciones del sujeto”, en referencia a Albizu y señala que la oficina de Nueva York no hizo referencia a que hubiesen sido encontradas otras notas en las personas que participaron en el ataque al Congreso.

El informe sugiere que la oficina de San Juan del FBI considere localizar y entrevistar a (nombre tachado, presumiblemente Gonzalo Lebrón) en torno a declaraciones que le hiciera Lolita Lebrón durante su referida visita a Chicago “con el fin de reclutar miembros para participar en un acto de violencia en Estados Unidos” y afirma que la oficina de Nueva York “se mantendrá alerta a cualquier información sobre posibles maniobras legales que emplee el abogado del sujeto en Nueva York [o sea, Conrad Lynn] en relación con esta vista del 25 de mayo de 1964”.

El 19 de mayo de 1964, el agente J. F. Bland le informa al agente W. C. Sullivan que Gonzalo Lebrón Sotomayor (cuyo nombre está tachado) “accedió a testificar en la vista en Puerto Rico de ser necesario”, pero señala que éste “no puede implicar a Albizu directamente en el tiroteo en el Congreso, aun­que sí puede declarar que Albizu quería que miembros del PNPR cometieran actos de violencia”[21]. Bland señala que hay otro informante que ha alegado tener conocimiento directo de que Albizu ordenó el ataque al Congreso, pero debido a su pésima reputación en su vecindario y en su lugar de empleo, no sería consultado. Gonzalo Lebrón, quien para entonces residía ya en Puerto Rico, era un probable testigo, pues su condición de traidor de la patria constituía para el gobierno excelente reputación.

El referido agente dijo en su memorando, ade­más, que en el inventario de lo que les fue ocupado a los Nacionalistas que atacaron a tiros el Congreso no había nota alguna de Albizu que lo implicara en el ataque, contrario a lo que creía Cancio.

El 19 de mayo, durante una reunión en la oficina del FBI en San Juan con el ex agente Godfrey, el fiscal José C. Aponte y otros dos representantes del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Cancio dijo que no habría de usar de testigo a Gonzalo Lebrón Sotomayor porque éste se había negado anteriormente a cooperar con su agencia en este mismo asunto y tampoco utilizaría al otro posible testigo debido a su mala reputación, aparte del hecho de que su testimonio no podía ser corroborado[22]. El Departamento de Justicia tampoco utilizaría a Godfrey, quien de todos modos no tenía intención alguna de testificar, así que sólo le quedaba el posible testimonio de una persona cuyo nombre está tachado, pero que resultó ser Francisco Cortez Ruiz[23]. Se le recordó al secretario de justicia Cancio, según inequívocas órdenes de Hoover, que “este asunto es de la sola responsabilidad de las autoridades insulares”.

Al otro día de la referida reunión, el agente Bishop, a cargo de la oficina de San Juan, le informó por mensaje radial a Hoover que una persona cuyo nombre está tachado le había hecho saber “confidencialmente” ese mismo día su sentir en el sentido de que el caso del gobierno en la vista sobre la revocación del indulto “no está lo suficientemente fuerte como para convencer al Tribunal Supremo de Puerto Rico de que Albizu debe permanecer encarcelado.” Esa persona, que creo puede ser el propio Hiram Cancio, le dijo a Bishop que “Dedicará el resto de la semana a estudiar la prue­ba y los posibles argumentos que el gobierno de Puerto Rico utilizaría en la vista de habeas corpus del próximo 25 de mayo y que, si la revisión que haga lo convence de que el gobierno puertorriqueño no puede ganar ante el Tribunal Supremo, le hará una vigorosa recomendación al gobernador Luis Muñoz Marín de que sin más pensarlo indulte a Albizu antes de la vista del Tribunal Supremo”. Esto, en opinión de la persona cuyo nombre aparece tachado, pero que no dudo que es Cancio porque sería al jefe de la agen­cia a quien le correspondería hacerle recomendaciones al Gobernador, “le evitaría una situación embarazosa al gobierno de Puerto Rico y serviría, además, para reducir las críticas de los independentistas si fuera el Tribunal Supremo quien decretara la excarcelación de Albizu”[24].

Pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, consciente de que el Departamento de Justicia estaba atrás y no adelantaba, escuchó argumentos, pero no emitió su esperada opinión el 25 de mayo, sino que a petición del Departamento de Justicia, le concedió al gobierno diez días más para someter más argumentos. Cumplido el término, le correspondían otros diez días a la defensa para responder a los mismos. Aparentemente, el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico prefería que el Departamento de Justicia encontrara algo que le permitiera emitir una decisión favorable a Muñoz Marín, para evitarse el tener que emitirla sin fundamento jurídico alguno.

Durante una conversación en su oficina con la líder Nacionalista Lydia Collazo en la mañana del 16 de junio de 1964, Lynn aludió a una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de mayo de 1963 en la que ese máximo foro judicial estableció que en adelante consideraría al llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico “en la misma luz que el más alto tribunal de cualquier estado; que esto tenía el efecto de elevar el status del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un sentido, pero también daba al traste con la alegación de que Puerto Rico es soberano porque, en un Estado Libre Asociado, el más alto tribunal no está subordinado a tribunal alguno”. Según Lynn, “la orden del Tribunal Supremo de EE. UU. del 5/20/63 [sic] nunca fue publicada en Puerto Rico porque habría expuesto el hecho de que el Tribunal Supremo de EE. UU. no consideraba a Puerto Rico como soberano e independiente”[25].

El relato del FBI agrega que el otro abogado de Albizu, Carlos Carrera Benítez, “no podía entender el porqué los jueces de Puerto Rico nunca le mencionaron la orden del Tribunal Supremo de EE. UU.” Lynn le envió a Carrera Benítez una copia para que se la mostrara a los jueces y les preguntara por qué no le habían informado sobre la misma.

Lynn le dijo a Collazo que “el término del gobierno para presentar sus nuevos argumentos vencía el 15 de junio de 1964 y él tendría diez días a partir de esa fecha para presentar los suyos, pero que él habría de presentarlos lo más pron­to posible, para no darle más tiempo al gobierno. Si el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico no ordenaba liberar a Albizu, Lynn apelaría al verdadero Tribunal Supremo, es decir, el de Estados Unidos, pero toda vez que el referido tribunal no está en sesión durante el verano, el caso no se vería sino hasta finales de septiembre”. Según el FBI, “Lynn y Collazo coincidieron en que el gobierno de Estados Unidos no quería que el caso llegara a su Tribunal Supremo, pues sabía que lo perderían”.

Unas tres semanas después de esa reunión, de la cual, extrañamente, el FBI tuvo conocimiento al instante, el secretario del llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ignacio Rivera, le informó a la oficina de San Juan del FBI que ya el gobierno de Puerto Rico y la defensa de Albizu habían sometido sus respectivos casos[26]. El gobierno sometió sus nuevos argumentos el anterior 15 de junio y Lynn no sometió argumentos nuevos. Agregó Rivera que no había fecha señalada para la decisión del tribunal, el cual habría de recesar el siguiente 30 de junio hasta el 1ro de septiembre de 1964. La información pasaría a formar parte del resumen semanal de inteligencia del FBI del 15 de julio de ese año.

Entretanto, al director vitalicio del FBI le pareció importante informarle al director del Negociado de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado que “miembros del PNPR, incluyendo dos de la Ciudad de Nueva York, han estado piqueteando el Tribunal Supremo de Puer­to Rico desde agosto de 1964 en un esfuerzo por forzar al tribunal a acelerar la vista del habeas corpus” y que “el piquete, según se dijo, terminará el 28 de agosto”[27]. Una breve “nota informativa” del 27 de agosto que antecede a este memorando identifica a Ruth Miller y Ruth Reynolds como “nacionalistas puertorriqueñas de Nueva York” –aunque no eran ni Nacionalistas ni puertorriqueñas.

Mientras Muñoz Marín y su Secretario de Justicia hacían malabares para enfrentar el recurso de Lynn y la vista ante el mal llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, el FBI supuestamente recibió informes de un delator en el sentido de que “ciertos líderes independentistas” estaban fraguando “secuestrar” a Albizu del Hospital Pres­biteriano y llevarlo a Cuba, para lo cual el Gobierno Revolucionario de Cuba habría de proveer para el aterrizaje de una nave, si se consumaba el plan, aunque también podría ser llevado por mar[28]. Según el FBI, el plan encontró tropiezos internos debido a discrepancias entre los participantes y para di­ciembre de 1963 fue aban­donado[29].

Los participantes eran, según el FBI, Laura Meneses del Carpio, esposa de Albizu, Juan Juarbe Juarbe, a quien Albizu había destituido del cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Corretjer, miembro prominente de Acción Patriótica Unitaria, cuyo presidente era Ramón Medina Ramírez, y el entonces secretario general del Movi­miento Pro Independencia de Puerto Rico (MPI), Juan Mari Bras. Otra persona no identificada, presuntamente militante del Partido Nacionalista, puede haber participado, así como  “un informante de la oficina del FBI en San Juan”.

Meneses, según el FBI, dispuso que Corretjer asumiera la responsabilidad por la fase de la operación en Puerto Rico. Para entonces, Meneses representaba al Gobierno Revolucionario de Cuba en la ONU y, según el FBI,  vivía con Juarbe Juarbe en el apartamento 14-B del edificio ubicado en el número 333 del lado este de la calle 46 en la ciudad de Nueva York[30].

Otras razones para abandonar el plan fueron, según el informante del FBI, que Corretjer planteó que si el plan fallaba sería encausado criminalmente y que el estado de salud de Albizu era tan delicado que, en vez de rescatarlo, podrían acabar matándolo.

El aludido informe agrega que en algún momento, Meneses y Juarbe concluyeron que Corretjer y Mari Bras “no tenían las necesarias calificaciones de liderato entre las organizaciones independentistas”. Estas apreciaciones parecen haber surgido luego que Corretjer, según el informante del FBI, supuestamente le hizo saber a Meneses que debía ser ella y no él quien asumiera la responsabilidad por el éxito o el fracaso del rescate. Según el citado informe, “Meneses dijo, por otro lado, que otros oficiales cubanos de alto nivel en la Misión de Cuba ante la ONU, tales como el embajador Carlos Lechuga y el subjefe de la Misión, Raúl Primelles, consideran a Corretjer y a Mari Bras altamente cualificados.”

Meneses concluyó que, toda vez que se requería la cooperación de la Misión de Cuba ante la ONU, los desacuerdos impedían la cooperación.

Cuando entrevisté a don Juan Mari Bras en torno al referido plan de rescatar a Albizu, el prominente líder independentista afirmó que jamás se enteró de la existencia del mismo, “si es que lo hubo”. Agregó que, si lo hubo, tal vez no se lo informaron precisamente porque, como alegó el informante del FBI, Meneses y Juarbe no confiaban en su liderato. El ex secretario general del MPI, quien a su vez estableció y mantiene estrechos vínculos con los más altos dirigentes del  gobierno de Cuba, coincidió con lo que el FBI le atribuye a Meneses en el sentido de que para esa época el gobierno de Cuba requería unanimidad entre los independentistas como condición para darles su respaldo, pero aseguró categóricamente que Cuba no habría aprobado un plan de esa naturaleza, aunque fuera porque ponía en riesgo la vida misma de Albizu. Más aún, el veterano líder independentista dijo que a la CIA podía ocurrírsele promover un plan como ese como un medio de causarle un problema internacional a Cuba, pero le pareció más probable que surgiera de la imaginación de José Luis Lugo, un puertorriqueño a quien conoció en San Juan de Puerto Rico que solía viajar a Nueva York.

Mari, quien solía viajar a Nueva York aún con más fre­cuencia que Lugo, se sorprendió al encontrarse con éste en el avión durante uno de esos viajes, aproximadamente entre los años de 1962 y 63, periodo que tiende a coincidir con la época a la que alude el FBI en su informe (noviembre de 1963). En esa ocasión, Lugo le dijo a Mari que iba a visitar a Meneses y a Juarbe en Nueva York. Además, Lugo le hizo saber al líder independentista de su deseo de ir a Cuba y le pidió su ayuda para obtener permiso del gobierno cubano.

Mari había conocido a Lugo fortuitamente en San Juan. Al salir de ver un caso en el tribunal en San Juan, su carro dijo que no iba más y, como no tenía con qué pagar la guagua y mucho menos un taxímetro, se desplazó a pie hasta la compañía OPIS (Organización Puertorriqueña de Inversiones y Servicios), en el sector capitalino de Puerta de Tierra. Esta corporación de ventas de automóviles Wolkswagon era propiedad de abogados independentistas[31] amigos suyos, por lo que, sin un centavo, compró a crédito un Volkswagon, para el cual dio como depósito inicial el carro que acababa de descartar. Lugo era gerente en esa empresa y luego de esa transacción comercial se vieron a menudo y eventualmente Lugo tuvo la iniciativa de regalarle una camioneta al MPI, sobre la cual Mari dijo muchos de sus fogosos discursos.

Ante la inesperada petición de Lugo, Mari le dijo que el mejor contacto para lograr ese propósito no era él, sino Meneses, quien, como ha quedado dicho, representaba a Cuba en la ONU. Pero Meneses luego le dijo a Lugo que el mejor contacto no era ella, sino precisamente Mari, porque era a él y no a ella a quien el gobierno de Cuba consultaba sobre los asuntos pertinentes a Puerto Rico. Finalmente, Mari optó por darle a Lugo una carta de presentación –no de recomendaciónque debía llevarle al embajador de Cuba en Che­coeslovakia, Raúl Roa, hijo.

En aquella época, aunque usted no lo crea, había que ir a Praga para de allí viajar a Cuba. Lugo no recibió el permiso del gobierno cubano y después de un año regresó a Puerto Rico. Subsiguientemente, Lugo secuestró a José Luis Carrión, funcionario del Banco Popular de Puerto Rico y un avión de la compañía PRINAIR en el que finalmente realizó su sueño de viajar a Cuba, aunque no como lo había soñado. Allí tuvo la pesadilla de ser encarcelado, pero luego de cum­plir su sentencia se le permitió permanecer allá trabajando en una central azucarera[32].

Durante una entrevista reciente, el patriota Nacionalista Heriberto Marín, a quien Albizu menciona en sus memorias, me dijo que nunca supo que se hubiera tramado rescatar a Albizu del Hospital Presbiteriano, pero que Lugo era capaz de dispararse cualquier maroma, por lo que podía haberse involucrado en un plan con ese propósito. Marín dio como ejemplo el hecho de que, mien­tras Lugo era gerente general en la referida compañía distribuidora de los Volkswagons, “le hizo dos huelgas” a la oficina central de la empresa matriz, la que insistía en colocar empleados alemanes en puestos que podían desempeñar trabajadores puertorriqueños. Esto eventualmente le costó el empleo.

Cuando hacía sólo una semana que Marín había salido del presidio por su participación en la insurrección de 1950, Lugo, su ex condiscípulo de la escuela superior de Jayuya, creó una plaza expresamente para él en la Volkswagon de Puerto Rico y, pese a las continuas visitas de hostiga­miento de agentes del FBI, lo mantuvo trabajando allí, lo cual para aquella época y en aquellas circunstancias no dejaba de cons­tituir otra especie de “maroma”.

Según Marín, desde antes de 1959, es decir, desde antes del triunfo de la revolución cubana, Lugo viajaba frecuentemente a Ciudad de México en asuntos oficiales de su cargo y desde entonces visitaba en esa capital a Meneses y a Juarbe. Subsiguientemente, Lugo se fue a trabajar a otra empresa distribuidora de autos alemanes que no duró mucho y el hecho de haber sido cofundador de los populares cursillos de cristiandad, le abrió el camino para pasar a ocupar el cargo de administrador de los bienes de la Catedral de San Juan. Sus ingresos allí distaban mucho de asemejarse a los que se había acostumbrado a recibir en la Volkswagon, lo cual no le pareció justo cuando supuestamente encontró irregularidades en las cuentas financieras de su nuevo patrono.

Mientras tanto, durante una reunión el 9 de junio de 1964 previo a la salida de regreso a Puer­to Rico de José A. Otero, presidente interino del PNPR, en el apartamento que Laura Meneses de Albizu compartía con  Juan Juarbe Juarbe en Nueva York,  Ruth Reynolds dijo, según el FBI, que Lynn contaba con que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dejaría en libertad a Albizu.[33] Estaban presentes, además, según el FBI, Lydia Collazo, militante del Partido Nacionalista e hija de Rosa y Oscar Collazo, José Otero y Luis A. Cabán. De no prosperar el recurso de excarcelación, Lynn se proponía apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, con lo que quería demostrar que es ese el verdadero tribunal supremo  y que Estados Unidos es la autoridad máxima en Puerto Rico.

Durante la referida reunión, según el informe del FBI, se habló de la necesidad de allegar fondos para sufragar los gastos de mantener a Albizu una vez estuviera en libertad si resultaba acertada la especulación de Lynn. Se calculó que una clínica donde recibiera adecuados servicios costaría unos $1,000 mensuales y Meneses se comprometió a proveer la cantidad que faltara luego de recibir las contribuciones que se habrían de solicitar.

Juarbe, según el informe, rechazó de plano la idea de Otero de alojar a Albizu en una casa que el partido había comprado para él en el barrio Cupey, de Río Piedras, porque allí recibiría diariamente numerosos visitantes, lo que no era conveniente para su estado de salud. Los médicos, dijo, deben ser quienes digan qué se debe hacer.

No podía faltar el delicado asunto de dónde enterrar a Albizu, aunque él se había ocupado de decirlo. Meneses dijo que ya ella había hecho los arreglos para que se le enterrara próximo a José de Diego, en el antiguo cementerio del viejo San Juan. Otero dijo que don Pedro había expresado su voluntad de ser enterrado en Ponce y Meneses le recordó inequívocamente que Albizu era su esposo y que, como esposa, sus deseos debían prevalecer. Lydia Collazo, según el informante, señaló que Albizu no le pertenecía a la familia, sino, principalmente, al Partido Nacionalista y, a un grado mayor aún, al pueblo de Puerto Rico. Esto, continuó el informante, exacerbó a Meneses, quien alegó que el Partido Nacionalista de Puerto Rico no sólo nunca le había dado nada, sino que le debía $400 y recalcó que habría de hacer lo que fuera que deseara con el cadáver de su esposo.

Por supuesto, no es correcto que el Partido Nacionalista nunca le diera nada a la señora Meneses de Albizu y así cons­ta en varios de los documentos que el Departamento de Justicia le entregó al Archivo Nacional de Puerto Rico por orden del juez Arnaldo López Rodríguez[34].

Entre los referidos documentos hay una carta del 7 de agos­to de 1945, del nuevo tesorero del partido, José Rivera Sotomayor (“don Pepe”), en la que le notificaba a la señora Meneses a su dirección de Maipirí 197, Lima, Perú, que “entre los nuevos planes que esperamos poner en práctica inmediatamente, figura un presupuesto fijo mensual en el que disponemos de una cantidad igual a la que le remitimos hoy para aten­ción de sus gastos personales. Espero me diga si esa cantidad, remitida mensualmente, se acerca a sus necesidades o si es necesario hacer otra distribución.” La cantidad remitida era de cien dólares, pero el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico optó por interceptar la carta y el cheque, que era una transferencia del Royal Bank of Canada a través de Nueva York.[35] (Durante su estancia en el Perú, Albizu había dado instrucciones específicas de que el poco dinero que el Partido Nacionalista llegó a enviarle para cubrir los gastos de su peregrinación por la América latina, le fueran transferidos por medio del referido banco canadiense).

Unos cuatro meses después, el 22 de diciembre de 1945, la señora Meneses contesta una carta del anterior 1ro de diciembre de 1945 que recibió del entonces presidente interino del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Ramón Medina Ramírez, donde le dice: “Mucho les agradezco el envío de cien dólares que tuvieron la gentileza de remitirme. Agra­dezca usted en mi nombre a todos los que tan bondadosamente cumplen con su deber”[36]. Obsérvese que la señora Meneses de Albizu consideraba que era el “deber” del Partido Nacionalista enviarle una aportación económica periódicamente. El Partido Nacionalista, por el contrario, no le proveía ayuda económica alguna a la señora Carmen Aponte Roubert, quien se dedicó a cuidar y mantener a su hijo Héctor Manuel con el producto de su trabajo.

De la carta de la señora Meneses surge, además, que había recibido otra carta de don “Pepe” Rivera Sotomayor con fecha del 10 de noviembre y otra de don Paulino Castro Abolafia cuya fecha no indica.

Exactamente dos años después, cuando hacía una semana que Albizu había regresado de Nueva York, don Julio de Santiago le escribe a don Ramón Medina Ramírez, entonces Delegado del Partido Nacionalista en Nueva York, para decirle:

“De acuerdo con las instrucciones de don Pedro, le estamos remitiendo la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos……….$450.00, con las si­guientes indicaciones:

                        $ 50.00         para el fondo de reserva y

                        $400.00        para ser cablegrafiados a Doña Laura.”

 Agrega la misiva: “Ruégole sugerirle por carta a Doña Laura, que retenga el dinero en dólares y que esperamos remesarle más con miras a su pron­to regreso a Puerto Rico, ya que el viejo se siente profundamente triste con la ausencia de ella”[37].

Lydia Collazo niega enfáticamente haber estado en esa reunión a la que alude el FBI y afirma que luego del ingreso de Cabán en la junta de Nueva York del Partido Nacionalista, alrededor del año de 1961, se supo que su vida en Puerto Rico no había sido nada ejemplar[38]. Collazo admitió que hizo algunos comentarios relacionados con los asuntos a los cuales el FBI hace referencia, pero afirmó que fue durante una reunión pos­terior en un club social Nacionalista en El Bronx en la que Cabán estaba y me los mencionó, pero con la condición de no ser citada por considerarlos asuntos estrictamente personales.

Simultáneamente, la condición de salud de Albizu empeoraba y en la noche del 16 de septiembre de 1963 sufrió convulsiones y problemas renales, lo que de inmediato les fue transmitido a las diferentes agencias federales, incluyendo los servicios de inteligencia de las fuerzas arma­das[39].

El 25 de noviembre de 1963, el informante del FBI identificado como “SJ T-1″, o sea, Salvador González Rivera, (“N-1″ en los informes de la Policía de Puerto Rico) informó que Meneses deseaba vender la finca que Albizu tenía en Cupey con el anunciado propósito de sufragar los gastos del entierro con el producto de la venta y que, además, quería que Albizu fuera enterrado más rápido que ligero y que no se le entregara el cadáver a líder o grupo independentista alguno. La finca no fue vendida entonces y los herederos de Albizu la vendieron unos 20 años después a una compañía propietaria de un cementerio contiguo.

El “perro guardián del régimen”, por su parte,  hizo su trabajo y el 10 de noviembre de 1964, por voz del juez presidente del llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Negrón Fernández, denegó el recurso de excarcelación de Albizu a pesar de que nunca aparecieron las pruebas que Muñoz Marín le encomendó a Cancio encontrar para demostrar que Albizu había violado las condiciones del indulto que no había aceptado. Tres días después, Hoover le advirtió al encargado de la oficina del FBI en San Juan en un men­saje radial urgente que el secretario de justicia de Puer­to Rico le había notificado al secretario de justicia interino de Estados Unidos que Muñoz Marín se proponía indultar a Albizu “en un futuro cercano, probablemente durante la semana que comienza el 15 de noviembre”. Agregó Hoover que esto era confidencial, pues “el gobernador Muñoz no quiere que la noticia se filtre en este momento”, y que se lo notificó confidencialmente a la oficina central del Servicio Secreto[40].

El secretario de justicia interino de Estados Unidos, de apellido Katzenback, hizo hincapié en la confidencialidad del asunto y señaló que Muñoz Marín ni siquiera quiso informar al gobierno federal por escrito, por lo que envió a su secretario de justicia, quien entonces era Hiram R. Cancio[41].

Ese mismo día, 13 de noviembre de 1964, el agente J. F. Bland le informó en un memorando al agente W. C. Sullivan, ambos de la oficina central, que el agente Bishop, a cargo de la oficina de San Juan, lo había llamado por teléfono a las 5:15 de la tarde para decirle que el gobernador Muñoz Marín acababa de decirle que se proponía indultar a Albizu el siguiente 14 de noviembre[42].

El gobernador, quien no se había postulado para otro término en las pasadas elecciones celebradas en ese mismo mes, “le dijo a Bishop que tenía las siguientes dos razones específicas para indultar a Albizu: (1) Quería evitarle al próximo gobernador el problema de Albizu. (2) La salud de Albizu se ha puesto progresivamente peor. De morir en prisión, ha habido persistentes alegaciones de parte de sus seguidores de que fomentarían violencia como la de los motines (sic) del 1950 que causaron treinta muertes. Por otro lado, la muerte de Albizu tendría poco valor propagandístico para sus seguidores si ocurre después del indulto”.

Bishop agregó que estaba “alertando a las autoridades militares” y que ya la Policía de Puerto Rico tenía conocimiento de las intenciones del gobernador. Las oficinas del FBI en Nueva York, Chicago, y Washington, D. C., fueron alertadas, así como el Servicio Secreto y los servicios de espionaje del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, el Departamento de Estado y otra entidad cuyo nombre está tachado.

El 16 de noviembre de 1964, la oficina de San Juan le informó a Hoover que, en efecto, el gobernador Luis Muñoz Marín firmó los papeles del  indulto de Albizu según informes de la prensa, radio y televisión del 15 de noviembre, efectivo ese día a la 1:10 P. M. Desde ese momento cesarían la vigilancia policial y las restricciones de visitas a Albizu, quien habría de permanecer una semana adicional en el hospital para dar tiempo al partido para prepararse para esta contingencia.

El 17 de noviembre de 1964, Salvador González Rivera, identificado en el informe sólo como “SJ T-1″, le informó al FBI que el vocabulario de Albizu se había reducido a apro­ximadamente “diez palabras”, que su voz era casi inaudible y que “aparentemente no podía concentrarse suficientemente para entender el significado de palabras orales ni escritas”[43].

Ya a mediados del mes de febrero de 1965, el médico personal de Albizu, doctor Ricardo Cordero, encontró que tenía fiebre de 104 grados Fahrenheit, infección viral respiratoria y envenenamiento urémico, lo que indicaba que continuaba el deterioro de su ya delicado estado de sa­lud[44].  Su condición era ya tan grave que, a pesar de que experimentaba leves mejorías, los principales ejecutivos del gobierno en el aspecto de la estabilidad del régimen, seguían en estado de aler­ta para enfrentar los disturbios que anticipaban que ocurrirían tan pronto muriera Albizu.

Dentro de este contexto salió a relucir que el coronel Roig, jefe de la Policía de Puerto Rico, “no confiaba en el servicio telefónico puertorriqueño”, por lo que optó por enviarle a través del FBI un mensaje al gobernador Roberto Sánchez Vilella para que cancelara una reservación que tenía en el Hotel Plaza en Nueva York y que la hiciera en el Waldorf Astoria, de ser posible. Roig señaló que había discutido este asunto con el gobernador interino, Carlos J. Lastra y que, además, conocía los planos físicos y las normas de seguridad de ambos hoteles[45].

A mediados del mes de abril, el doctor Cordero le dijo a una persona de quien no sabía que era informante del FBI, que Albizu estaba teniendo dificultad para tragar y no podía abrir la boca, además de tener fiebre de 102 grados y ataques de tos. El 14 de abril por la tarde, el doctor Cordero le dijo confidencialmente a esa persona, la que a su vez le informaba al FBI, que la parálisis de Albizu aparentemente le estaba afectando los músculos de la garganta, por lo que no podía tragar. Si la condición persistía, dijo, sería necesario alimentarlo intravenosamente o hacerle una traqueotomía o abrirle el estómago. Un informante, tal vez el mismo al que se hace referencia, notificó al FBI que Laura Albizu Meneses, hija menor de Albizu, había llegado a Puerto Rico el 13 de abril y que su madre estaba tratando de obtener permiso para venir.[46]

El 16 de abril de 1965, en un mensaje radial urgente, la oficina de San Juan le informa a Hoover que la enfermera especial de Albizu, Etelvina Dávila de Rodríguez, había dicho que su paciente había pasado la noche en descanso  y que el doctor Cordero opinó que “estaba sufriendo de nerviosismo extremo, el cual se manifestaba en trastorno intestinal y espasmos musculares localizados en las manos, la cara y la garganta, probablemente como reacción a los antibióticos.”[47] En esa misma fecha, a las 2:00 de la tarde, un informante del FBI reportó que a las 12 del mediodía el doc­tor Cordero les informó a líderes del Partido Nacionalista que Albizu tenía “una cantidad excesiva de líquido en los pulmones y que la cara y la garganta estaban afectadas por una inflamación de tipo alér­gico que le había inmovilizado la quijada y los labios” y que creía que le daría pulmonía. Para entonces ya había perdido movilidad del brazo izquierdo. El doctor Cordero atribuyó la condición a una reacción alérgica a los antibióticos y decidió cambiarle los medicamentos[48].

Ya tarde el 17 de abril de 1965, la condición de Albizu empeoró con pulmonía y fallo renal, pero en la madrugada del día 18 mejoró estando en cámara de oxígeno y, aunque la condición seguía crítica, a eso de las 8:00 de la mañana “dor­mía apaciblemente”[49]. A las 7:00 de la mañana del 19 de abril, dos informantes reportaron que el doctor Cordero les había dicho que a las 4:00 de la mañana la condición de Albizu se complicó aún más cuando los riñones “aparentemente dejaron de funcionar”, tenía 100 grados Fahrenheit de fiebre, continuaba con pulmonía, estaba inconsciente y tenía la garganta “completamente obstruida debido a inflamación.” A las 7:30 de la mañana se le administraron los últimos sacra­mentos y el Partido Nacionalista inició los arreglos para el funeral.

A la 1:00 de la tarde del 19 de abril, el doctor Cordero le informó a la señora Meneses de Albizu que los más recientes exámenes de laboratorio indicaban una “notable mejoría” y que “la pulmonía estaba bajo control, los riñones tenían un buen grado de funcionamiento, el corazón latía normalmente y el paciente había recuperado el conocimiento, estaba despierto, conocía a los allegados y tenía completo control de los músculos faciales.” El doctor Cordero señaló, no obstante, que “esa mejoría meramente lo sacaba de la condición crítica, pero lo dejaba en la anterior condición altamente delicada” y no quiso especular sobre una probable recaída[50]

El gobierno de Estados Unidos le había concedido permiso a la señora Meneses de Albizu, quien pertenecía al cuerpo diplomático de Cuba, para viajar a Puerto Rico y permanecer aquí un mes. La señora Meneses de Albizu había regresado de Cuba a Nueva York el 1ro de abril acompañada de Juarbe Juarbe al apartamento donde ambos residían en el edificio 333 en el este de la calle 46 en esa ciudad[51].

A las 6:40 de la mañana del 20 de abril de 1965, un informante del FBI reportó que el doctor Cordero le había notificado a los familiares de Albizu que había recaído desde las 11:00 de la noche anterior, cuando su sistema digestivo quedó “parcialmente inactivo” y que “aparentemente había perdido el deseo de continuar luchando por vivir”.

A las 9:30 de la noche del 21 de abril de 1965, en el aniversario 67 de la declaración de guerra de Estados Unidos a España, don Pedro entró en la inmortalidad y, en cumpli­miento de la firme voluntad de su viuda, no fue sepultado en su añorado Ponce como él lo dispuso, sino en el viejo San Juan.

 

[1]. Informe del agente William B. Holloman, oficina de San Juan, del 25 mayo 1956 para el período comprendido entre 9 y el 16  de mayo de 1956 (20 págs.), pág. 3, Carpeta XV, Expediente del FBI Núm.105-11898. Todas las Carpetas aludidas en adelante pertenecen al citado expediente.

[2]. Ibid.

[3]. Radiograma Núm. 292140, 29 marzo 56, de Oficina de San Juan al Director del FBI y a oficinas de Nueva York y Chicago, Carpeta XIV.

[4]. Radiograma Núm. 300200, 29 marzo 56, de oficina de San Juan al Director y a oficinas de Nueva York y Chicago, Carpeta XIV.

[5]. Memo del SAC  a  Hoover, 25 abril 56, Carpeta XIV.

[6]. Memo de Hoover a Dennis Flinn, 8 mayo 56, FBI, Expediente 105-11898, Carpeta XV.

[7]. Teófilo Maldonado, “No ha mejorado la salud de Pedro Albizu Campos”, El Mundo, 7 julio 56, pág. 1, 16.

[8]. Memo de Hoover a Dennis Flinn, 6 junio 56, Carpeta XV.

[9]. Mensaje radial de la oficina de San Juan del FBI a Hoover y a los SAC de New York y Chicago, 14 noviembre 56 y memo de Hoover a Cordell Moore, director de la división de seguridad del Departamento de lo Interior de Estados Unidos, 20 noviembre 56, Carpeta XV.

[10]. El Imparcial, 2 y 3 de febrero 57.

[11]. Informe del FBI, oficina de San Juan, sometido por William Holloman, 30 abril 57, pág. 4, Carpeta XV.

[12]. Informe del FBI, oficina de San Juan, sometido por William Holloman, 31 julio 57. Expediente del FBI ya citado, Carpeta  XVI, pág. 2.

[13]. Ibid., pág. 3.

[14]. Memo de Hoover a J. Cordell Moore, división de seguridad del Departamento de lo Interior, 8 septiembre 59, expediente del FBI ya citado, Carpeta XVI, pág. 2.

[15]. En cuanto a si Albizu nació en esa fecha o el 29 de junio de 1893, véase: Marisa Rosado. Pedro Albizu Campos: Las llamas de la aurora –Un acercamiento a su biografía. San Juan: La autora, 2da Ed., 1998, págs. 3 -14.

[16]. Memo de oficina FBI en San Juan a Hoover, 26 septiembre 1961, Carpeta XVII.

[17]. Memo de A. H. Belmont a Tolson, 15 septiembre 61, Carpeta XVII.

[18]. Mensaje radial de Speaks a Hoover, 18 septiembre 6, Carpeta XVII.

[19]. Mensaje radial de la oficina de San Juan del FBI a Hoover, 15 mayo 1964, Carpeta XVIII.

[20]. Teletipo de Hoover a SAC de Nueva York, 16 mayo 1964, Carpeta XVIII.

[21]. Carpeta XVIII.

[22]. Carpeta XVIII.

[23]. Durante la vista del 25 de mayo ante el llamado Tribunal Supremo salió a relucir que el testigo fue el ex Nacionalista Francisco Cortez Ruiz. “Albizu’s Pardon Withdrawal Hit”,  The San Juan Star, 26 mayo 1964.

[24]. No me fue posible entrevistar al licenciado Hiram Cancio debido a su condición de salud. Al licenciado Cancio, quien luego fue juez federal, se le recuerda sobre todo porque sentenció a sólo una hora de cárcel al independentista Edwin Feliciano Grafals por negarse a ingresar en el servicio militar.

[25]. Memorando del SAC de NY a Hoover, 17 junio 1964, Carpeta XIX.

[26]. Memorando del SAC de San Juan a Hoover, 14 julio 1964, Carpeta XIX.

[27]. Memorando de Hoover al director del Negociado de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, 28 agosto 1964, Carpeta XIX.

[28]. Memo de W. R. Randall a W. C. Sullivan en torno a “Potential Security Informan t–Cuba, 15 agosto 1963 e informe de la oficina de San Juan del FBI, 27 noviembre 1963 sobre “Pedro Albizu Campos, Internal Security–Puerto Rican Nationalist, Carpeta XVIII.

[29]. Informe de la oficina de San Juan del FBI, 21 enero 64, Carpeta XVIII.

[30]. Informe del SAC de Nueva York a Hoover, 10 junio 1964, Expediente del FBI ya citado y Mensaje por teletipo de oficina del FBI en Nueva York a Hoover y a oficinas de Chicago y San Juan, 19 abril 1965, ambos en Carpeta XIX.

[31]. Entre éstos figuraban los licenciados Abraham Díaz González, Eladio Rodríguez Otero y Marcos Ramírez y Raúl Serrano Geyls.

[32]. Entrevistas con el licenciado Juan Mari Bras, 21 y  29 de junio 2002; la primera telefónica, la segunda personal.

[33]. Memo de SAC de NY a Hoover, 10 junio 1964,  citado arriba.

[34]. Pedro Aponte Vázquez y otros  vs. Mercedes Otero de Ramos et al., Civil Núm.: K  PE 88-1194.

[35]. A N P R, lugar citado, Caja 13, Expediente 2 (a). En esta caja hay una fotocopia de los documentos con una nota oficial del A N P R que indica que los originales están en lugar seguro.

[36]. Carta de la señora Meneses firmada como Laura de Albizu Campos, dirigida al presidente interino del Partido Nacionalista, don Julio de Santiago, 22 de diciembre de 1945, A N P R, Fondo: Departamento de Justicia, Serie: Documentos Nacionalistas, Caja 13, Expediente 2 (f).

[37]. ANPR, lugar citado, Caja 13, Expediente 2 (a)..

[38]. He conversado con Lydia Collazo en torno a este tema en más de una ocasión, la más reciente, el 13 junio 2002.

[39]. Radiograma de Hoover a agentes a cargo oficinas de San Juan y Nueva York, 17 septiembre 1963, Carpeta XVIII.

[40]. Radiograma del director del FBI al SAC de San Juan, 13 nov 1963, dos páginas, Carpeta XIX.

[41]. Memorándum de C. A. Evans a Belmont, 13 noviembre 1964, Carpeta XIX.

[42]. Carpeta XIX.

[43]. Informe del agente del  FBI, William G. Friedemann, oficina San Juan, 17 diciembre 1964, pág. 4.

[44]. Mensaje radial, urgente, 11 febrero 1965, de San Juan a Hoover y oficinas de Washington, Chicago, Nueva York, Newark, New Haven y Philadelphia, Carpeta XIX.

[45]. Mensaje radial, de San Juan a Hoover y oficinas de Washington, D. C., Chicago, Nueva York, New Haven y Philadelphia, Carpeta XIX.

[46]. Mensaje radial urgente del 15 abril 1965 de San Juan a Hoover y a oficinas de Nueva York, Chicago y Washington, D. C., Carpeta XIX.

[47]. Mensaje radial urgente del 16 abril 1965 de San Juan a Hoover y a oficinas de Nueva York, Chicago y Washington, D. C., Carpeta XIX.

[48]. Ibid.

[49]. Memorándum de W. A. Branigan a W. C. Sullivan, 18 abril 1965, pág. 3, Carpeta XIX.

[50]. Mensaje radial de San Juan a Hoover y Nueva York, Chicago, Philadelphia y Washington, D. C., 20 abril 1965, Carpeta XIX.

[51]. Memorándum urgente de San Juan a Hoover y oficinas de Nueva York, Washington, D. C., Chicago y Philadelphia, 21 abril 1965, Carpeta XIX.

Albizu: Su persecución por el FBI

Prefacio a mi libro Albizu: Su persecución por el FBI, 3ra ed. Aumentada, 2010

La primera edición de este trabajo cubrió el período com­prendido entre enero de 1936 y diciembre de 1947. Es decir, desde que el fiscal federal Cecil Snyder solicitó la interven­ción del FBI en las luchas libertarias del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador, hasta el regreso de Albizu de su destierro. Aquella narración comprende las pri­meras cuatro carpetas y parte de la quinta del total de 20 que componen el expediente 105-11898. El FBI me envió las refe­ridas carpetas en agosto de 1990 y las recibí el siguiente mes de septiembre. Había solicitado copia del expediente en mayo de 1986 al amparo de la ley de Estados Unidos sobre libertad de información.

A pesar de que casi todas las páginas en cada una de las carpetas tienen extensas y nu­merosas tachaduras y de que fueron muchísi­mas las páginas que el FBI retuvo, los trozos de información permiten estructurar relatos muy coherentes y útiles, contrario a la im­presión de algunos espectadores. Ese es pre­cisamente uno de mis principales propósitos, darles cohesión y continuidad a los numerosos documentos del expediente. De ese modo no sólo le proveo a usted datos sobre Albizu, sino también pongo a su disposición fuentes de referencias que le faciliten futuras búsquedas. En este sentido se trata, pues, de un instrumento que estudiantes, investiga­dores y curiosos –y quién sabe si hasta algunos intelectuales de butaca reclinable– encontrarán útiles para sus respectivas averiguaciones. Sabe Dios si hasta algún dirigente indepen­dentista siente alguna curiosidad por saber qué hay en el his­tórico expediente.

De las hojas de las primeras cuatro carpetas, algunas de las cuales están totalmente tachadas, surgen, por ejemplo, las implicaciones legales y políticas que tuvo la opinión del Tri­bunal Supremo de Estados Unidos en el caso Braverman2, lle­gado el momento de Albizu salir en probatoria de la cárcel de Atlanta, así como durante su reclusión voluntaria en el Hos­pital Columbus, en la Ciudad de Nueva York. Cabe señalar, de paso, que Albizu salió, como acabo de decir, en “probato­ria” y no en “libertad bajo palabra”, como dije en la primera edición. La probatoria estaba incluida en la sentencia.

En la segunda edición, sustancialmente ampliada, se re­confirmó el hecho ya irrefutable de que Albizu se radicó en la Ciudad de Nueva York por su propia decisión y no por impo­sición del gobierno de Estados Unidos. Esta edición especial, como aquella, consta de tres partes.

Así como la primera parte cubre el período comprendido entre enero de 1936 y diciembre de 1947, correspondiente a la primera edición, la segunda parte comienza en enero de 1948 con la parte de la quinta carpeta que no incluí en aquella y se extiende hasta abril de 1954, en la carpeta número 12. Es decir, desde unos días después del regreso de Albizu en diciembre de 1947 hasta poco después de su encarcelamiento en 1954. Este tercer encarcelamiento resultó ser el más prolongado y el último.

La tercera parte comienza inmediatamente después del arresto de Albizu en marzo de 1954 y termina después de su entierro en abril de 1965.

En esta ocasión he incorporado, además, algunos datos que no incluí antes, pero siguen incluidos los provenientes de los documentos que el secretario de Justicia Héctor Rivera Cruz le entregó a nuestro Archivo Nacional por orden judicial, pero haciendo creer que lo hizo espontánea y gustosamente. El hecho de que en el año 2000 el congresista norteamericano de origen puertorriqueño José Serrano (D-NY) obtuvo una co­pia del expediente de Albizu y otros más con menos tachadu­ras que la copia que recibí en 1990, me permitiría agregar más datos a esta edición si no fuera porque la copia que obtuve del Senado de Puerto Rico en no pocos casos resulta ilegible por tratarse de sucesivas reproducciones fotostáticas de otras copias. Por esa razón no me es posible aludir a toda la información que de otro modo estaría disponible. Por consiguiente incluyo solamente aquellos datos que, además de ser legibles, los consideré de suficiente relevancia para el logro del prin­cipal propósito de este trabajo: crear consciencia. Cuando lo haga identificaré el documento como proveniente de lo que denominaré “CCS” (copia congresista Serrano). Debo señalar que Albizu no pasó 27 años confinado en el sistema carce­lario de Estados Unidos, como afirma el congresista Serrano en Hispanic Link News Service con fecha del 9 de abril de 2000 bajo el título “Dialogue Opens About FBI/Carpeta Questions” (http://www.puertorico-herald.org).

El Autor.

Independentistas de Puerto Rico parecen apoyar al FBI

El FBI se ha jugado fría y calculadamente una carta política con su intervención y allanamientos de hoy en Puerto Rico.

Históricamente esa agencia federal se ocupaba de evitar hacer sus intervenciones –legales o no– cuando tuvieran o parecieran tener un obvio cariz político. Nadie dudará, supongo yo, que esta intervención con 15 empresas en distintos lugares de la Isla fue previamente autorizada a un alto nivel en la jerarquía del FBI debido a que una de las 15 habría de ser la de una empresaria que no sólo es candidata independiente a la gobernación, sino que ha admitido ser de ideología independentista.

El FBI tuvo aquí ahora una oportunidad única que tal vez no vuelva a repetirse dentro de los próximos cien años de dominio de nuestra patria. Tal ha sido la ocasión de arremeter contra un grupo de personas de quienes se sospecha que han cometido fraude dentro de la esfera de competencia directa del invasor, pero con el especial aderezo de incluir a una mujer independentista que no cuenta con el respaldo de las organizaciones que comparten su ideología y que –desde su óptica– ha sido condenada hasta por otras mujeres. Ni siquiera los ciudadanos particulares dentro del campo independentista parecen apoyarla por motivos políticos o por considerarla inepta o por la arrogancia que ciertamente reflejan algunas de sus fotos o por todas las razones anteriores y otras más –justificadas o no. En fin, que no la ven como una persona más que comete el error de formar parte de quienes no se agotan de darle vueltas a la noria, sino que la ven más bien como una simple intrusa que se lanza ingenua al estercolero electoral.

El FBI, en su análisis de la situación antes de optar por proceder en el momento en el que lo hizo, seguramente vio estas circunstancias como muy convenientes para sus intereses políticos. Es como si hubiera ordenado hacerlas a la medida. Hasta los medios de comunicación masiva han dado la impresión con sus titulares de que la intervención fue dirigida exclusivamente a la candidata Alexandra Lúgaro. Antes de tomar su decisión, la alta jerarquía del FBI debe de haber conjeturado que los primeros que se alinearían gozosos a su lado a tirarle piedras a la candidata seríamos nada menos que nosotros los independentistas, empezando por los comecandela. Así, pues, decidieron jugársela fría, pues si el análisis resultaba certero, obtendrían indulgencias de sus enemigos históricos y enormes y duraderos beneficios políticos a corto y largo plazo. Tal parece que los analistas del FBI dieron en el clavo.

EL PELIGRO DE LAS CARPETAS

La entidad puertorriqueña que agrupa a historiadores o alguna otra entidad apropiada debe orientar al público en general en torno al cuidado que se deberá tener al examinar las carpetas de espionaje político de la Policía y del FBI sobre individuos y organizaciones tildadas de “subversivas”.

Se sabe que las mismas contienen aseveraciones expresamente falsas y en ocasiones intencionalmente exageradas no sólo sobre las actividades políticas de las personas objeto del espionaje sino, además, sobre su vida estrictamente personal y familiar e incluso íntima.

Un uso a ciegas o de mala fe del contenido de esas carpetas tiene el potencial para causar más daño a la lucha por la independencia que el espionaje mismo.

Espero que pronto sea público el Reglamento del Archivo General que regirá el uso de las mismas.

Sobre las reacciones de Luis Muñoz Marín al ataque al Congreso, 1954

Allá para el año de 1994 hice públicos los siguientes datos en torno a Albizu, el ataque al Congreso y las reacciones de Muñoz Marín ante los sucesos. Los reproduzco ahora aquí de mi libro Locura por decreto: El papel de Luis Muñoz Marín y José Trías Monge en el diagnóstico de locura de don Pedro Albizu Campos.

El día siguiente del ataque al Congreso, Muñoz Marín salió súbitamente rumbo al aeropuerto, de donde fue volando a Washington, D. C. a presentar excusas en nombre del pueblo de Puerto Rico por lo que había sucedido.[1] En La Fortaleza se informó que el viaje súbito del Gobernador hacia Washington había sido “espontáneo”, lo que más bien sugiere que no lo fue. El Imparcial informó que el gobernador interino Roberto Sánchez Vilella “rehusó decir” cuánto tiempo estaría Muñoz Marín en la capital de Estados Unidos “e interrogado sobre los motivos del precipitado viaje[…] respondió que lo había hecho ‘motus propio’”. Con esta respuesta, Sánchez Vilella evadía la pregunta del periodista J. M. García Calderón al tiempo que hacía hincapié en la naturaleza supuestamente espontánea de la abrupta decisión de Muñoz Marín.

Las informaciones que publicó la prensa del país, sin embargo, hacen pensar que Muñoz Marín no decidió viajar a Washington, sino que se le requirió ir donde el presidente Eisenhower. El periódico El Mundo dice en su edición del 2 de marzo de 1954 que le proveyó al Gobernador los detalles que había recibido de Prensa Unida sobre el tiroteo y que Muñoz Marín “hizo un gesto de gran indignación, que se reveló en su rostro y en su compostura personal”. Relata El Mundo que Muñoz Marín hizo “exclamaciones en tono colérico y con gestos exaltados” así como “varias exclamaciones que no podemos transcribir por el tono y la esencia”. Agregó El Mundo que Muñoz Marín dijo lo siguiente una vez calmado: “El pueblo de Puerto Rico está profundamente indignado por esta acción salvaje e increíble que no expresa ni en la forma más remota la manera de ser pacífica y decente del pueblo de Puerto Rico, que está asociado a Estados Unidos por la decisión repetida de una enorme mayoría de sus electores. La relación de Puerto Rico con Estados Unidos es del mayor respeto mutuo y del más sincero afecto”.

De las informaciones publicadas en El Mundo surge que Muñoz Marín consideró suficiente hacer expresiones públicas en repudio del ataque, utilizando para ello los diversos medios disponibles, además de enviar a Washington a un representante personal. Dijo el redactor de El Mundo Juan Martínez Chapel, en la edición del 3 de marzo:

“Desde la tarde del lunes en que fue informado por EL MUNDO de la agresión a miembros del Congreso por nacionalistas puertorriqueños, el Gobernador suspendió todas sus labores corrientes para dedicarse a expresar a través de la Prensa, el teléfono, el cable y la radio su indignación por el cobarde atentado y el sentimiento del pueblo de Puerto Rico repudiando el acto. Esa tarde y noche del lunes fue de gran agitación y movimiento en La Fortaleza, mucho más que en la tarde del ataque nacionalista a esa mansión el día 30 de octubre de 1950. El Gobernador se esforzaba por avanzar por todos los medios posibles a expresar a los periódicos y autoridades de Estados Unidos y miembros del Congreso el verdadero sentir del pueblo de Puerto Rico antes de que se pudiera formar una opinión errónea. El Gobernador había pensado enviar a un delegado personal suyo a Washington, luego, cerca de la medianoche, resolvió ir él mismo, por creer que el caso lo ameritaba. Después de hecha la decisión, el Gobernador se retiró a sus habitaciones privadas quedando en Palacio un grupo de ayudantes y periodistas. A las cuatro de la mañana se levantaron el señor Muñoz Marín y sus familiares y empezaron a hacer los preparativos del viaje. Ya se había conseguido contratar un avión especial que saldría a las seis y media de la mañana y se comprometía a llegar a Washington directamente en cinco horas. Redactores de EL MUNDO y de otros periódicos fueron previamente informados de este viaje. A las seis y media de la mañana de ayer despegó el avión llevando al gobernador Muñoz Marín, su esposa doña Inés María Mendoza y sus hijas Viviana y Victoria. Formaban también parte de la comitiva el senador Ramón Enrique Bauzá, el doctor José Noya, sus ayudantes licenciados Marco A. Rigau y Francisco Cardona y su secretaria particular señorita María Bigles. Al aeropuerto fueron a despedirlos el Secretario de Estado y actualmente Gobernador Interino, señor Roberto Sánchez Vilella; el Secretario del Gobernador, señor Luis Laboy; el ayudante licenciado Hiram Torres y el jefe de la Policía, Salvador V. (sic) Roig. El avión llegó a Washington a las 11:43 de la mañana hora de Puerto Rico”. 

Muñoz Marín se encontró de un día para otro en un embrollo político nada envidiable, el cual fue incapaz de evitar a pesar de la constante vigilancia que mantuvo sobre aquel “pobre anciano enfermo y perturbado”. ¿Había cometido Muñoz Marín un gravísimo error político al indultar a Albizu? Y, lo que es peor, ¿había persuadido Muñoz Marín al poder ejecutivo en Washington de que le permitieran indultarlo? De ningún modo fue el indulto un grave error, según Sánchez Vilella, pues la influencia de Albizu era menor si estaba en libertad que si estaba encarcelado.

Le dijo Sánchez Vilella a un reportero del diario The New York Times que “para algunos Latinoamericanos mal informados, el señor Albizu Campos sigue siendo el símbolo de la independencia y del antiimperialismo, pero que ‘el valor simbólico’ que Albizu Campos tiene ante su grupo de fanáticos y lunáticos disminuye estando él libre y no encarcelado”.[2] El periodista del N.Y. Times envió esta información a Nueva York en un despacho fechado el 3 de marzo de 1954, cuando Muñoz Marín se encontraba en Washington.

Por otro lado, el columnista Drew Pearson informó en Washington que a Muñoz Marín le habían preguntado “por qué puso en libertad al líder Nacionalista Pedro Albizu Campos en septiembre del año pasado, no obstante el hecho de que Albizu Campos vivió durante dos años en el hogar de Oscar Collazo[3], uno de los dos Nacionalistas que trataron de matar al presidente Truman y que también conspiraron contra Muñoz Marín”.[4] Muñoz Marín le explicó a Pearson que Albizu “se había convertido en un mártir para muchas personas y mientras más tiempo permaneciera en la cárcel, más apariencia de mártir asumía. En realidad él era un caso mental. Y ahora que ha sido libertado de la cárcel, la gente puede ver lo loco que está y ya no lo tomarán en serio”. Es decir, aun después del ataque al Congreso y mientras se encontraba en Washington, Muñoz Marín justificaba el indulto y, sus declaraciones, así como las de Sánchez Vilella desde San Juan, sugieren, si no demuestran, que no tenía intención alguna de revocarlo.

Le dijo Muñoz Marín a Pearson, además, que Albizu usaba toallas mojadas frías para protegerse de los rayos atómicos con los que, según alegaba, Estados Unidos intentaba matarlo y que todavía las usaba, pero “desde luego, la gente comprende que si Estados Unidos tuviera el poder de dirigir semejantes rayos, primero los hubiera usado contra una persona como Joe Stalin”. Muñoz Marín le aseguró a Pearson que, por esa razón, Albizu se había convertido en un “hazmerreír” para aquellos que antes lo admiraban. Nótese que Muñoz Marín creía a Estados Unidos capaz de recurrir al asesinato político.

Pearson quiso saber si los Nacionalistas visitaban a Albizu y si por ello él pudo haber conspirado para llevar a cabo el ataque al Congreso. Muñoz Marín, más astuto de lo que Pearson aparentemente creía, no iba a cometer la burrada de admitir que, por haber obligado a Albizu a salir de la cárcel, había propiciado la conspiración y la consumación del hecho, y le mintió. “Desgraciadamente,” le dijo, “Albizu Campos estaba probablemente en contacto con los Nacionalistas tanto en la cárcel como hoy día. Bajo nuestro proceso democrático él tenía derecho a ver su abogado y también a miembros de su familia. Y, mientras estaba en la cárcel, yo estoy seguro de que los Nacionalistas se las arreglaban para tratar de enviarle mensajes y también para venerarlo como a un santo”. Con estas declaraciones, Muñoz Marín vuelve a insistir en la conveniencia política del indulto y llega al extremo de equiparar el estado de confinamiento carcelario con el de la libertad en lo que se refiere a la oportunidad para conspirar. 

Por si pudiera quedar alguna duda en la mente de Pearson en cuanto a cuán sabio fue el indulto, Muñoz Marín agregó: “Yo dudo que Albizu Campos haya tenido mucho que ver con este desgraciado incidente. Unos cuantos jóvenes fanáticos fueron los responsables”. (Énfasis del autor). Muñoz Marín hizo estas declaraciones para consumo de los funcionarios federales, no para el pueblo de Puerto Rico, pero las mismas aparecieron en la edición de El Imparcial del 7 de marzo, al día siguiente de haberle revocado el indulto a Albizu a pesar de que no lo creyó responsable del ataque. ¿A qué se debe esta conducta contradictoria y errática de Muñoz Marín? ¿Acaso le había sucedido en Washington lo que Albizu dijo que le había sucedido a Figueres en San Juan? ¿Es que al regresar de Washington su Secretario de Justicia lo convenció de que las declaraciones de Albizu en torno al ataque al Congreso constituían una violación de la ley de la mordaza y no un legítimo ejercicio de su derecho de libre expresión? ¿Había recibido órdenes terminantes del presidente Eisenhower de proceder de inmediato a encarcelar a Albizu aunque no tuviera mucho que ver con los hechos y aun cuando nada en absoluto hubiera tenido que ver?

[1]. El Imparcial, 3 marzo 54.
[2]. El Mundo, 5 marzo 1954.
[3]. Albizu vivió en el mismo edificio en El Bronx donde vivía Oscar Collazo con su familia, pero no en el mismo apartamento.
[4]. El Imparcial, 7 marzo 1954.

ERRATA

El extinto Partido Nacionalista de Puerto Rico obtuvo pruebas objetivas en aquella época de que existía radioactividad

Debe decir:  radiactividad.

 

Sobre el supuesto chantaje del FBI a Luis Muñoz Marín

El autor de un nuevo libro sobre la experiencia de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos afirma que Luis Muñoz Marín esclavizó a su país porque, cuando surgió el proyecto del senador Tydings, Muñoz Marín, quien para entonces no era gobernador, se opuso a la consulta debido a que fue objeto de chantaje por parte de agentes del FBI, quienes se habían enterado de que él llevaba una vida de exceso de bebidas y de adicción a narcóticos. No obstante, tal parece que esto no fue así.

Los hechos históricos indican que el proyecto del senador Millard E. Tydings para concederle a Puerto Rico la independencia si la pedía en una consulta, era meramente un intento de venganza y de castigo de su autor en represalia por el reciente ajusticiamiento de su amigo Elisha Francis Riggs por los militantes Nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp. Segú Frank Otto Gatell (“Independence Rejected: Puerto Rico and the Tydings Bill of 1936”,), Tydings le había recomendado a Riggs aceptar el cargo de Jefe de la Policía, de modo que conjeturo que probablemente se sentía en parte responsable de su muerte.

El proyecto traía consigo la fórmula que garantizaría la debacle económica de Puerto Rico obligándolo a pagar aranceles aduaneros que aumentarían en 25% anualmente por los siguientes cuatro años, cuota sumamente exagerada al contrastarla con la contenida en el proyecto de independencia de las Filipinas, que amentaría solamente 5% anualmente (Gatell). Fueron muchos quienes se opusieron al proyecto, no porque el FBI los chantajiara, sino  por entender que su propósito era el de castigar a todo el Pueblo de Puerto Rico con la estrangulación económica y el subsiguiente potencial caos social por la muerte de Riggs. Hasta en la administración de F. D. Roosevelt hubo quienes se opusieron (Gatell).

Para esa fecha (1936) el FBI apenas había comenzado a investigar sobre el terreno a Albizu y sus seguidores del Partido Nacionalista (Pedro Aponte Vázquez, Albizu: Su persecución por el FBI y habrían de transcurrir unos siete años antes de que uno de los agentes de Hoover, instalado ya permanentemente el FBI en Puerto Rico, le hiciera saber que según sus informantes, Muñoz Marín era “un caso malo de complejo de inferioridad puertorriqueña que resultaba en tendencias antiamericanas”, consumía “bebidas en exceso” y era “adicto a narcóticos”. Es decir que en 1943, cuando Hoover se enteró de esa conducta que le informaron a sus agentes “fuentes confiables”, el proyecto Tydings había muerto y estaba sepultado.

E. Francis Riggs: citas que no coinciden

Cuando Diálogo, el periódico cibernético de la Universidad de Puerto Rico, le preguntó a Nelson A. Denis de dónde sale el título de su libro War against all Puerto Ricans, él respondió:

“La masacre de Río Piedras ocurrió el 24 de octubre de 1935, cuando la Policía insular le disparó y mató a cuatro nacionalistas en plena luz del día. Cuatro días después, el Jefe de la Policía en Puerto Rico, E. Francis Riggs, convocó una conferencia de prensa para discutir esto. Riggs no ofreció ninguna simpatía a las familias en luto. No fue apologético. En vez, le dijo a la prensa de la Isla que, si Albizu Campos y los nacionalistas continuaban agitando a los trabajadores de la caña de azúcar y a los estudiantes universitarios, habría una ‘Guerra a muerte contra todos los puertorriqueños’ [‘War to death against all Puerto Ricans’ es la frase textual en inglés que dijo Riggs].”

No obstante, en mi libro ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos ―publicado en 1985― y en la edición ampliada ¡Yo acuso!: Y lo que pasó después ―publicado en 2004―, he dicho lo siguiente luego de aludir a una ola de arrestos de Nacionalistas, al ajusticiamiento de Francis Riggs y a los asesinatos de Rosado y Beauchamp:

“El 25 de octubre de 1935, al día siguiente de lo que ha sido denominado la Masacre de Río Piedras, Riggs le había declarado la guerra al Partido Nacionalista cuando, según informó el diario La Democracia, dijo que: ‘Nadie tiene derecho –a menos que [esté] legalmente autorizado–, a portar un arma prohibida. Si hay alguien que persista en ese delito, yo me adelanto a informar que habrá guerra, guerra sin cesar, no contra políticos, sino guerra contra criminales. Quien se niega a dejarse conducir arrestado por un agente del orden público es un criminal y un salvaje’. A la declaración de guerra del militar norteamericano, Albizu respondió que el partido ‘recoge el guante’ y que en efecto habría ‘guerra, guerra y guerra contra los yankis’.”

Obsérvese que he mencionado la fuente de mis datos.

Comentarios en torno a “King of the Towels”

En su artículo King of the Towels: The Torture and Murder of Pedro Albizu Campos ―subtítulo que a su vez es una copia literal del subtítulo de la primera edición de mi libro ¡Yo acuso!: Tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos―, Nelson Denis afirma que el expediente del FBI sobre el prócer “demuestra que […] fue una de las 16,000 personas sometidas a un experimento de radiación”.

A pesar de hacer una afirmación categórica, Denis no ofrece la procedencia del dato, al menos no en su aludido artículo, aparte de decir que según el diario The New York Times, esos experimentos ocurrieron desde la llamada Segunda Guerra Mundial hasta la mitad de la década de los 70.

El autor luego afirma que Albizu fue sometido a Irradiación Total del Cuerpo (TBI por sus siglas en inglés) en su celda ―sin indicar en qué cárcel― y más adelante añade que esa exposición “continuó durante varios años hasta matarlo”, ambas veces sin citar su fuente.

Denis, autor de un nuevo libro en torno a nuestra historia bajo el yugo yanqui, presenta en su artículo varios datos erróneos además de una que otra exageración y concluye con la afirmación, sin mencionar su fuente, de que el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, a quien el Pueblo boricua suele describir acertadamente como “el carcelero” de Albizu, “sabía todo” lo que le hacían a este y “colaboró con el gobierno de EE. UU. en la tortura y asesinato de Albizu Campos”.

Toda vez que estas afirmaciones y otras que no he mencionado, independientemente de lo simpáticas que las pertinentes a Muñoz Marín puedan resultar para el pueblo independentista, no coinciden con los hallazgos de las investigaciones que realicé durante el curso de varias décadas, invito al autor a proveernos sus fuentes a través de los mismos medios por los cuales ha hecho público su artículo, por si procediera corregir mis relatos.